A Magali, donde quiera que estésLas últimas declaraciones oficiales en relación a los métodos de detención y trato que reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en el sentido de buscar una resolución de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la elaboración de un código mínimo de conducta respecto a la migración y una condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocan al apoyo, y parecería, por fin, que el gobierno ha decidido asumir una actitud más firme y digna frente a las agresiones que sufren connacionales al buscar trabajo y tratar de sobrevivir.

Los acontecimientos en Riverside y Temecula, California, se han convertido en referencia para hacer constar que las acciones violentas por parte de la Border Patrol no son hechos aislados. No obstante, la nueva posición del gobierno mexicano aún deja pendiente aspectos de fondo, que se evidencian en declaraciones anteriores de José Angel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores. Primero, advirtiendo, en forma desafortunada y para hacernos a la idea, que continuarán estos ``incidentes'' acontecimientos de mediana importancia, define el Diccionario Larousse, aunque reconociendo implícitamente los efectos devastadores de las medidas económicas adoptadas. Y segundo, reduciendo el problema al ámbito estatal para deslindar la conducta federal, al gobierno de Clinton, como si éste no tuviera nada que ver con la Operación Guardián, la militarización de la frontera, el endurecimiento de las medidas para el control migratorio del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) dependencia federal y el aliento a regulaciones y conductas xenofóbicas. Las demandas planteadas por el gobierno mexicano a organismos internacionales muestran que no se está dispuesto a encarar de manera directa asuntos que cuestionen la política seguida hasta ahora por nuestro vecino. No se quiere ``contaminar'' la relación con ``incidentes'', que son los asuntos que nos importan a los mexicanos.

Al evocar las imágenes de la golpiza y el dolor causado por la muerte de ocho mexicanos perseguidos por la migra, además de la indignación que provocan los actos de autoridad llenos de prepotencia y desprecio por la vida, dos recuerdos asaltan mi mente. El primero tiene que ver con el señalamiento constante que hizo la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, junto con muchas otras voces, de incluir la migración como parte de la agenda del Tratado de Libre Comercio (TLC). Durante su negociación un grupo significativo de la sociedad pugnó por incluir el tema en virtud de ser la movilidad laboral, el intercambio económico y social más importante de la relación desde la perspectiva nacional. El gobierno mexicano sólo lo consideró cuando le impusieron los acuerdos complementarios en materia ambiental y laboral, más como medida defensiva para evitarlos que como posición comprometida con la protección de compatriotas.

La segunda impresión es más reciente, pero está en la línea marcada por el TLC, agudizada ahora por los compromisos que ha asumido la administración zedillista frente a Clinton, derivados de la crisis económica, y que constatan que, de manera gradual, nuestra política migratoria se ha venido plegando a los intereses estadunidenses. En septiembre de 1995 autoridades mexicanas anunciaban un programa para repatriar trabajadores indocumentados desalentándolos: Tierra Adentro. El programa, impuesto en el marco del contexto electoral y xenofóbico de aquel país, se nos trató de vender como un éxito de la negociación mexicana igual que el TLC porque ahora, informaban, le iban avisar a nuestras autoridades cuándo repatriarían connacionales. Junto con ese acuerdo, los grupos policiales Beta y Delta y ahora hasta el ejército mexicano, que actúan en la frontera para garantizar los derechos humanos de los migrantes y ``protegerlos'', cambiaron sutilmente su función para frenar los flujos migratorios desde este lado.

Así que, en realidad, el gobierno no ha contribuido con voluntad suficiente a resolver en su justa medida el problema migratorio, porque éste no sólo tiene que ver con las políticas económicas neoliberales, excluyentes y de un alto costo social, y con el ambiente que priva en Estados Unidos, sino básicamente con la forma en que se asume esa relación.

El asunto de la migración debiera llevarnos a reflexionar con más sentido patriótico la relación que queremos con nuestros vecinos. No se trata de olvidar quién es Estados Unidos o declararle la guerra; tampoco de asumir un destino fatal: se trata de exigir un trato digno para quienes cometen el ``delito'' de buscar trabajo y una vecindad respetuosa de nuestra diversidad, a la que no debemos renunciar por prácticas que nos atan, cada vez más, a un proyecto que no es el que queremos los mexicanos. La nueva actitud del gobierno, aunque loable, necesita más decisión: requiere anteponer las prioridades nacionales y aun, como proponen el embajador de Canadá el otro aliado del TLC y el clero mexicano, buscar un acuerdo migratorio trilateral. Diferencias con Estados Unidos en este tema las hay, pero apoyo popular a un planteamiento de este tipo, también; sólo falta, como para tantas cosas, la voluntad gubernamental para empezar a caminar en tal sentido.