La meta, para los neoliberales made in México, es y sigue siendo el modelo chileno. Pero, durante los últimos años, la gran pregunta que los ha mantenido en suspenso es: podemos adoptar una economía como la de Chile sin el apoyo de una dictadura absolutista? Con sus recientes acuerdos de colaboración con la DEA y el Pentágono, y a la luz de sus propuestas de reformas legislativas, el ``gobierno'' parece inclinarse cada vez más por esta salida.

En los hechos, el ``gobierno'' está anunciando todo lo contrario de lo que ofrece en el discurso: en lugar de combatir, fomentará el narcotráfico; la ley ``anticrimen'' protegerá a los delincuentes de cuello blanco, estimulará la inseguridad pública y reglamentará la persecución política, al tiempo que la ley Zedillo atizará el estallido social mientras la reforma electoral ``definitiva''sea o no aprobada por el Congreso, acortará el camino que desemboca en la violencia.

Probemos, una por una, la viabilidad de estas tesis, según las cuales el ``gobierno'' apuesta a la aceleración del caos para imponer las peores soluciones del autoritarismo.

Adversarios o cómplices?

1) El narcotráfico. Nadie ignora que los principales beneficiarios de la lucha contra el narcotráfico son, en primer lugar, los gerentes de las redes que distribuyen substancias ilícitas y, en segundo, los jefes policiacos que los persiguen. De la acción conjunta de unos y otros lo único que se obtiene es que no decaiga el precio de la mercancía, se mantengan las tasas de ganancia y se respete la derrama destinada a la corrupción. Por lo tanto, en su indeclinable decisión de combatir el narcotráfico, el ``gobierno'' reitera su determinación de fomentarlo, a sabiendas de que la única medida eficaz para acabar con el imperio de las mafias es la legalización de las drogas.

2) La ley anticrimen. El ``gobierno'' se opone tercamente a cambiar una política económica que, en los últimos 17 meses, ha provocado el cierre de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, ha enviado a millones de trabajadores a la desocupación, ha cerrado las puertas a millones de jóvenes que nunca han tenido un empleo, ha creado una desproporción abismal entre el salario y los productos indispensables para la vida y, entre cosas, ha engendrado miles y miles de delincuentes.

En la política económica del ``gobierno'' debe buscarse la autoría intelectual de la mayor parte de los delitos que son cometidos, día tras día, en México. Pero en el cuerpo de la ley anticrimen no prevalece sino el espíritu de la desregulación, que es la divisa de los neoliberales. Salinas desmanteló la Constitución para convertirla en un reglamento subordinado al TLC, ante todo, para abrir las fronteras mediante la supresión de las reglas del comercio. Ahora, la ley anticrimen desregula las garantías individuales y da un paso grande hacia un estado de excepción permanente, en donde en lugar de conceder la libertad bajo fianza cuando los delitos no ameriten una pena de más de cinco años de cárcel, los jueces tendrán la facultad de aplicar el castigo corporal a su criterio.

Un estado de excepción permanente que no dejará de tener sus sinembargos. Porque mediante el visto bueno de la autoridad, permitirá el espionaje telefónico, salvo en aquellos casos en que se trate de delitos fiscales o mercantiles: léase, evasión de impuestos, quiebras fraudulentas, transacciones ilícitas y demás. En este sentido, la ley anticrimen protegerá, como anoté antes, a los delincuentes de cuello blanco. Y qué logrará a cambio?

Gangsters vs charros

El espionaje telefónico no frenará la delincuencia callejera, entre otras cosas, porque muchos de los que salen a robar por hambre ni siquiera tienen teléfono. Pero mientras los principios rectores de la política del ``gobierno'' sean la fuente de la descomposición social, ninguna ley y ninguna policía evitarán los asaltos a mano armada, los cristalazos, los robos de autos, es decir, las artes menores del hampa. Sin embargo, bajo el pretexto de reducir los 700 atracos que se registran cotidianamente en el D.F., la ley anticrimen reglamentará el espionaje telefónico como herramienta de persecución política, que es el objetivo central de esta medida.

4) La ley Zedillo. Para aplastar jurí-dicamente al movimiento de El Barzónen lugar de resolver el problema de las carteras vencidas, fruto de la supina torpeza de nuestros banqueros y políticos, la ley Zedillo, escribe un articulista en Reforma (26/IV/96), busca ``el surgimiento de una justicia más rápida y, por lo tanto, verdaderamente justa''. Y qué es lo ``verdaderamente justo'' para el máximo defensor a ultranza del neoliberalismo? Que los tribunales resuelvan a la mayor brevedad posible las controversias entre los deudores y los bancos, bien para que los deudores acepten las condiciones usureras de los bancos, que arbitrariamente cobran intereses sobre intereses, bien para que los bancos despojen de su patrimonio a los deudores con toda celeridad.Para favorecer la modernización de la banca mexicana, el ``gobierno'' ha despilfarrado iba a decir, invertidomás de 14 mil millones de dólares. Y qué ha conseguido con ello? La banca mexicana está en quiebra técnica y a punto de pasar de nuevo a formar parte del patrimonio del Estado. De hecho, los grandes centros financieros del mundo están pendientes de esta decisión, que bien puede reactivar otra vez el temido efecto Tequila. Bajo la protección incondicional del ``gobierno'', los banqueros exigen una ley que los haga inmunes a los recursos de protesta de sus víctimas.

Gracias a la ley Zedillo, en un futuro no muy lejano y mientras más rápido, mejor, según el articulista, veremos a miles de inquilinos arrojados a la vía pública, miles de automóviles oxidándose en los corralones de los bancos y miles de restaurantes, ferreterías, papelerías, almacenes y puestos de tacos administrados por interventores bancarios. La ley Zedillo no será, pues, sino el clavo que raje y acabe de hundir la balsa de caucho en que a duras penas se mantienen a flote los sectores medios, con lo cual el ``gobierno'', como escribí al principio, sólo atizará el estallido social.5) La reforma electoral ``definitiva''. Sean convertidas o no en adiciones a las leyes vigentes, las conclusiones para la supuesta reforma electoral definitiva demuestran que el sistema político se resiste virtuosamente a crear los cauces legales para extinguirse de manera civilizada, razonable y pacífica. Mediante nuevas simulaciones, que no afectan la estrategia del fraude que los expertos ya diseñan para 1997, el ``gobierno'' apuesta, bien a dar un paso aparente en dirección de la democracia con el apoyo de un PRD cooptado y neutralizado por lo tanto, o bien a que ese partido se divida para culparlo por haber boicoteado el pretendido avance.

Pero mientras el sistema se cierra por dentro, la supuesta reforma electoral ``definitiva'' no contempla la crisis de los partidos como tales, ni el auge de los movimientos que surgen en lugar de aquéllos, ni favorece las alianzas entre partidos y candidatos, ni remueve los obstáculos que entorpecen la libre intervención de las organizaciones ciudadanas en los procesos. Ante este cuadro, como ante todos los problemas aquí descritos, a la sociedad no le quedará sino aplicar al ``gobierno'' la mayor presión social de que los mexicanos sean capaces, porque el régimen se obstina en cancelar cualquier otra alternativa.

Los responsables del modelo neoliberal en México tienen las cosas claras y actúan en consecuencia: legislan para convertir en criminales a las víctimas de una política injusta, arbitraria e inhumana, al tiempo que reglamentan la persecución política y se apresuran a modernizar la represión militar sin ocultar sus propósitos: no en vano, como lo anunció el miércoles pasado un vocero del Pentágono, Estados Unidos entregará a México alrededor de 75 helicópteros tipo H1-Huey, que forman parte de la chatarra de la guerra de Vietnam, y que serán de gran ayuda para las fuerzas armadas en cuestiones de transporte de tropas de rápido desplazamiento, en lugares de difícil acceso como la Selva Lacandona, por ejemplo.