Los sucesos de Riverside han levantado la justa indignación de la sociedad y el gobierno de México. El gobierno estadunidense lamentó los hechos y hoy se realizan investigaciones y un proceso contra los policías agresores. No obstante, el grave problema de la violación permanente de los derechos humanos en la frontera entre nuestro país y Estados Unidos sigue al margen del derecho internacional y de las normas mínimas de respeto a la vida y la dignidad de las personas.

Riverside, lo sabe México, no es un caso aislado. El canciller Gurría informa que entre 1995 y la fecha se han presentado cerca de 500 violaciones a los derechos básicos de mexicanos en Estados Unidos. Cuántos se han producido a lo largo de la historia migratoria? Sólo podemos decir, sin ánimo de exagerar, que la discriminación y los palos han sido constantes en el trato a los migrantes.

Durante décadas, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, varios estados norteamericanos, California en particular, se han beneficiado de la enorme fuente de mano de obra barata que constituye México. Mientras en otras partes de Estados Unidos y del mundo las ciudades y regiones compiten en el mercado internacional sobre la base de inversiones en capital constante y utilización de una fuerza de trabajo con derechos laborales, en los estados receptores de migrantes mexicanos y de otros países latinoamericanos el trabajo tiene un precio muy bajo. Es, sin duda, una ventaja diferencial para la economía norteamericana, a lo cual debe agregarse el carácter político y cultural de la relación laboral. La condición de ilegalidad de la migración y la discriminación racial pesan sobre los derechos humanos de los trabajadores. La falta de reconocimiento legal reduce a los ojos de muchos norteamericanos la apreciación social del migrante, e incluso se considera como un argumento para negar la educación de sus hijos y la atención a la salud de su familia, como lo establece la hoy congelada ley 187. Pero además, el trabajador migratorio latino, con otro color de piel y otras costumbres, es considerado por muchos norteamericanos como inferior e indigno. Prevalece la antigua contradicción de los derechos humanos en Estados Unidos: ``Todos los hombres nacen igualmente libres e independientes'', dice la Constitución, siempre y cuando sean anglosajones, dice la costumbre.

El resultado es la explotación de una gran cantidad de mexicanos, de 3 a 4 millones según informes oficiales, en condiciones de discriminación racial, persecución policiaca, maltrato y vejaciones. Los siete muertos de Cherán son también parte de esa forma salvaje que han adquirido las relaciones sociales y económicas en California.

El Estado mexicano, bajo el peso de una dependencia económica abrumadora, ha hecho muy poco contra la violación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos. El Estado norteamericano, aun cuando el gobierno de Clinton ha emprendido acciones contra los sucesos de Riverside, nada ha hecho por modificar una situación que le beneficia en lo económico y se convierte en un buen pretexto político ante su electorado.

El derecho internacional ha estado ausente del trato a migrantes por mucho tiempo. La relación entre países se rigen por el derecho de gentes, nadie mejor que Juárez lo planteó, pero en el caso de los trabajadores migrantes eso es sólo un decir. La misma Organización de las Naciones Unidas se ha rezagado en la materia, pese a que en su carta fundamental establece el ``respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión''.

Fue hasta 1990 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias. En un mundo globalizado, que de tiempo atrás ha visto incrementarse el flujo de corrientes migratorias desde los países pobres hacia los ricos, únicamente seis naciones han ratificado tal Convenio: Egipto, Colombia, Marruecos, Filipinas, Seychelles y Uganda. México y Chile se han adherido a la Convención pero no la han ratificado. Ahora, después de Riverside, México ha decidido ratificarla y solicitar a Estados Undos que también lo haga. Pero aún así, se requiere la firma de 20 países para que la Convención entre en vigor.

Próximamente, a principios de mayo, se realizará la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. No es previsible que los norteamericanos hagan algo para promover un cambio en el trato a migrantes. Esperemos que, por su parte, los congresistas mexicanos consideren que es una oportunad más para emprender acciones concretas en defensa de los derechos de nuestros trabajadores en Norteamerica. Mucho hay por hacer en ese enorme vacío jurídico en el que se mueven, en forma oprobiosa, los migrantes mexicanos.