María Teresa Jardí
Que problemas agrarios no sean causas penales

Durante 23 años, 32 familias campesinas del estado de Chihuahua, poseyeron el predio ``Palanganas'', mejor conocido como ``Poblado Palanganas'', en Nuevo Casas Grandes.

El 17 de marzo de 1995, sorpresivamente fueron desalojados con violencia por elementos de la Policía Judicial estatal, quienes destruyeron sus casas, la iglesia, el salón comunal, la comisaría y la escuela primaria federal los niños que ahí se encontraban fueron sacados para destruirla con maquinaria pesada.

Este brutal e inconcebible desalojo se produjo como un acto de restitución de las tierras a los señores Navar Corral, emitido por el entonces juez de lo penal de Nuevo Casas Grandes, René Hilario Nieto, actualmente abogado defensor de los Navar Corral.

Ante el acto de barbarie los campesinos promovieron un amparo, mismo que les fue concedido, y el 9 de enero del presente año fueron restituidos en el predio mencionado en una superficie de 11 mil 111 hectáreas. Desde el día en que fueron restituidos de sus derechos por el C. Juez de Primera Instancia Penal del Distrito Juficial Galeana, Héctor García Aguirre, en cumplimiento de la resolución recaída en el Juicio de Amparo 474/95-III del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, los campesinos permanecieron en el predio de ``Palanganas'' hasta el pasado 6 de febrero en que cuatro de ellos fueron detenidos acusados de despojo y daños a la propiedad de Juan Manuel Navar Corral, quedando pendiente la aprehensión de otros cuatro, que dejaron el poblado ante las amenazas de la gente al servicio de los Navar Corral.

Los Navar Corral son una familia latifundista de la región, que tiene otro conflicto similar con 70 familias del poblado ``El Llano de los Cristianos'' a las que disputan 30 mil hectáreas. Algunos de los miembros de esta familia residen en El Paso, Texas, donde son dueños de varios negocios y gozan de doble nacionalidad. Se encuentran rodeados de gente armada que vigila los predios en conflicto y han impedido el regreso y amenazado a los campesinos de ``Palanganas''.

La denuncia de Navar Corral en contra de los campesinos es una aberración jurídica, que demuestra el uso que del derecho penal se hace para dirimir conflictos agrarios, sobre todo cuando las resoluciones no benefician a los poderosos.

Actualmente los campesinos se encuentran libres bajo fianza y con órdenes de aprehensión suspendidas en virtud de la promoción de otro amparo.

Se acusa a los campesinos de despojo, cuando ellos fueron despojados, luego de tener la posesión durante 23 años; cuando fueron restituidos de sus derechos, y se les dio posesión del predio, en cumplimiento a orden de Juez recaída en un juicio de amparo.

Ademas, el 8 de marzo de 1996 se público en el Diario Oficial de la Federación una resolución del Tribunal Federal Agrario en la que se resuelve la dotación de tierras a los campesinos de ``Palanganas'', a pesar de que los campesinos se inconformaron con dicha resolución ya que la cantidad de tierra no es la que demandan y por tanto el procedimiento no se ha agotado; dicha resolución viene a constituir una prueba más de la posesión de la tierra por parte de los campesinos.

Los campesinos demandan que se agilice la denuncia acumulada 35/95 presentada por la destrucción de su pueblo.

Que los problemas agrarios se diriman en los tribunales agrarios y civiles y no se conviertan en causas penales.

Se les brinde protección y se les respeten sus derechos amparados en la orden de autoridad judicial de restitución y responsabilizan, como ciudadanos que son, a las autoridades gobernantes, de su seguridad.