Compra de testigos y retratos falseados en el asesinato de los cuatro jóvenes

Ricardo Olayo y Alonso Urrutia A casi ocho años del asesinato de cuatro jóvenes simpatizantes del Frente Democrático Nacional (FDN), las nuevas investigaciones confirman: la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fabricó dos culpables para acallar las protestas de entonces; en el múltiple asesinato participaron al menos seis agentes judiciales, independientemente de los cuatro detenidos el miércoles pasado por encubrimiento, y aún falta por saber quién ordenó la ejecución.

A la luz de las nuevas indagaciones se indica que el titular de la Procuraduría capitalina en 1988, Renato Sales Gasque, y el director de la Policía Judicial, Jorge Obrador Capellini --actual director de la Judicial en Veracruz-- ordenaron una investigación en la que se ``compró'' a dos testigos para convertirlos en policías judiciales y se desvirtuaron los retratos hablados de los presuntos homicidas.

Luis del Arco, padre de uno de los cuatro jóvenes asesinados, sostiene: ``El nuevo fiscal especial detectó graves deficiencias y ocultamientos, entre los que destaca la omisión de una parte de las declaraciones de uno de los testigos clave, cuya versión hace incongruente la culpabilidad de las dos personas detenidas y revela la responsabilidad de Santiago Rodríguez Mata, considerado como uno de los autores materiales del crimen, así como la certeza de que participaron al menos seis judiciales''.

Según información de la PGJDF, podrían estar involucrados en el homicidio otros cuatro o cinco judiciales, además de Rodríguez Mata, contra quien hay orden de aprehensión, pero desde 1989 está prófugo. Todo ello se desprende de la declaración de cuatro personas que presenciaron parte de los hechos en la calle Alhelí, colonia Tlatilco, donde se suscitó la primera agresión en contra de los jóvenes, que posteriormente fueron victimados a tiros en la calle Fresno.

Asimismo, se confirmó la participación de un agente judicial más, que fue muerto meses después del cuadruple crimen --``durante una balacera derivada de su trabajo en la corporación''-- y quien también habría disparado contra los adolescentes, según la Procuraduría.

Los que fueron testigos de los hechos en la calle Alhelí y después convertidos en judiciales, con el pretexto de darles protección, son José Bárcenas Méndez y Andrés Arreguín Vázquez, quienes han escalado posiciones dentro de la corporación.

Se les acusa de desvirtuar las pruebas, además de que en un principio la Procuraduría centró toda la investigación en su testimonio para restar fuerza al de varias mujeres, que desde las ventanas de sus casas presenciaron los hechos e incluso fueron baleadas por los judiciales agresores.

En tanto, anoche quedaron libres bajo fianza Antonio Infante Paulín, Oscar González de la Vega y José Bárcenas Méndez. Permanece únicamente en el Reclusorio Sur Andrés Arreguín, quien no pudo cubrir la fianza fijada por la jueza 66 de lo penal, Celia Marín Sasaki, quien explicó que los judiciales solicitaron la ampliación del plazo para dictarles el auto de formal prisión o de libertad, el cual se autorizó hasta el martes próximo.

Para la coordinadora del PRD en la Asamblea de Representantes, Dolores Padierna, esto es apenas el principio de una investigación que no puede reducirse a quienes encubrieron y desviaron la investigación, sino fundamentalmente a los homicidas y a quien ordenó el asesinato.

Según el expediente enviado al juzgado 66 del Reclusorio Sur, hay una versión de que los judiciales perseguían a los jóvenes --que viajaban en un Volkswagen-- a bordo de una camioneta Van y un Dart K, con torreta prendida. En la calle Alhelí, los judiciales efectuaron algunos disparos y al percatarse de que eran vistos por vecinos, los amagaron. En el lugar se encontraron 20 casquillos de calibres 38 super y 45.

Hasta ahora, no hay un dato específico sobre cuántos agentes perpetraron la agresión, pero se habla de otros cuatro o cinco, además del que murió y del prófugo.

Cadena de irregularidades

Luis del Arco, padre de uno de los jóvenes asesinados, resume lo que él califica como ``una cadena de irregularidades, de lagunas en la investigación y una consistente intención de la Procuraduría de proteger la responsabilidad de su personal involucrado''.

Entrevistado en su domicilio comenta:

``Desde un principio teníamos la certeza de que eran judiciales debido al modus operandi, el tipo de arma y de vehículos utilizados. Cuando recién detuvieron a quienes se les cargó el homicidio, recibimos una llamada anónima dando datos importantes, que señalaban hacia agentes de la Policía Judicial muy ligados al entonces procurador Sales Gasque.

``Tres días después de los homicidios, el mismo Gasque lo reconoció en una reunión que tuvimos. Dijo que la forma como ocurrieron los hechos hacía ver que eran judiciales''.

--Tiene alguna responsabilidad Sales Gasque?

--Al menos por negligencia. Semanas después, ante la presión de la opinión pública, se detuvo a dos presuntos homicidas, pero cuya media filiación no concuerda con la versión que dieron los principales testigos.

Del Arco señala que la inconsistencia de las indagaciones se vio desde un principio y se evidenció la tendencia al encubrimiento.

La media filiación dada por dos testigos importantes describía a un hombre de bigote, alto y con lentes. Los presuntos homicidas que purgan condena son lampiños y jamás han usado lentes.

Pero las inconsistencias, dice Del Arco, van más allá:

``El fiscal especial, Rafael Oseguera, encontró que en el expediente se había omitido una parte importante de la declaración de una testigo, por la cual sabemos que al menos participaron seis judiciales y resultó la certeza de la responsabilidad de Rodríguez Mata, como uno de los homicidas.

``De igual forma, el retrato hablado por medio del cual se responsabilizó a Alejandro Ortiz y Daniel Olguín, salió de una presunta testigo cuya declaración no está contenida en el expediente. A esa rareza se añade el hecho de que era un retrato hablado casi perfecto, a colores, muy diferente a los garabatos y esbozos de otros tres que tenían.

``Desde entonces advertimos que había un intento institucional de desviar la investigación y de orientarla a quienes solamente son responsables de haber tenido una fricción con policías el día de los hechos y por lo cual fueron detenidos. Fue una orientación muy forzada que después corroboramos al visitarlos y revisar todas las inconsistencias.

``Ello fue reconocido en su momento por el procurador Ignacio Morales Lechuga, quien incluso pretendió detener la sentencia sin éxito. Años después otro error, una apelación de los detenidos, da como consecuencia que se les reduzca la pena de 40 a 16 años, es decir, ya no se consideró un homicidio calificado, sino simple. Aun en el supuesto de que ellos hayan sido, eso nunca pudo ser un homicidio simple.

``Por eso, a ocho años de distancia, la Procuraduría tiene el deber de esclarecer no sólo uno sino dos casos de injusticia: la ejecución, porque fue eso, una ejecución, y la detención de dos personas que son inocentes'', concluyó Del Arco.