Concesiones a la IP en áreas protegidas, eje del debate hoy en la ARDF

Alonso Urrutia Con la oposición del PAN y el PRD a que se incluya en la nueva ley ambiental la figura de concesiones de áreas naturales protegidas, y las reservas de algunos priístas a ceder este punto tan delicado para el equilibrio ecológico de la ciudad, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) aprobará hoy la primera ley en la materia que tiene esta capital, en la que se espera un debate central en torno a la participación de la iniciativa privada en diversas actividades dentro de las zonas referidas, esencialmente de recreación.

Para panistas y perredistas es un punto estratégico de la preservación ambiental en la ciudad al que el gobierno no puede renunciar para trasladar la responsabilidad a los particulares. "¿Quién nos garantiza que el concesionario va a preservar la zona que le sea cedida?", cuestionó el panista Héctor González Reza. Y en tal caso, si existe incumplmiento no bastará con sanciones económicas, administrativas o penales si el daño ambiental está provocado.

Por su parte, la perredista Dolores Padierna indicó que para su partido es un aspecto central que determinará el sentido de la votación del PRD. "Es un punto muy delicado que podría abrir la puerta a un serio e irreversible daño a recursos fundamentales que pueden afectar el equilibrio ecológico. Si la ley contiene este punto anulará en sí misma todos los objetivos que pueda tener el resto de la iniciativa".

En tanto, algunos asambleístas del PRI esbozaron su escepticismo en torno a la posible inclusión de este artículo en la ley. "La ciudad puede ceder otras cosas pero jamás la reserva ecológica", advirtió la priísta Silvia Pinal, durante la última reunión en que se discutió el dictamen.

Dicho dictamen estipula en su artículo 87 que "la administración pública del Distrito Federal podrá concesionar temporalmente, mediante licitación pública, la prestación de los servicios requeridos en las áreas naturales protegidas del dominio público del Distrito Federal".

Más adelante se indica que la concesión "procederá siempre que así lo requiera el interés general, se asegure la utilización social y no se limite el acceso, uso y disfrute de áreas naturales protegidas". Se puntualiza que las concesiones se adjudicarán con el mismo mecanismo de licitación pública y se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables.

En las evaluaciones oficiales se parte de la realidad actual, caracterizada por el deterioro de dichas áreas, vinculada a la escasez de recursos que impide mejorar los mecanismos de preservación. Esta situación puede resarcirse con la participación de la iniciativa privada a través de una concesión para determinadas actividades, y se obligaría a mantener el área.

La impugnación de dicho artículo para el PAN y el PRD se vincula con el contenido del artículo 26 que, sostiene la fracción perredista, abre la puerta para la construcción en estas áreas. Dicho artículo precisa que en las "áreas naturales protegidas o el suelo de conservación se requerirá de autorización de obras nuevas, la ampliación de las ya existentes o la rea-lización de nuevas actividades".

En su conjunto, señaló Dolores Padierna, la concesión de áreas naturales protegidas representa un retroceso en la lucha por la preservación ambiental, pues es un principio para ceder una parte esencial de la ciudad que representa 57 por ciento del área urbana a la explotación de la iniciativa privada, aun cuando sea reducida al aspecto recreativo y se conciba que a cambio los inversionistas garanticen el mantenimiento del área concesionada.

Padiera manifestó que aun cuando la ley se ha matizado, desde los primeros borradores estaba clara la intención del concesionamiento que incluía fraccionamientos, turismo e incluso algunas otras actividades de índole industrial.

El PRD consideró incongruente esa disposición en la ley ambiental con la recientemente aprobada Ley de Desarrollo Urbano, la cual prohíbe construir en suelo de reserva ecológica.

"Nosotros vemos en general muy positiva esta ley porque contiene preceptos que obligan a gobierno y sociedad a luchar por preservar el medio ambiente, pero el PRD considera inadmisible ceder en este punto, porque su sola inclusión representa anular todos los logros que podrían alcanzarse con el conjunto de la ley", dijo Padierna.

Agregó que en el artículo 82 se faculta al regente para "revocar o modificar, por causa de interés público y con base en los estudios ambientales respectivos, la extensión, usos de suelo o aprovechamiento en las áreas naturales protegidas".

Esta facultad discrecional, considera el PRD, "pone en peligro las áreas naturales protegidas. Pueden existir presiones políticas, intereses económicos o factores que revoquen algunas de ellas o liberalizar su uso", por eso se requiere que la ley sea más restrictiva en cuanto a los casos en que el regente puede actuar.

Finalmente, señaló que el PRD pretende la supresión de todos los artículos referidos a la concesión, y sustituirlos con otros cuyo contenido sea la regulación de las áreas naturales protegidas y el favorecimiento de su mantenimiento y protección.

Para el panista González Reza, el PAN tiene "todas las reservas en cuanto a la inclusión de la figura de concesión; en todo caso, prevemos que pueda buscarse el precepto de autorización, que no implica ceder tanta responsabilidad en este punto tan delicado".