En las conclusiones de la mesa electoral destaca la suspensión, 20 días antes de los comicios, de la propaganda en radio y televisión. Sobresale también que la publicidad gratuita será siempre mayor que la contratada y que los partidos no podrán destinar a la compra de lapsos radiofónicos y televisivos más del 10 por ciento del tope monetario de campaña. Todo esto no está mal, pero no resuelve el problema de fondo.

En México, el principio de que el acceso de los partidos a la radio y la televisión debe ser ``equitativo'' se entiende como proporcional, es decir, el partido que tuviera más votos en la elección precedente gozará de mayor tiempo de transmisión. Esta norma general es antidemocrática, pues de esa manera la ley restringe el derecho de los ciudadanos a recibir propuestas de los partidos y los condena a escuchar y ver más los mensajes del partido con mayor cantidad de votos en una elección que ya para entonces es historia.

Además, el término equidad en la Constitución es un desatino, pues éste significa justicia natural, en contraposición a la justicia convenida y establecida en la ley. Más desatino es aún considerar que lo equitativo es lo proporcional.

Una de las cualidades de un sistema político democrático es la posibilidad de la alternancia, pero ese tal principio de acceso proporcional de los partidos a los medios concesionados de comunicación, al premiar al partido de gobierno, conspira justamente contra la alternancia como opción ciudadana.

Los partidos deberían gozar especialmente durante las campañas del mismo tiempo de radio y televisión, para que los ciudadanos tengan acceso a los datos suficientes con los cuales puedan analizar mejor y más libremente a cada uno de los candidatos.

Otro problema consiste en la contratación de lapsos en los medios concesionados. A pesar de que existe el acuerdo, en principio, de limitar la capacidad de compra de emisiones, los partidos ricos tendrán ventaja en la publicidad de sus mensajes, mientras los pobres serán menos conocidos. Premiar la riqueza y castigar la pobreza es el zumo de la injusticia.

El tiempo disponible en radio y televisión para los partidos debería ser siempre gratuito, por efecto de ley, con el propósito de alcanzar una verdadera igualdad de los partidos que compiten por convencer no por aturdir a los electores.

Eliminar la compra de tiempo en radio y televisión por parte de los partidos sería un gran paso de carácter democrático.

Junto a lo anterior, se requiere dar mayor y mejor difusión a las transmisiones de los partidos en los medios concesionados. No es posible seguir con programas a las cinco de la tarde los mejores y a las ocho o nueve de la mañana. Los asuntos de la política son del interés de los ciudadanos y no sólo de los políticos. Revolver los mensajes de los partidos con la programación infantil es sencillamente una grosería que suele responderse con la cínica frase de que así se está educando a la infancia.

Las transmisiones de los partidos deben llegar a la mayoría de ciudadanos posibles y con mucha mayor frecuencia.

En la actualidad, el Estado dispone de 30 minutos diarios en cada estación, ``dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social''. Además, dispone también del 12.5 por ciento del tiempo total de transmisión por efecto de un reglamento enteramente ilegal, expedido por Gustavo Díaz Ordaz, con el cual se intercambia tiempo de emisión por el impuesto al uso del espacio aéreo para la transmisión de ondas electromagnéticas.

Habría que revisar la ley de radio y televisión, entre otras cosas para abrir un capítulo referente a la política y a los partidos. En periodos de campaña electoral, las transmisiones gratuitas de los partidos deberían aumentar considerablemente, reglamentando también las entrevistas a los candidatos y líderes partidistas, para evitar que los dueños de las estaciones concesionarios de un bien del dominio de la nación se conviertan en factores electorales por la vía de la propaganda supuestamente informativa en favor de determinado partido o candidato.

En 1994, un programa del canal 13 dedicó bastante tiempo a entrevistar a los candidatos priístas y panistas a senadores. Cuando llegó el supuesto turno de un candidato del PRD, se suspendió la transmisión y fue sustituida por otra de cualquier cosa. Esto mismo lo suelen hacer muchos concesionarios, a los cuales no se les puede reclamar absolutamente nada, ya que gozan de completa libertad en la materia.

No es éticamente aceptable que un concesionario de un bien que pertenece a todos los mexicanos por igual, utilice la frecuencia en favor de sus candidatos y discrimine a los demás. Si un productor de radio o televisión organiza un programa electoral, debe abrir sus puertas por igual a todos los candidatos o a todos los partidos. De lo contrario, lo que tenemos son mexicanos de varias categorías políticas.

Otra cosa es la prensa escrita. Si el dueño de un periódico apoya a un candidato, pues allá él con su libertad de expresión y el dinero que invierta en comprar el papel y mandarlo a imprimir. Pero la radio y la televisión tienen una cualidad diferente: se trata del uso del espacio aéreo, ya sea mediante ondas o colgando cables.

Lo que es todos, debe ser de todos efectivamente.