José Agustín Ortiz Pinchetti
Cauto optimismo

Nada es más fácil que criticar al gobierno, sobre todo si tiene baja popularidad. Cuentan que un visitante impertinente preguntó a un científico soviético en el Moscú de los años 80 su opinión acerca de la política oficial. El ruso volteó para todos lados. Pidió al extranjero que se fueran a un parque solitario. Cuando estuvo seguro que nadie podía oírlos, le confió por lo bajo: ``Creo que el gobierno lo está haciendo bien''.

A riesgo de irritar al (no muy numeroso) grupo de mis lectores dominicales, voy a confesarles que el gobierno lo está haciendo bien en materia de reforma electoral. El PRI, el PRD, el PT, en el marco de la Secretaría de Gobernación han logrado una serie de acuerdos (llamados de Bucareli) que contienen avances importantes. Parecen expresar voluntad política para empezar a romper con el pasado autoritario y permitir que la lucha electoral y sus procesos sean libres, justos y equitativos.

En un artículo como éste no cabe una exposición a detalle de los 85 puntos de acuerdos. Pero podemos decir que hay mejoras en casi todos los temas importantes. Por ejemplo se propone: 1) Otorgar garantías para los derechos políticos de los mexicanos a través de la protección de la Justicia Federal. 2) La ciudadanización completa de los órganos electorales con la salida de los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo que hoy son personeros del presidente de la República y de los partidos, y por lo tanto jueces y parte en la contienda. 3) Autonomía financiera al IFE. 4) Transparencia en el manejo del gasto en el proceso electoral. 5) Reducir los tiempos y costos de las campañas. 6) Fiscalizar en serio las finanzas de los partidos. 7) Hacer una distribución más equitativa de los recursos públicos a los partidos. 8) Restringir las aportaciones de recursos privados a las campañas y prohibir las aportaciones anónimas. 9) Equilibrar el acceso de los partidos a los medios electrónicos.

Quedan pendientes cuestiones clave que podrían resolverse si se atiende al espíritu de los acuerdos: 1) Eliminar la exclusividad del uso de los colores patrios por uno de los partidos. 2) Establecer mecanismos para que el Consejo General del IFE sea el órgano supremo de la institución y que el director de la institución esté efectivamente subordinado a él. 3) Garantizar una justa proporcionalidad en la representación en las dos Cámaras del Congreso y eliminar cualquier vestigio de la cláusula de gobernabilidad. 4) Garantizar a los partidos y al Consejo General del IFE el acceso y control a los registros electrónicos del sistema electoral.

Estamos en el primer paso. Será necesaria una reforma constitucional y legal muy compleja para hacer efectivos los acuerdos, que además no fueron suscritos por el Partido Acción Nacional. Este partido, el de mayo prosapia democrática de México, teme (y con razón), que las mejores leyes puedan ser burladas por una práctica perversa. Esta ha sido una constante en México. Lo dijo Christlieb Ibarrola hace 25 años: ``El día en que coincidan las fachadas legales con sus contenidos habrá una revolución silenciosa en este pais''.

El PAN ha presentado un proyecto de ley electoral que coincide en lo fundamental con los acuerdos de Bucareli. El consenso de todos los protagonistas está al alcance de la mano. Sería la señal de un gran cambio en nuestra vida política.

Hay que reconocer los méritos de los negociadores del PRD, PRI y PT. En particular la creatividad y el empuje de Porfirio Muñoz Ledo y de Santiago Oñate. También al fino trabajo de la Secretaría de Gobernación que facilitó los consensos. No olvidar que al arranque del régimen Esteban Moctezuma puso las bases.

Si los acuerdos implícitos se vuelven explícitos y culminan en una reforma profunda, los movimientos cívicos tendrán un triunfo. Desde 1988 han venido proponiendo una reforma en serio. El gobierno anterior respondió con reformetas y reformitas. Las organizaciones democráticas aprovecharon las amargas experiencias de fraudes y trampas en una multitud de elecciones que observaron entre 1988 y 1994 para exigir más de 100 modificaciones legales. Al fin sus iniciativas parecen encontrar eco en el gran escenario político. Si esto cristaliza tendrán que acreditarlo y celebrarlo. Mientras tanto debemos considerar los Acuerdos de Bucareli como pasos mínimos dados en la dirección correcta y seguir reclamando una reforma completa y decisiva.