Llaman priístas a secundar a la Corte

Elena Gallegos e Ismael Romero La situación del gobernador con licencia Rubén Figueroa ocupó de nuevo uno de los momentos estelares del debate en la Cámara de Diputados, y entre tesis de la doctrina Píndaro (Urióstegui), así llamada por la oposición, la bancada priísta imprimió un nuevo matiz a su discurso: se conminó ella misma y al resto de los integrantes del Poder Legislativo, así como al Ejecutivo, a sumarse a la ``actitud recta y valerosa'' de la Suprema Corte y responder de la misma manera.

En el recinto había muy pocos diputados que apreciaran el giro de la mayoría, plasmado precisamente en la intervención de Urióstegui coordinador de la fracción guerrerense, quien se caracterizó por ser uno de los acérrimos defensores de Figueroa y con el que ayer pareció poner distancia, al pedir que, dentro del marco del Derecho, el informe de la Suprema Corte siga su curso.

Los priístas José Murat y Fernando Ortiz Arana,
durante la sesión de la Cámara de Senadores.
Foto: Víctor Mendiola

``Sin ánimo de venganzas, sin revanchismos, sin banderías políticas, porque esto no puede ser trofeo político de ningún partido: es un acto de justicia de las autoridades judiciales competentes'', acotó.

Por su parte, el PRD anunció que hoy al mediodía, y para que no haya pretextos, dará el ``impulso procesal'' a la reapertura del procedimiento para entablar juicio político a Figueroa y presentará como nuevas pruebas, ante las instancias legislativas correspondientes, tanto el informe de la Suprema Corte como el video sin cortes de la matanza.

En cuanto a si prosperará el proceso con los elementos de prueba que se agregarán a los ya existentes, Fernando Pérez Noriega, presidente de la Comisión de Justicia y de la Subcomisión de Examen Previo, que será la encargada de dictaminar, dijo a los reporteros: ``Depende de la voluntad de la mayoría''.Explicó que según el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que se explicita que el asunto ``podrá'' volver a analizarse, y si se considera que hubo violación a las garantías individuales, ``seguramente nos meteremos a una discusión jurídico-política, en la que se argumentará si éstas son reiteradas o no''.

Para Pérez Noriega la postura priísta al interior de la Subcomisión de Examen Previo frente a la petición de que se reabra el procedimiento de juicio político tendrá que ver con su responsabilidad moral de querer acabar con la impunidad o no.

El panista se negó a emitir comentario alguno sobre las afirmaciones de senadores de la mayoría acerca de que los ministros de la Corte habían excedido sus funciones. ``No podemos ser tan irresponsables para calificar el informe cuando éste ni siquiera ha llegado a la Cámara''.

En tribuna, el perredista Ramón Sosamontes señaló que lo deseable sería que el valor de los ministros de la Corte se expresara también en el Congreso y procediera el juicio político.

Luego dio a conocer un punto de acuerdo signado con los diputados ciudadanos para que en cuanto llegue el informe de la Corte copias del grueso legajo de 155 cuartillas comenzaron a circular, aunque formalmente no había sido enviado a la Cámarase turne a las siguientes comisiones: ``Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Derechos Humanos, Régimen Interno y Concertación Política, para que la Cámara intervenga en alguna de las formas autorizadas por la Constitución, haciendo uso de las facultades expresas que ésta le confiere. ``En otro punto de acuerdo elaborado por el PAN, PRD y PT se pide a la Oficialía Mayor que tan pronto como llegue el informe éste se turne a las comisiones respectivas y al pleno, y que antes de que termine el periodo se precise el curso que se le dará.

Sosamontes leyó algunos de los pasajes del informe que elaboraron los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, sobre todo los relacionados con los señalamientos hechos por aquéllos sobre la ``cultura del engaño'', la maquinación y la ocultación.

En el legajo se destaca la actuación del gobierno del estado luego de la matanza en Aguas Blancas, ``como grupúsculo detentador del poder que había que conservar, aun cuando ello implicara ocultar la verdad y proteger a los responsables de los hechos''.

Por todo eso, el perredista deseó que cuando llegue el documento la Oficialía Mayor no se lo lleve nada más a Humberto Roque Villanueva y quede en un cajón. ``Ojalá que la consigna no sea que no le muevan más. Que no vaya a haber espíritus serviles y abyectos'', les dijo a los priístas.

Antonio Tenorio Adame apoyó la petición de que el informe de la Corte se distribuya entre todos los diputados. Fue cuando Píndaro Urióstegui, el mismo que hace unos meses quería policías nórdicos para Guerrero, tomó la palabra para decir: ``Como diputados y guerrerenses, venimos una vez más a defender a las instituciones de nuestro estado. Ayer estuvo Rubén Figueroa, hoy Angel Aguirre, mañana otro más''. En efecto, desde el miércoles los priístas han alabado al nuevo gobernador de Guerrero.

Saltó Cuauhtémoc Sandoval para restregarle a Urióstegui, para empezar, que Figueroa no era una institución, sino ``un asesino, un matón, un cacique'', y que el ``triste'' papel de defenderlo le había tocado por mucho tiempo al legislador priísta.

Así fue. Urióstegui dejó mucho en esa defensa y sólo se quedó con el cúmulo de adjetivos que a lo largo de diez meses le han endosado. Fue el costo de su disciplina.

Quizá por eso, y antes de que concluyera su intervención, meditó en voz alta, aludiendo a Figueroa: ``Yo sé bien que a estas alturas muchos de los que eran sus amigos ya no lo son. Ya es un ex gobernante sin amigos. Ya es un ex gobernante solitario, despojado de las virtudes o engrandecidos los errores, de los vicios y de las fallas que cometió. Esa es la naturaleza humana, ni nueva ni extraña para nosotros mismos''.

Las reflexiones le valieron que, también en la tribuna, el perredista Sandoval llamara estos argumentos la Doctrina Píndaro y sumara a esa corriente a la priísta Claudia Esqueda, ``quien decía que quienes quisieran plantear algo contra Figueroa lo hicieran en los tribunales porque este Poder Legislativo no tenía que ver en el asunto. Ya se ha satirizado esa ignorancia de nuestra diputada'', se mofó.

Otro priísta, Marcelino Miranda Añorve, agregó nuevas tesis a la Doctrina Píndaro. Dijo que para los guerrerenses no es momento de ``hacer leña del árbol caído'' ni de actuar ``como aves de rapiña''.

De pasadita le echó una flor al nuevo gobernador y llamó a dejarse de discusiones estériles: ``Permitamos que sea el derecho el que le dé fin último a esta controversia''.

Armando Quintero, en cambio, reforzó lo dicho por Sandoval y los encrespó cuando insistió en las ``defensas de lo indefendible'' hechas por Píndaro y Guadalupe Gómez Maganda. ``Se la vivieron y desvivieron en eso'', dijo.

Un adjetivo más para la colección de los diputados priístas guerrerenses. Esta vez a cuenta de Quintero: ``Legisladores de lengua de madera. Unicos que politizaron el caso Aguas Blancas e inflexibles, que no entienden que es necesario que se restituya el Estado de derecho''.

Ninguno le contestó. Pero entre las tesis de la Doctrina Píndaro se coló un nuevo giro en el discurso usado por el PRI en relación con Rubén Figueroa.