Autorizaciones, no concesiones en áreas protegidas del DF: nueva ley ecológica

Alonso Urrutia Por primera vez el Distrito Federal contará con una ley ambiental a nivel local, luego que el pleno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprobó la nueva legislación con el voto en contra de las fracciones del PRD y el Partido Ecologista. Tras un largo debate en lo particular, finalmente el PRI aceptó retirar la figura de ``concesiones'' en el caso de las áreas de conservación ecológica para incorporar la ``autorización'' y la participación de la iniciativa privada en lo referente a la restauración y conservación.

Desde el inicio de la sesión, PRD y PVEM anticiparon su voto en contra en lo general, en virtud de que muchas de sus propuestas no fueron incorporadas en la redacción final de la ley, aun cuando les fue aceptada la modificación en el polémico artículo 87 referente a la concesión de áreas de conservación ecológica.

Con la aprobación de la Ley Ambiental para el Distrito Federal se endurecerán las sanciones en contra de quienes atenten contra el medio ambiente y se incorpora el denominado ecocidio. Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Ecología de la ARDF, Cristina Alcayaga, dijo que la ciudad tiene en la preservación ambiental uno de los mayores retos, pues existen múltiples factores que inciden negativamente en el medio ambiente de la ciudad de México: la densidad poblacional, la desmesurada cantidad y concentración industrial, comercial y de servicios; el altísimo consumo de combustibles y el numeroso parque vehicular.

Alcayaga subrayó que el Distrito Federal era la única ``entidad'' que carecía de una ley ambiental propia. "No disponemos de un marco jurídico específico, pues las disposiciones derivadas de la ley federal que rige en la capital son insuficientes", agregó. La priísta hizo una apretada síntesis de las innovaciones y ventajas de la ley ambiental.

La posible concesión de áreas naturales protegidas fue el centro de las críticas de la oposición. El coordinador ecologista, Jorge Emilio González, aseveró que esta disposición, por sí sola, implicaría votar en contra de la ley. Es lamentable, señaló, que tal disposición se justifique al decir que de esa manera la ecología llegará al mercado y el mercado a la ecología. "Nuestra experiencia es que los particulares no están en posibilidades de garantizar el mantenimiento y conservación de esas áreas. Los negocios lucrativos son, por naturaleza, depredadores.

Por su parte, el petista Germán Aguilar lanzó: "¿De qué se trata? ¿De proteger realmente al medio ambiente, o de seguirlo depredando y deteriorando en beneficio de negocios multimillonarios de particulares? ¿O por qué no decirlo con mayor claridad, en beneficio del club de amigos multimillonarios del regente en turno?

El petista criticó la ausencia de planeación real en materia ambiental y señaló que en la propuesta de ley se daba ``manga ancha'' a la gestión de funcionarios en materia de conservación de recursos.

A su vez, la perredista Dolores Padierna sostuvo que existen graves incongruencias en la ley local respecto a otros ordenamientos federales y locales, como la discriminalidad que se le otorga al regente sobre áreas naturales protegidas.

"En la ciudad siempre han existido presiones políticas, intereses económicos, corrupción, factores que pueden revocar la protección de algunas áreas o liberalizar su uso, por ello se requiere que esta ley sea explícita en cuanto a los alcances de las facultades del regente", indicó.

Al referirse al artículo 87, sobre las concesiones, Padierna manifestó: "Esta ley que define el ecocidio como quien causa daño grave al ambiente, por actividades que afecten los recursos naturales, se convierte la ley misma en un ecocidio. ¿Cómo puede aceptarse que en las áreas naturales protegidas se permita la concesión de servicios si éstos están prohibidos en la Ley de Desarrollo Urbano?"

Tras fijarse posiciones, la votación en lo general permitió su aprobación por 48 votos y 11 en contra. Luego hubo más de siete horas de discusión de los artículos en lo particular y finalmente se aprobaron algunas modificaciones, entre ellas la del artículo 87, que retira la posibilidad de concesionar áreas naturales protegidas.