REUNION DE PROCURADORES Y OMBUDSMAN

Ricardo Alemán Alemán y Ciro Pérez Silva Luego de reconocer ``la cabal autonomía'' de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su resolutivo del caso Aguas Blancas, ``que todos debemos ver como un signo muy positivo y alentador'', el presidente Ernesto Zedillo expresó su ``confianza absoluta'' en que dicho informe permitirá a las autoridades competentes ``cumplir con su deber en este doloroso caso, en el ámbito de sus responsabilidades''.

El Ejecutivo también habló sobre la iniciativa de reformas constitucionales para combatir la delincuencia organizada que envió recientemente al Congreso, y que el pasado viernes se aprobó.

Jorge Madrazo Cuéllar, Emilio Chuayffet Chemor,
Ernesto Zedillo y Antonio Lozano Gracia, durante
la reunión efectuada en Los Pinos.
Foto: Víctor Mendiola

Dijo estar consciente de la delicada tarea y la responsabilidad que conlleva legislar sobre esta materia; ``por eso expreso mi profundo reconocimiento a todos los señores legisladores que enriquecieron y aprobaron esta iniciativa. México debe tener un sistema normativo para la realidad de hoy, para contender con la capacidad criminal de hoy y para enfrentar más eficazmente a los delincuentes que hoy amenazan a la ciudadanía''.

Zedillo presidió ayer, en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, la firma del convenio de colaboración entre los procuradores del país y las comisiones estatales de derechos humanos. En su discurso señaló que los mexicanos ``queremos vivir en un Estado de derecho, donde cada violación de la ley sea castigada, donde no haya margen para la impunidad, donde no se toleren excepciones grandes ni pequeñas, donde no riñan la más eficaz procuración de justicia con la protección de los derechos humanos''.

Luego de las intervenciones de Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de Fernando Antonio Lozano Gracia, titular de la Procuraduría General de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León insistió:``Queremos vivir en un Estado de derecho en el que prevalezca la certidumbre de que todo ciudadano tiene acceso a la justicia, de que toda ofensa a la ley será castigada y todo atropello a sus derechos será sancionado; donde la persecución de los ilícitos sea escrupulosamente respetuosa de las garantías individuales y de los derechos humanos y donde la protección no jurisdiccional de éstos sea consecuente con la búsqueda de la justicia y la reparación del agravio que sufren las víctimas de los delitos.``Según el Presidente, una tarea fundamental del gobierno de la República ``y de toda nuestra generación'' es procurar incansablemente la transformación del sistema de justicia, para lo cual ``hemos dado los primeros pasos para reformar al Poder Judicial y dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Justicia de una autonomía cabal y vigorosa, así como de mayores atribuciones''.

``Todos debemos ver como un signo muy positivo y alentador que, en el marco de nuestra Constitución y de la división entre los poderes de la Unión, la Suprema Corte de Justicia esté mostrando una independencia fortalecida'', sostuvo.

Por eso, Zedillo hizo un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su inmediata atención a la solicitudfundada en el artículo 97 Constitucional de realizar una investigación sobre las violaciones a las garantías individuales cometidas en los ``deplorables'' hechos ocurridos en Aguas Blancas, Guerrero.

``Hoy reitero mi absoluta confianza en que el informe de la Suprema Corte permitirá a las autoridades competentes cumplir con su deber en este doloroso caso, en el ámbito de sus responsabilidades'', precisó.

Ante los procuradores de todo el país, agrupados en la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, y los presidentes de la comisiones de derechos humanos de todas las entidades, Ernesto Zedillo expuso: ``Ustedes estarán de acuerdo en que frecuentemente son la insuficiencia, la obsolescencia e incluso la ausencia de preceptos jurídicos apropiados para inhibir los ilícitos lo que propicia las fallas de las instituciones y la impunidad, lo que propicia el abuso de los encargados de perseguir delitos; lo que propicia, incluso, la violación de los derechos humanos''.

Al concluir la ceremonia oficial, los procuradores y presidentes de las comisiones de derechos humanos se reunieron en privado con el Presidente de la República y con algunos miembros de su gabinete.

Ricardo Alemán y Ciro Pérez Silva Los presidentes de las comisiones de derechos humanos y los procuradores de Justicia de México firmaron ayer un acuerdo de acercamiento y entendimiento que sienta las bases para la cooperación entre ambas instancias, y reconocieron que ``el país requiere un importante impulso que permita avanzar sistemáticamente en la promoción, respeto y tutela de los derechos humanos''.

Ante el presidente Ernesto Zedillo, quien fungió como testigo de honor, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo Cuéllar, dio lectura al convenio de colaboración entre la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y la Federación Nacional de Organismos Públicos Protectores y Defensores de los Derechos Humanos, que consta de 21 reglas para hacer la relación entre ambas instancias más transparente y funcional.

En su intervención, el procurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, consideró que este primer acuerdo ``inaugura una etapa de colaboración, respeto y estrecha comunicación entre ambas instituciones'', y aseguró que quien aboga por los derechos humanos lo hace también por la seguridad pública.

``Se equivocan quienes piensan que la seguridad pública y la persecución del delito enfrentan o contradicen la protección de los derechos humanos. De origen, esa concepción es falsa y el debate sobre ella, estéril''. Antonio Lozano Gracia sostuvo: ``No hay seguridad pública sin respeto a los derechos humanos, y los derechos humanos son sólo una entelequia sin seguridad pública''.

El procurador dijo que se han analizado diversas propuestas para mejorar, a nivel normativo y operativo, la persecución del delito ``y hemos entendido que cada iniciativa, cada acción que nos permita ser más profesionales y eficientes implica, de nuestra parte, menores índices de violación a derechos humanos''.

A su vez, Madrazo Cuéllar informó que la CNDH capacitará en derechos huamanos a servidores públicos de las procuradurías de Justicia del país, y dijo que se crearán comisiones bilaterales ``que darán seguimiento puntual a los acuerdos suscritos''.

En la exposición de motivos del acuerdo se rechaza imputar a las comisiones de derechos humanos ``haber cobrado simpatía por la delincuencia y que sean propiciadoras de impunidad y, por igual, que al Ministerio Público y a la Policía Judicial se les impute que por sistema sean violadores de la legalidad, atropelladores de derechos y sinónimo de ineficacia y de corrupción''.

Admite que entre las comisiones públicas de derechos humanos y las procuradurías de Justicia se han dado eventos de polarización que resultan inconvenientes para ambas instituciones y para el país, y destaca la importancia de que dichas discrepancias no se traduzcan en descalificaciones totalizadoras.Entre los 21 puntos de acuerdo dados a conocer ayer en la residencia oficial de Los Pinos, destaca que las procuradurías considerarán hechos de ``suma gravedad'' los actos de intimidación o las amenazas contra los quejosos o agraviados, tanto en la fase de investigación de la queja como en el seguimiento de las recomendaciones. Por ende, procederán de manera expedita, enérgica y con apego a la ley.

Asimismo, se aclara que las resoluciones que emiten las comisiones de derechos humanos ``no cuestionan a las procuradurías de Justicia como instituciones'', sino a los funcionarios que incurren en violaciones a los derechos humanos, por lo que ``tales pronunciamientos no se deben traducir en descalificaciones institucionales''.

Las instancias firmantes coinciden en que el derecho a la presunción de inocencia ``es igualmente aplicable a los particulares acusados de la comisión de un ilícito que a los servidores publicos a quienes se impute un acto o hecho violatorio de los derechos humanos''.

Asumen el compromiso de privilegiar la conciliación para resolver las quejas en todos aquellos casos en que sea procedente.

Cuando las quejas se deban a violaciones de los derechos a la vida, a la integridad física o psíquica o a otras que se consideren especialmente graves por el número de afectados o sus posibles consecuencias, ``deberán solucionarse mediante recomendaciones públicas autónomas''.

Por otra parte, acordaron que de una misma queja no podrán conocer, al mismo tiempo, una comisión estatal de derechos humanos y la Comisión Nacional. ``El ejercicio de la facultad de atracción o la tramitación de los recursos de impugnación se notificarán a las procuradurías y a las comisiones estatales al mismo tiempo.

``Las procuradurías de Justicia se hacen sabedoras de que, a pesar de lo anterior, las comisiones estatales están facultadas por la ley para actuar como auxiliares de la Comisión Nacional en asuntos concretos, debiendo mediar acuerdo escrito'', agrega el texto.Admiten también que las comisiones públicas de derechos humanos ``no son fiscalizadoras o supervisoras permanentes de la acción del Ministerio Público, por lo que no solicitarán, sin causa justificada, informes periódicos sobre el avance de las averiguaciones previas''.

Jorge Madrazo destacó que el convenio firmado con los procuradores de justicia de los estados ``es el primer paso en la búsqueda de una mejor coordinación y colaboración de las instituciones respectivas para fortalecer el Estado de derecho, el respeto íntegro de la ley y el aseguramiento de la protección de los derechos humanos'', por lo que ambas instituciones están abiertas para continuar el diálogo y preparar nuevas medidas y mecanismos que los acerquen a los propósitos señalados.

Ricardo Alemán y Ciro Pérez Silva Aunque es ``evidente'' que en México hay lavado de dinero, ``resulta irresponsable hablar de cifras, volúmenes o cantidades'', aseguró el procurador general de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, luego de señalar que la valoración que en este sentido hizo el administrador de la Agencia Antinarcóticos estadunidense (DEA), Thomas Constantine, sobre México es ``inexacta''.

``El que se diga, por ejemplo, que hay importantes cantidades de dinero que se lavan en México, no resiste el más mínimo análisis de los flujos financieros y de divisas en nuestro país, señaló.

Sin embargo, dejó claro que ``de ninguna manera pensamos que este tipo de delitos no se comete en México, tan lo pensamos que estamos haciendo modificaciones al Código Penal para que se tipifique de mejor manera y tengamos mejores instrumentos para investigar y procesar. Lo que rechazamos absolutamente es que se manejen montos y se hagan acusaciones en lo general sobre instituciones o personas'', indicó.

Entrevistado al término de la firma del primer Convenio de Colaboración entre la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia y la Federación Mexicana de Organismos Públicos Protectores y Defensores de los Derechos Humanos, Lozano Gracia consideró que las declaraciones del administrador de la DEA y la de otras agencias investigadoras de Estados Unidos, podrían tener un origen político con fines electorales.

Sin embargo, aseguró que el único camino serio para romper con toda esa dinámica, sería elaborar un diagnóstico sobre el fenómeno del lavado de dinero procedente de cualquier actividad ilícita, que compartan tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México.

``Esto fue lo que la delegación mexicana de alto nivel le propuso al general Brian McCaffrey el zar antidrogas estadunidense. Elaborar un diagnóstico integral y profundo del fenómeno del narcotráfico y del lavado de dinero, análisis que deben compartir ambos países'', dijo.

Resulta ``intolerable'', agregó, que cualquier persona ``por cualquier razón, política, de interés personal o de permanencia en algún puesto público, de repente diga alguna cifra sensacionalista con la que pretenda justificar su empleo, y que al cabo de repetirla se dé como un dato cierto. Esto es intolerable porque afecta los esfuerzos de México''.

Afirmó que, por la misma actividad de agencias investigadoras como la DEA, parte de la información o de la valoración de datos que hacen no se ajusta a la verdad y advirtió que las autoridades que manejen ese tipo de información ``tenemos que ser muy cuidadosos en algunas de nuestras expresiones, porque corremos el riesgo de incurrir en una grave imprecisión, y más aún, en una irresponsabilidad o en una injusticia''.

Precisó que, actualmente, el delito de lavado de dinero se encuentra tipificado en el Código Fiscal, ``lo que ha limitado las posibilidades de la autoridad para investigar, consignar y procesar a las personas involucradas en este delito. Por eso propusimos al Congreso de la Unión hacer reformas al Código Penal a fin de que desvincule el delito de lavado de dinero del interés fiscal''.

A su vez, el director de la Policía Judicial Federal (PJF), Américo Flores Nava, se refirió al ``llamado urgente'' de Thomas Constantine, para detener a los presuntos narcotraficantes Miguel Caro Quintero, Benjamín Arellano Félix y Amado Carrillo.

Dijo que, independientemente de cualquier recomendación, ``la PJF trabaja en las órdenes de aprehensión que le llegan, especialmete en el caso de asuntos relevantes'' como los derivados de acciones de narcotráfico.

En entrevista por separado, el funcionario negó que la PJF esté sujeta a las presiones de la DEA y aseguró que la única presión que tiene, ``y la única que nos interesa, es la de los mexicanos''.

Reconoció que se ha dificultado la aprehensión de los dirigentes de los cárteles que operan en México, por las grandes sumas de dinero que manejan y que les permite contar con diversos escondites, tanto en México como en el propio Estados Unidos. Admitió también que en la PJF existen oficiales corruptos que pudieran estar dando protección a los narcotraficantes; sin embargo, aseguró que hay ``una gran mayoría'' de elementos honestos en todos los aspectos.

Sobre el caso Aguas Blancas

Al ser interrogado sobre el papel que asumirá la PGR en el caso de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el procurador Lozano Gracia dijo que este lunes la dependencia a su cargo recibirá la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este hecho, para hacer el análisis respectivo.

``Espero que en un breve plazo, quizá unas cuantas horas, podremos informar a la sociedad mexicana cuál es nuestra percepción de esto. Hay algunas afirmaciones en el informe de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia que podrían involucrar la comisión de algunos hechos delictivos, hay que ver cuáles son esos hechos y quién es la autoridad competente para ello''.