La Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos es una institución internacional, cuyos orígenes se remontan a una reunión en Guatemala, donde fue adoptada la Declaración de Antigua, por la cual se determinó crear una Federación que reuniera de manera incluyente a los ombudsman de Iberoamérica, al incorporar tanto a los ombudsman nacionales como a los estatales, autonómico-regionales y provinciales de los distintos países que la integran.

Con la finalidad de darle vida y posibilitar el desarrollo del organismo naciente, era imprescindible dotarlo de un conjunto de disposiciones normativas que organizaran y dieran cauce al ideal que los titulares de los organismos públicos de derechos humanos venían madurando. En reunión posterior, realizada en los primeros días de agosto del año pasado en Cartagena de Indias, Colombia, fueron aprobados los Estatutos, dando por concluidas las fases iniciales y constituyendo formalmente la Federación. Los países que estuvieron representados en esa ocasión fueron Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México y Puerto Rico.

Esta institución es un espacio que permite la colaboración institucional en favor de la defensa de los derechos individuales, sociales y colectivos que se encuentran consagrados en las Constituciones, Leyes, Convenios y Pactos internacionales de Derechos Humanos, y tiene como objetivo primordial ser un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del ombudsman en las regiones geográficas de su jurisdicción, independientemente del nombre específico que reciban, siempre y cuando reúnan el perfil básico del ombudsman y estén previstos en la Constitución de su Estado o hayan sido creados por una ley especifica aprobada por el órgano legislativo competente (artículos 1 y 2 de los Estatutos). Entre sus objetivos se encuentran también fomentar, ampliar y fortalecer la cultura de los derechos humanos en los países iberoamericanos, denunciar ante la opinión pública internacional las violaciones a los derechos humanos que por su gravedad así lo ameriten, y la creación del ombudsman en los países iberoamericanos que aún no cuentan con él.

Esta institución, cuya presidencia recae actualmente en Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizó la semana anterior en Querétaro su primer Congreso, con la asistencia de los dirigentes de los organismos integrantes y la participación, como ponentes magistrales, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, embajador José Ayala Laso, y de los doctores Rodolfo Piza Escalante, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Marten Oosting, presidente del Instituto Internacional del Ombudsman; Jacob Soderman, ombudsman del Parlamento Europeo; Francis Amar, delegado general para América del Comité Internacional de la Cruz Roja, y Maxwell Yalden, presidente de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos.

De las muy interesantes ponencias que se escucharon en el evento, quisiera extraer solamente dos ideas que deben ser debidamente sopesadas y tomadas en cuenta, tanto por las autoridades gubernamentales como por el conjunto de la sociedad, si realmente queremos avanzar por la senda del respeto y vigencia plena de los derechos humanos en México. En primer lugar la que se refiere a que la capacidad de un Estado para cumplir su responsabilidad de promoción y protección de los derechos humanos depende en buena medida de la efectividad de las instituciones nacionales, y, en ese sentido, se proponen, como condiciones mínimas, la existencia de un Poder Legislativo pluralista y responsable, un Ejecutivo sometido al control parlamentario y una función judicial que sea auténticamente independiente e imparcial. Y, en segundo, que el desarrollo a nivel nacional de una cultura de derechos humanos depende de una poderosa y dinámica sociedad civil, que alienta la creación de grupos comunitarios, que no solamente tolere sino fomente la diversidad, y que cuente con medios de comunicación libres y responsables.

La responsabilidad compartida entre gobernantes y gobernados es una labor todavía inédita en nuestro país, dado el tutelaje a que ha estado sometida la sociedad por parte de quienes dirigen los asuntos públicos. Es una tarea que seguramente enfrentará la oposición de los que han lucrado con la organización corporativa del Estado y de la sociedad, ajenos a la creatividad y al dinamismo de ésta, en vistas a una organización democrática del Estado y las instituciones.