En días pasados Marco A. Bernal, cabeza de la delegación oficial en el diálogo que en San Andrés Sacamch'en llevan a cabo el gobierno federal y el EZLN, dijo a la prensa que no había compromiso alguno entre las partes para la formación de una Mesa Agraria en el estado de Chiapas. Mintió.
Uno de los documentos signados en la Plenaria de la Mesa I Derechos y Cultura Indígena (Documento 3.2: ``Acciones y Medidas para Chiapas'') dice a la letra: ``El gobierno del estado de Chiapas y el gobierno federal se comprometen a instalar una Mesa Agraria, para dar una solución justa a los conflictos agrarios. En dicha mesa participarán representantes del EZLN y de las organizaciones sociales, así como las autoridades competentes en el ramo''. El resolutivo de ``Acciones y Medidas para Chiapas'' agrega: ``Las autoridades agrarias, estatales y federales se comprometen a la realización de un censo agrario a cargo de las autoridades civiles y en coordinación con las comunidades y pueblos indígenas y las organizaciones sociales, para identificar la situación de la tenencia de la tierra en el estado.``No quedaron allí los acuerdos agrarios de la Mesa de Derechos y Cultura Indígena. En el documento 3.1: ``Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN, correspondientes al Punto 1.3. de las Reglas de Procedimiento'', también signado entre las partes, dice textualmente: ``El Gobierno del Estado promoverá ante el Congreso Local una iniciativa de Ley de Justicia y Desarrollo Agrario, que incluya las disposiciones conducentes para el fraccionamiento y sanción de los latifundios y establezca las condiciones necesarias para que los núcleos agrarios, comunidades y pueblos indígenas, generen su propio desarrollo a través del aprovechamiento de los recursos comprendidos en su territorio, en los términos de los artículos 13.2 y 14 del Convenio 169 de la OIT.``Por si hiciera falta, en la segunda fase de la Mesa Democracia y Justicia que acaba de terminar, en el Grupo 2 ``Democracia Social y Justicia Social'', se ratificó el sentido de los acuerdos agrarios de la Mesa de Derechos y Cultura Indígena, a los que se agregó la necesidad de que la referida Mesa Agraria que se forme ``Dé seguimiento y establezca sistemas sociales de control sobre las acciones de política relacionadas con la cuestión agraria.'' (Documento 3. ``Mesa 2. Democracia y Juticia Social. Grupo 2: Democracia Social y Justicia Social. Consensos sobre Chiapas'', 24 de abril de 1996).
Por qué miente la Gobernación? Tal vez porque la cabeza de la delegación oficial no tiene suficiente cabeza para retener en la mente todos los acuerdos establecidos en el espacio de las negociaciones chiapanecas, lo que sería grave pues todo mundo entiende que una negociación en la que se está jugando la paz requiere de personas lúcidas e inteligentes o, por lo menos, capaces de retener en la memoria los acuerdos sustanciales en los que estampan sus firmas. Pero supongamos que éste no es el caso.
La otra posibilidad es que el señor Bernal mienta flagrantemente, lo que sería más grave pues querría decir simple y llanamente que Gobernación no ve en su firma de los acuerdos de San Andrés más valor que el que tiene el papel en el que está escrita. Sospecho que ésta es la línea predominante, pues a contrario sensu de todo lo que en la Mesa 1 (Derechos y Cultura Indígena) y en la Mesa 2 (Democracia y Justicia) se ha dicho sobre el asunto agrario (aunque no sólo sobre este punto), los gobiernos federal y estatal han echado a andar la maquinita de la demagogia y de las acciones-aspirina para dar ``por terminado el problema agrario en Chiapas'', antes de formar cualquier tipo de comisión, de realizar cualquier tipo de censo sobre la tierra, o de convocar a los sujetos directamente implicados en el asunto (incluyendo al EZLN, como dicen los acuerdos de la Mesa 1).
En cualquier caso sigue en el aire la pregunta: Por qué miente usted, señor Bernal?