Las reformas penales tendentes a dar mayores atribuciones a las autoridades en el combate a la delincuencia organizada, como la intervención telefónica, han provocado grandes discusiones y una división profunda entre las fuerzas políticas, pero hasta ahora nadie puede asegurar que tendrán un efecto positivo en la difícil tarea de contener el incremento de delitos.

Los obstáculos son de dos tipos: uno se refiere a las cuestiones puramente técnicas de los aparatos y equipos para la intervención telefónica; la segunda, y más importante, es la relativa a quiénes serán los policías encargados de poner en práctica los ``métodos'' recién aprobados.

Aunque relativamente fáciles de adquirir, estos equipos no son baratos. En consecuencia, estarán en ventaja las organizaciones de delincuentes, que disponen de grandes recursos y que se pueden movilizar con mayor rapidez. En cambio, la burocracia que pesa sobre los cuerpos policiacos será un obstáculo.

Con un poco de imaginación, se puede apreciar el panorama como esas películas que presentan al mismo tiempo lo que ocurre en dos sitios. Por un lado, los compradores de las bandas de delincuentesen especial las dedicadas al narco que se pueden mover rápido de un país a otro y que casi sin regatear adquieren los mecanismos más eficientes. No es ninguna exageración, basta recordar la información que diariamente conocemos sobre la calidad del armamento de que disponen esos grupos, frecuentemente mejor que el de los policías que los combaten.La otra secuencia corresponde a una oficina de una policía mexicana, en donde los trabajadores del departamento de compras tienen que llenar formularios y enviarlos a cuatro o cinco destinos, para que se expidan las autorizaciones. Uno de los destinatarios puede ser un funcionario de esos recién graduados en escuelas de alto nivel y que están empeñados en demostrar que es posible reducir al mínimo el gasto gubernamental. Será difícil que se convenza de que un equipo de espionaje adquirido apenas medio año antes ya es obsoleto y que es necesario remplazarlo por otro que tiene un alto precio en divisas extranjeras.

Esto, sin considerar el otro terreno también difícil del registro de proveedores. Las empresas dedicadas al comercio de estos equipos prefieren moverse casi en el anonimato. Así, para convertirse en proveedores de las policías mexicanas estarán dispuestos a aparecer en procesos abiertos de licitación?

Castigar los abusos

La otra vertiente es la integración de los equipos policiacos encargados de operar los equipos de escucha. Es cierto que en México ya hay mucha experiencia en esa materia. Es decir, técnicos capacitados en la materia los hay. Sin embargo, como esos ``trabajos'' se hacen hasta ahora en forma ilegal e irregular, se podría decir que esas personas son delincuentes porque intervenían las líneas telefónicas cuando no estaba permitido. Por lógica, no parece indicado responsabilizarlos de una tarea que debe cumplirse dentro de lo estipulado por las leyes.

Por ahora, parece que la respuesta está en la integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agrupación que recientemente empezó a ser organizada por los gobiernos federal y estatales, estos últimos representados en la negociación por los procuradores de Justicia, que ayer se reunieron en esta capital, con el capitalino José Antonio González como anfitrión.Sin embargo, hay expertos que consideran que esa colaboración entre las policías de todos los estados no es suficiente garantía de que la nueva facultad será debidamente aprovechada y aplicada.

En esta situación está Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y del DF, quien hace poco más de una década fue el responsable de un intento del gobierno federal de crear esa coordinación entre las policías de toda el país. En su momento, ese intento resultó positivo, pues entre otras mejoras propició un aumento general de recursos destinados a la impartición de justicia y en la capacitación de los agentes.

Las condiciones del país han cambiado y la coordinación no parece suficiente. Más bien lo que se requiere es un mando único de los cuerpos policiacos, pero eso no es posible sin violar la autonomía de los estados, o sin hacer nuevas reformas constitucionales que desde ahora se anticipa podrían crear una gran polémica.

La propuesta de Morales Lechuga consiste en crear un nuevo cuerpo policiaco de carácter nacional, que denomina la Guardia Nacional y que sería del mismo tipo de la Guardia Civil de España, la Gendarmería francesa, los Carabineros de Italia y la Guardia Nacional de Estados Unidos. Para organizar este cuerpo no sería necesario modificar la Carta Magna, pues ya hay preceptos que otorgan facultades al gobierno federal en tal sentido.

Este organismo tendría un mando único, a nivel nacional, y podría quedar bajo el control de la Secretaría de Gobernación, pero actuaría como auxiliar de los gobiernos locales, incluso en delitos del fuero común, cuando la fuerza o la organización de los delincuentes desborde la capacidad de respuesta local. Esta fuerza federal, precisó el abogado en una reciente conferencia en la Universidad de las Américas, debería ser además la fuerza de tarea encargada de combatir la delincuencia organizada y del cuidado de instalaciones sensibles o vitales, como las embajadas.

La cosecha

Con una larga jornada de trabajo terminó anoche en la Cámara de Diputados el periodo ordinario de sesiones. Como antes ocurrió en el Senado, militantes de El Barzón efectuaron protestas porque los legisladores no tomaron en cuenta su demanda de poner límites a las exigencias de los banqueros para el cobro de la cartera vencida... El punto culminante debía ser la lectura del informe de la SCJN respecto a la matanza de Aguas Blancas, lo cual se esperaba que ocurriera casi a la medianoche. Poco después de las 21 horas estaba la votación sobre las iniciativas de reformas a disposiciones penales y fiscales para sancionar el lavado de dinero y, si no había cambio del orden, antes de conocer el documento remitido por el máximo tribunal del país, se debía votar para la elección del grupo de diputados federales que representarán a su Cámara en la Comisión Permanente, la cual estará bajo la conducción en este receso del líder del Senado, Fernando Ortiz Arana. Los diputados federales priístas tendrán como coordinador al secretario de la Gran Comisión, Samuel Palma... El presidente nacional del PRI, Santiago Oñate, que el viernes hará una gira por Sonora y el sábado visitará Coahuila, instaló ayer la Comisión de Reforma del Estado, que preside el sinaloense Rafael Oseguera Ramos y que se encargará de conducir el debate sobre este tema, como parte de la reforma interna del partido que culminará en la cercana 17 Asamblea Nacional. Este evento significará un intenso periodo de trabajo para los legisladores del PRI, ya que a finales de mayo tendrán que participar en el periodo extraordinario de sesiones para las reformas constitucionales que implicará la reforma de Estado; luego tendrán que dedicarse a los trabajos de la fase final de su Asamblea. Al término de ésta quizá sean llamados a un segundo periodo ordinario de sesiones, para revisarar las iniciativas de cambios a las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales previamente modificados.