En 93, daños al erario por $234 millones

Elena Gallegos e Ismael Romero Hasta el 15 de abril, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados documentó daños al erario por 234 millones de pesos en la cuenta pública de 1993, por lo que solicitó formalmente a la Secretaría de la Contraloría fincar responsabilidades y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes cuando se configuren delitos contra los funcionarios del gobierno pasado que incurrieron en esas irregularidades.

Sin embargo, se calcula que las expectativas de resarcimiento a que están obligadas las dependencias involucradas, por anomalías en el manejo de la cuenta pública, podría alcanzar la suma de 340.4 millones de pesos.

En un informe presentado al pleno por el secretario de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría, el panista Salvador Beltrán del Río, se detalló el avance de las auditorías que ese órgano legislativo efectúa al ejercicio presupuestal del penúltimo año de la gestión salinista.

El presidente de esa comisión, Juan Antonio García Villa, explicó que, en relación al informe dado a conocer en enero, se registra un incremento sensible en el monto de las irregularidades, aunque no todas ellas configuran la comisión de un delito.

En el documento distribuido por el panista se desmenuzan las cifras de las partidas y las dependencias vinculadas al desvío o mal uso de los dineros.

Según el informe, mediante oficios de promoción para el deslindamiento de responsabilidades, y en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica de la Contaduría, se notificó tanto a la Secretaría de la Contraloría como a los órganos de control interno de las entidades.

Los pliegos de observaciones han sido enviados, entre otras dependencias, a la CFE, por un monto de 64 millones 141 mil pesos; ISSSTE, 23 millones 595 mil pesos; Pemex Refinería, 16 millones 798 mil pesos. Aparecen también, aunque con montos mucho menores, la SCT, Pemex Exploración y Pemex Petroquímica, entre otras.

En cuanto a las promociones para el deslindamiento de responsabilidades ante la Secodam o el titular de la dependencia o entidad, la relación menciona a la Lotería Nacional, Telecomm, Instituto Mexicano del Petróleo, Pemex, el DDF, el INC, y las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda, Educación, Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Social.

Se explicó que la emisión de pliegos de observaciones y de deslindamientos de responsabilidades pueden derivar en la promoción de sanciones, resarcimientos directos, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal o, en su caso, denuncia de hechos presuntamente constitutivos de ilícitos.

El documento leído al pleno por Beltrán del Río, resume que de las acciones promovidas por la Contaduría Mayor de Hacienda, con información actualizada hasta el 15 de abril, arroja lo siguiente en relación a la Cuenta Pública del 93:

1. Se han emitido 14 pliegos de observaciones a diferentes entidades de la administración pública (SCT, subsidiarias de Pemex, CFE e ISSSTE), por un monto de 146.9 millones de pesos. En esos pliegos se notifica expresamente las causas de la irregularidad, los hechos que la motivaron y los servidores públicos directamente responsables (en el informe no se incluye ningún nombre); para tal efecto, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda considera un plazo de 45 días hábiles, contados a partir de la notificación, para la solventación correspondiente.

2. De las auditorías de obra pública se ha recibido documentación comprobatoria de resarcimientos directos efectuados al erario federal por 16.2 millones de pesos.

Se explica que de ese monto se emitieron oficios de conclusión de acciones por resarcimiento y de requerimiento de intervención del órgano de control interno de la dependencia o entidad, para proceder al deslindamiento de responsabilidades por un millón 700 mil pesos.

Adicionalmente --agrega el documento--, siete millones de pesos de esos resarcimientos forman parte de una acción conjunta considerada dentro de los pliegos de observaciones (de Pemex e ISSSTE), por lo que, en su caso, la solventación podría acompañarse del oficio de conclusión por el monto resarcido.

El resto de los resarcimientos comprobados por 7.5 millones (CAPFCE, CNA, Ficonacal, ASA, SCT y DDF) se encuentra en proceso avanzado de dictaminación técnica para emitir los oficios correspondientes, o bien, podrían ser parte integral de otros pliegos de observaciones.

3. Mediante 33 oficios de promoción para el deslindamiento de responsabilidades (correspondientes a Lotenal, Capufe, Telecomm, SHCP, Pemex, DDF, INC, SEP, SCT, Sedeso, entre otras) en los términos de las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Orgánica de la Contaduría, se notificó ya a la Secodam y a los órganos de control interno, la promoción del deslindamiento de responsabilidades por operación, cuyo monto cuantificado asciende a 68.1 millones de pesos.

Se aclara que ese importe no necesariamente significará un daño o resarcimiento.

4. Con respecto a las auditorías de ingresos, se han emitido a la SHCP seis oficios de promoción del ejercicio de la comprobación fiscal por 2.8 millones de pesos, correspondientes a diversos prestadores de servicios a entidades y dependencias públicas, a fin de que proceda a la realización de las auditorías fiscales respectivas para dictaminar las presuntas omisiones fiscales por ingresos no declarados e informe lo correspondiente a la Contaduría.

El informe concluye que la promoción de acciones involucra perjuicios y daños que, en buena medida, se traducirán en el resarcimiento, con su consecuente deslinde de responsabilidades, por cerca de 234 millones de pesos. Ese monto forma parte de la estimación efectuada por la Contaduría, contenida en su informe de avance, emitido el 18 de enero pasado, con una expectativa total de resarcimiento del orden de 340.4 millones de pesos.

Deja claro que, con independencia de los resarcimientos que puedan efectuarse derivados de las observaciones e irregularidades notificadas, y con base en las leyes correspondientes, los órganos de control interno, y en su caso la Secodam, deberán proceder al fincamiento de las responsabilidades que correspondan, debiendo informar sobre el particular al órgano fiscalizador (la Contaduría).