URGE AUDITORIA A LAGUNA VERDE: GREENPEACE

El riesgo de un accidente en la planta nuclear de Laguna Verde se incrementará diariamente si no se realiza pronto una auditoría técnica y neutral a esas instalaciones, señaló ayer el grupo ecologista Greenpeace, al recordar el décimo aniversario de la explosión nuclear en Chernobil, Ucrania.

Durante una hora, integrantes de organización ecologista internacional bloquearon el acceso principal de la Comisión Federal de Electricidad.

Vestidos de blanco y con máscaras de oxígeno, portaban fotografías que mostraban a algunos niños ucranianos con malformaciones congénitas, producto de la catástrofe nuclear que sacudió la conciencia del mundo en 1986.

A pesar de haber nacido varios años después del accidente, son cientos los menores afectados, lo cual es sólo un recordatorio del potencial destructivo y mortal de la energía nuclear, sostuvó Roberto López, jefe de prensa de la filial mexicana de Greenpeace.

En Laguna Verde, dijo, existen denuncias y evidencias de que hay emisiones radiactivas que escapan a la atmósfera y al mar, además de una exposición excesiva de trabajadores a la radiactividad y a la incineración de desechos.

Destacó el dirigente la importancia de evitar al máximo el riesgo de un accidente similar al de Chernobil, mediante la promoción del uso de las energías que proporcionan el viento y el Sol.

En tanto, en Veracruz y durante un foro sobre Laguna Verde, Mirna Alicia Benítez, integrante de la organización Madres Antinucleares Veracruzanas, recordó que en 1989 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se comprometió a realizar la auditoría de la planta.

``Al año siguiente interceptamos un fax enviado por el director de la Comisión Federal de Electricidad al gobernador de Veracruz, en el cual se indicaba que ya tenían contratada a la empresa que haría la inspección, pero que para evitar críticas proponía publicar una licitación internacional''.

Por otra parte, Greenpeace insistió en su demanda de que se esclarezca el caso de las 50 mil toneladas de leche supuestamente radiactiva importada desde Irlanda en 1986 y 1987 y que fue adquirida por la paraestatal Conasupo, única empresa autorizada en ese entonces para importar el producto lácteo.

En los primeros meses de 1988, señaló, el subsecretario de Regulación Sanitaria y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Jaime Martuccelli, admitió que la Conasupo había comprado 7 mil toneladas de leche contaminada por cesio 137, en ``proporciones muy por encima de las permitidas'', y prometió que el cargamento se regresaría a su país de origen.

Después, agregó, el director de Conasupo (José Ernesto Costemalle) aseguró a la prensa que eran sólo 42 toneladas de leche contaminada las que habían ingresado a México.

Por ello, y ante la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar la administración de la Conasupo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Greenpeace solicitó la realización de audiencias privadas con los testigos de la compra de leche contaminada, para que los legisladores conocieran los testimonios directos.

En otro orden, la organización ecologista recordó que el plazo para interponer quejas o inconformidades por la instalación de un depósito de desechos radiactivos en Texas, a 32 kilómetros de la frontera con México, vence el próximo 13 de mayo.

Al mismo tiempo, exigió a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que realice una labor ``más activa'', a fin de evitar que se concrete dicho proyecto.

Señaló que esa dependencia del Estado debería brindar el soporte técnico a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para presentar la inconformidad ante la Comisión para la Conservación de los Recursos Naturales de Texas, organismo que otorgó la licencia de operación del depósito de desechos radiactivos.

Greenpeace indicó que dicho basurero nuclear, que se pretende construir en el poblado de Sierra Blanca, condado texano de Hupsteh, viola el espíritu del Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la zona fronteriza, firmado por ambos países en 1983.

Dicho convenio delimita un área de cien kilómetros de cada lado de la frontera, en la cual México y Estados Unidos se comprometen a adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar fuentes de contaminación en sus respectivos territorios que pudieran afectar la región fronteriza del otro.

Alejandro Calvillo, coordinador del Programa Atmósfera y Energía de Greenpeace, explicó que la zona escogida para instalar el depósito de desechos presenta fracturas geológicas, actividad sísmica potencial y es vulnerable a la erosión, por lo que un temblor de tierra podría causar la filtración de la radiactividad al subsuelo y la contaminación de los mantos freáticos.

Calvillo comentó que el gobierno de del presidente Ernesto Zedillo debería solicitar la publicación en español del análisis técnico sobre los efectos en el ambiente y la seguridad pública de la entidad que posibilitó el otorgamiento de la licencia de operación del depósito de desechos radiactivos. (Angeles Cruz)