Votaron en contra PRD, PT y dos priístas; otros disidentes se salieron

Elena Gallegos, Mireya Cuéllar e Ismael Romero El viejo tabú de que las cámaras no se regresan las minutas porque ponen en ridículo a la colegisladora, llevó ayer al PRI y al PAN a aprobar con candados el paquete de reformas constitucionales que legalizan el espionaje telefónico, restringen la libertad provisional y, en general, dan fundamento a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Esta es, quizá, según los diputados de oposición, la primera vez en la historia legislativa del país que en una ley ordinaria se pondrán límites a preceptos constitucionales, cuando la norma establece que debería ser a la inversa.

Y es que para no regresar la minuta, los diputados del PRI y del PAN decidieron corregir en la exposición de motivos algunos aspectos de la minuta del Senado con los que no estaban de acuerdo, y no sobre el texto de los artículos 16, 20, 21, 22 y 73, lo cual les obligaba a rebotar el documento.

Como en los viejos tiempos, el binomio PRI-PAN echó a andar su mayoría calificada y aprobó dichas reformas con 328 votos a favor, contra 57 del PRD, del PT y de los príistas Alejandro Rojas Díaz Durán y Marisela Cerón, única legisladora de los priístas miembros del llamado grupo Exhorto que se quedó en el recinto y mantuvo su postura de votar en contra.

Hubo quienes, con Guadalupe Yrizar, Jaime Martínez Veloz, Carmelo Soto, César Raúl Ojeda, Franciscana Krauze y otros priístas que se habían manifestado en desacuerdo con el contenido del dictamen, prefirieron abandonar el salón de sesiones para no comprometerse. Con esta idea coqueteó Oscar Levín Coppel, quien abandonó el recinto por unos minutos para luego regresar y finalmente dar el sí, ante el choteo y las críticas de los legisladores del PRD.

María de la Luz Lima Malvido, quien también había mostrado reticencias para aprobar las reformas, finalmente votó a favor, en lo general, y en contra del artículo 20, en lo particular.

No hubo argumento válido para convencer al PAN y al PRI de la necesidad de regresar la minuta al Senado y someterla a correcciones para precisar quiénes son las otras autoridades federales, distintas al Ministerio Público, que podrán solicitar a un juez federal intervenir comunicaciones privadas y en qué casos.

La larga sesión en la que participaron 66 oradores duró 12 horas comenzó con la emisión de un voto particular del PRD en contra del proyecto de reformas constitucionales. El diputado Amado Cruz Malpica dijo que la conducta de priístas y panistas de no ofender a la colegisladora hacen nugatorio el sistema bicameral mexicano y nulifica el carácter legislador de las cámaras.

Expuso que de ninguna manera podía concebirse que la legislación ordinaria establezca candados al texto constitucional, lo cual es sencillamente insostenible y contrario a la naturaleza misma y a la filosofía de las garantías individuales.

Con su intervención, Cruz Malpica dio principio a lo que sería la postura perredista reiterada a lo largo del debate, no sólo en contra de la redacción del artículo 16, sino del artículo 20, en el que se plantean límites al beneficio de la libertad provisional.

Después de esta intervención, empezó el desahogo de una lista inicial de 12 diputados del PRD y del PT en contra de la minuta, y de 11 legisladores del PRI y del PAN en favor de la misma. Al final, en esta primera ronda participarían un total de 49 oradores de todos los partidos.

Al igual que los perredistas, los diputados del Partido del Trabajo y del grupo Ciudadano, representados por Ezequiel Flores Rodríguez y Crisóforo Salido, respectivamente, subieron a tribuna para esgrimir los mismos argumentos en contra de los artículos citados.

El petista Ezequiel Flores tocó un tema que fue recurrente a lo largo del debate: la posibilidad de que cualquier autoridad federal o los titulares del Ministerio Público de las entidades federativas puedan solicitar al Poder Judicial Federal la intervención de cualquier comunicación privada.

Perredistas, petistas y el grupo de diputados ciudadanos demandaron una y otra vez que en el artículo 16 se estableciera en forma clara que sólo el Ministerio Público Federal debe estar facultado para solicitar dichas intervenciones. Además, que éstas sólo serán en materia penal y exclusivamente en tratándose de delitos que la ley señale como de delincuencia organizada, y que en ninguna otra materia se darán esas autorizaciones.

En el mismo sentido habló el priísta Alejandro Rojas Díaz Durán. Afirmó que la minuta del Senado atenta contra las garantías individuales de los mexicanos y está en contra de los principios que los priístas dicen defender.

``Es inadmisible e inaceptable que se pretenda combatir el crimen organizado limitando los derechos constitucionales'', señaló, y al final de su intervención exclamó que ``la libertad no se vota ni la dignidad tampoco''.

Rojas Díaz Durán y la diputada Marisela Cerón mantuvieron su postura inicial de un grupo de más de 15, de no aprobar el dictamen. Los priístas del grupo Exhorto finalmente se disciplinaron y aunque buscaron una salida airosa presentando un paquete de seis propuestas, quedó claro que se doblegaron al llamado de la ``línea''.

A nombre de los exhortistas, la diputada María Elena Yrizar Arias subió a la tribuna. Reconocíó que la aplicación de algunas medidas contra el crimen organizado implican riesgos para los derechos humanos y anunció que, ``con ánimo constructivo'', consideraban que la iniciativa era ``susceptible'' de se apoyada, ``a cambio de tomar en cuenta algunas propuestas''.

Enseguida dio lectura a seis propuestas, entre otras que se convoque a la ciudadanía a participar en la elaboración de la ley contra el crimen organizado y que no se reduzca la edad penal de 18 a 16 años.

Leonel Godoy, del PRD, intentó interpelarla mientras estaba en tribuna. La diputada no aceptó la pregunta del perredista, pero eso no evitó que Godoy tomara la palabra para decirles a los exhortistas que sus propuestas ``no están en el texto que se va a aprobar, no están en la exposición de motivos y ni siquiera tienen efectos de obligatoriedad para que posteriormente se pueda legislar...``Por parte del PRI subieron a tribuna Píndaro Urióstegui, Augusto Gómez Villanueva, Oscar Levín, Ignacio González Rebolledo, Jorge Moreno Collado y Eduardo Escobedo, entre otros, para hacer una férrea defensa de lo que la oposición perredista llamó la ``ley Gomez Mont''.

Uno de sus principales argumentos fue en el sentido de que la ciudadanía demanda acciones decisivas contra la delincuencia. Píndaro Urióstegui señaló que gracias a esta reforma la sociedad dispondrá de instrumentos jurídicos con los cuales diseñará nuevas estrategias antidelictivas, perfeccionando instituciones, leyes, reglamentos y prácticas.

Oscar Levín justificó su voto al señalar que las reformas no son una ``carta blanca para actuar de manera indiscriminada, so pretexto de combatir el crimen organizado''.

Con similares argumentos, siempre invocando al monstruo del crimen organizado, el cual será combatido con nuevos instrumentos, ocuparon la tribuna los panistas Alejandro Zapata Perogordo, César Leal Angulo, Francisco José Peniche Bolio y Salvador Beltrán del Río, entre otros.

Zapata Perogordo dijo que las reformas van encaminadas a la realización del fin del Estado en su función con el orden público y el bien común, estableciendo las políticas necesarias para el desarrollo de las relaciones humanas.

Enseguida, y destacando un elevado sentido de responsabilidad, presentó a nombre de la diputación panista una iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, y a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para sancionar la intervención de las comunicaciones privadas cuando esta se realice sin autorización judicial y participen funcionarios públicos de manera ilegal, así como para prohibir a las empresas concesionarias de servicios de comunicación realizar cualquier tipo de intervención.

Con estas propuestas los legisladores panistas pretendieron subsanar las deficiencias de la reforma constitucional que estaban aprobando.

En 15 incisos, los diputados establecieron en la exposición de motivos lo que llamaron posiciones, alcances y orientaciones (candados), una serie de recomendaciones y compromisos para cuando se elabore la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

Estas se refieren a que las disposiciones constitucionales no serán ``autoaplicativas'', es decir, que sólo se podrán ejercer cuando entre en vigor la ley o las leyes secundarias que la reglamenten y precisen.

Sólo el Congreso estará facultado para expedir las leyes secundarias correspondientes (Sic).

Sólo el Poder Judicial, a través del órgano que determine la ley secundaría, estará facultado para autorizar la intervención de comunicaciones.

La ley secundaria determinará el tipo idóneo de la autoridad judicial que permita una intervención. No podrán hacerse intervenciones tratándose de las materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo.

La ley deberá regular requisitos y límites que necesariamente figuren en las autorizaciones para intervenir comunicaciones privadas, así como las causas de revocación de éstas.

La duración de las intervenciones será reglamentada en la ley y en ésta se deberá precisar quiénes deben participar en las diligencias de intervención, entre otras propuestas.