Se declara Aguirre atento a recibir el dictamen de la Corte ``para proceder en consecuencia en el ámbito estatal''

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 26 de abril El gobernador Angel Aguirre Rivero dijo que está atento a recibir el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Aguas Blancas, ``para proceder en consecuencia en lo que corresponde al ámbito estatal''.

Consideró que los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios ``hicieron un trabajo serio y responsable con estricto apego a derecho''.

Dijo que en su gobierno ``la aplicación de la ley se hará sin distingos de ninguna índole'', y agregó que en el caso de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas ``primero necesitamos conocer el informe de la Suprema Corte de Justicia''.

Manifestó su desacuerdo con las posiciones que demandan la desaparición de poderes en Guerrero después del dictamen de la Suprema Corte que confirma que hubo graves violaciones a las garantías constitucionales en el estado.

``Creo que sólo ha sido una voz el que ha solicitado desaparición de poderes, el licenciado Samuel del Villar, y no comparto ese criterio'', expresó.

Acerca de la presencia de funcionarios figueroístas en su gobierno y a la cabeza del Congreso del estado y del Tribunal Superior de Justicia, dijo que ``no ha culminado todavía el proceso de restructuración ni de los poderes ni de mi gabinete'', y agregó: ``Yo evalúo el desempeño de mis colaboradores y de los funcionarios, sin importar a qué gobierno hayan servido''.

Aguirre firmó con los presidentes estatales del PRI, PRD, PAN, PT, PFCRN y PPS el acuerdo para la reforma electoral en Guerrero, la base para enviar hoy al Congreso tres iniciativas de reforma a la Constitución del estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Penal.

Entrevistado en el acto, el presidente del PRI, René Juárez Cisneros, dijo que su partido está por la aplicación de la ley, el fortaleciminto de un Estado de derecho y por el respeto absoluto al dictamen del órgano supremo de justicia de este país sobre el caso Aguas Blancas.

El presidente del PRD, Saúl López Sollano, consideró que el informe de la Suprema Corte es un avance, pero criticó que no se señala la responsabilidad intelectual de Figueroa en la masacre.

Dijo que el PRD mantendrá la demanda de juicio político y penal contra el ex gobernador, pero no se manifestó por la desaparición de poderes pues reconoció que con la salida de Figueroa han disminuido sensiblemente los atropellos en contra de militantes perredistas y los asesinatos políticos, hay una apertura hacia la reforma electoral, aunque limitada, y hay un gobierno con el que se puede platicar.

El presidente del PAN, Enrique Caballero Peraza, dijo que serán los juristas quienes digan si procede juicio penal contra Figueroa; del juicio político opinó que ``se puede realizar, pero de hecho lo único que lograría es despojarlo de la investidura de gobernador, que ya no ejerce, por lo cual eso y nada es lo mismo''.

Sobre el acuerdo para la reforma electoral, el gobernador Aguirre dijo que será una de las más avanzadas del país, y destacó de los 21 puntos de coincidencia entre los partidos con los que se integró la iniciativa, la ciudadanización total del órgano electoral, la creación de una segunda instancia para la calificación electoral, los observadores electorales, el padrón con fotografía y topes en el financiamiento de las campañas.

Sobre las limitaciones de la reforma, López Sollano destacó que no se aceptó que se tipificara como delito la utilización de recursos públicos en las campañas electorales.