El informe aprobado por unanimidad en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que repudia a gobernantes que actuaron con ``irresponsabilidad'' y con un absoluto ``desprecio por la vida'', se convierte de inmediato en una crítica radical en contra de la clase política guerrerense vinculada, de diversos modos y en diferentes niveles, con hechos de violencia que de 1960 a la fecha han costado la vida a centenares de opositores políticos, luchadores sociales y simples ciudadanos.

Además, la amonestación de la Corte llega en un momento propicio pues un importante sector de esa clase política priísta y no solamente el grupo figueroísta se ha comportado como si en Guerrero no hubiese pasado nada; como si la salida de Rubén Figueroa Alcocer hubiese sido solamente una maniobra táctica para deshacerse de la presión ``de los periódicos del DF''.

El gobernador Angel Aguirre Rivero, quien llegó con el estigma precisamente de ser la cabeza de un figueroismo sin Figueroa, realizó algunos intentos serios por deslindarse de esa caracterización: desapareció al Grupo Tigre (grupo especial de policías judiciales, famoso por sus atropellos, y que respondía directamente a las directrices del ex gobernador) y destituyó a dos poderosos comandantes judiciales. Además, desplegó una febril actividad de acercamiento y diálogo con todas las franjas de la oposición política y social.

Pero sobre cualquier otro aspecto, Aguirre enfatizó que se propone dirigir un gobierno de reconciliación, propuesta con mucho sentido en una entidad escindida, polarizada, de abismales desigualdades sociales y con grupos gobernantes que han recurrido sistemáticamente a la violencia contra sus opositores.

Tal ánimo de reconciliación entre todos los guerrerenses incluía, por supuesto, al grupo figueroísta, no sólo por el poder que aún conserva, sino porque se trataba de operar una transición que no implicara una ruptura entre los priístas y que desembocara en una crisis política en un año de decisivas elecciones locales.

Está por verse si esta táctica gradualista puede sostenerse después del informe de los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Por lo pronto, queremos destacar aquí solamente un indicio de esa tensión existente entre el nuevo gobierno y su antecesor. El 30 de marzo, a pregunta expresa Aguirre señaló que su gobierno ``no tendría ningún inconveniente'' en reabrir la investigación del caso Aguas Blancas por medio de la Procuraduría de Justicia del Estado, si es que en tal sentido se manifestaba la Suprema Corte. Por esa misma fecha, Aguirre visitó a varias de las viudas de los campesinos asesinados; textualmente les dijo que se unía a su ``clamor de justicia'' que, como se sabe, incluía la demanda de castigo a Figueroa.

Sin embargo el 12 de abril, once días antes del pleno público de la Corte, el procurador Antonio Hernández Díaz dio respuesta negativa a la demanda de reapertura de la investigación, presentada mediante un amparo por el abogado de las viudas y secretario nacional de Asuntos Jurídicos del PRD, Samuel del Villar. Se trata de una averiguación ``ya resuelta'', dijo el procurador.

Y es que personajes estrechamente vinculados a Figueroa siguen ocupando posiciones clave. Figueroístas son el coordinador del Congreso, Zótico García Pastrana; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Araujo Hernández; el secretario de Gobierno, Fermín Alvarado Arroyo; casi todo el gabinete económico (los secretarios de Finanzas, Planeación y Presupuesto, Fomento Ganadero...) y el jefe de todos ellos, Héctor Vicario Castrejón, actual líder estatal de la CNC y responsable en los hechos del estratégico programa de entrega de fertilizantes. A propósito, Vicario, a quien se le conoce como el operador político de Figueroa, aparece al menos dos veces en el informe de los ministros, cuando nunca apareció en la recomendación de la CNDH ni en las averiguaciones del fiscal Alejandro Varela.

Una última reflexión: la política de reconciliación a la que hacíamos referencia, es decir, la que incluye a los figueroístas estaba ganando un amplio consenso entre los principales actores políticos locales. De hecho, ya no se hablaba de desaparición de poderes y las demandas de juicio político y penal a Figueroa y otros funcionarios parecían quedar en el olvido. Como que todos se daban por bien atendidos con la sola salida del ex gobernador, y en consecuencia se estaban planteando una táctica de aprovechar al máximo el obligado ánimo aperturista del nuevo Ejecutivo estatal.

Pero, es posible la reconciliación con un grupo cuyo dirigente ha recibido tan graves señalamientos del máximo tribunal de la nación? No estamos proponiendo aquí cacerías de brujas ni mucho menos. Pero quienes aspiramos a un Guerrero en paz, en el que las diferencias se diriman mediante la lucha política civilizada, estamos obligados a aprovechar la gran cobertura nacional que este noble propósito ha logrado conquistar para hacerlo irreversible.

Ya basta de que los guerrerenses enfrentemos nuestras diferencias a balazos, dijo hace un par de meses el magistrado Jesús Araujo Hernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y fiel figueroísta. Hoy está en condiciones idóneas de contribuir poderosamente a que Guerrero deje de ser un estado de hombres para convertirse en uno de leyes y auténticas instituciones. Por supuesto, no sólo de Araujo es la responsabilidad de un golpe de timón en los modos de hacer política desde el poder en Guerrero, pero su comportamiento será como una metáfora de nuestras posibilidades y de nuestras flaquezas.