La crisis institucional paraguaya ha sido transitoriamente superada. Y el país se ahorra así la vergenza de tener un general golpista como ministro de Defensa. Pero mientras una vergenza se desvanece, otra comienza a materializarse. En las recientes elecciones internas del Partido Colorado, Luis María Argaña acaba de salir vencedor, convirtiéndose así en posible candidato presidencial para las elecciones de 1998. En lo cual no habría nada de malo si no fuera que Argaña fue por décadas uno de los personajes prominentes de la dictadura de Alfredo Stroessner, teniendo en su haber el orgullo de haber sido promotor de una iniciativa que pretendía convertir el dictador paraguayo en presidente vitalicio.

Paraguay es la espía de un problema que trasciende sus fronteras y afecta, en distintas formas, a toda América Latina: la aún frágil consolidación de las estructuras del Estado. Por décadas la región ha sido teatro de encendidos debates alrededor de la política económica. El debate sigue y sigue con él una tradición que dificulta la toma de conciencia de la importancia de los factores no económicos en el desarrollo económico.

Mientras nos acercamos a fin de siglo, América Latina permanece al interior de una prolongada crisis del desarrollo que no deja entrever salidas de corto plazo. En la actualidad el PIB per capita regional sigue por debajo del nivel alcanzado en 1980. Ha pasado ya casi una generación desde que la región ha entrado en un nuevo ciclo de la política económica y, sin embargo, los resultados económicos y sociales están aún muy lejos de poderse considerar positivos. Coyunturas desfavorables y estructuras productivas endebles y desequilibradas siguen produciendo movimientos erráticos que impiden definir rumbos consistentes de crecimiento y bienestar.

Pero los recientes acontecimientos de Paraguay sugieren una nueva clave de lectura de esa modernización con estancamiento protagonizada por América Latina. Tal vez el problema central no resida en la economía sino en la política. O, para decirlo mejor, en las instituciones. Es posible que el prolongado estancamiento económico regional esté asociado ya no sólo a una crisis del crecimiento sino también a una crisis de los modelos políticos capaces de sostener sólidos procesos de desarrollo económico.

No obstante algunas señas positivas, el escenario regional sigue dominado por regímenes políticos de arraigadas tradiciones oligárquicas o sistemas centrados alrededor de figuras carismáticas o esquemas corporativo-populistas. Prácticamente en ningún caso nacional encontramos democracias con elevados niveles de participación social, administraciones públicas eficaces e independientes de los vaivenes de la política y amplios márgenes de legitimación social de las instituciones públicas.

En ambientes en los cuales las decisiones más importantes surgen al interior de poderosos círculos económicos y refuerzan redes opacas de intereses escasamente condicionadas por amplias necesidades sociales, la debilidad de las instituciones es virtualmente inevitable. Una debilidad que interactúa negativamente con segmentaciones y desequilibrios económicos que expresan el atraso histórico en la conformación de naciones social, económica y políticamente integradas.

Si se observa la experiencia africana de las últimas décadas, es evidente el gigantesco costo económico asociado a la dificultad de crear estructuras institucionales sólidas, o sea, al mismo tiempo, eficaces y socialmente legitimadas. Y, por el otro lado, es evidente que la gran mayoría de los países hoy económicamente avanzados estuvieron en su tiempo entre los primeros en dotarse de estructuras institucionales de gran solidez. América Latina se encuentra en una fase intermedia entre Africa y Europa occidental en lo que concierne a la construcción de Estados históricamente fuertes.

Japón y Gran Bretaña disponían de instituciones públicas de gran coherencia interna siglos antes que en estos países se desplegaran las energías económicas que debían convertirlos en modelos de modernidad. En esta luz es obligado reconocer que América Latina no invierte aún suficiente capital político para pretender establecer las bases firmes de un desarrollo económico sostenible en el largo plazo. Y mientras en la región la modernización económica avanza sobre instituciones históricamente frágiles, un peligro mayor aparece para complicar aún más el escenario global. El peligro del narcotráfico como factor de descomposición institucional de aquello que todavía no se estructura con la coherencia y consistencia necesarias. Si el narcotráfico y su gigantesco poder de corrupción y disolución institucional son peligros serios para países con instituciones de mayor enraizamiento histórico, en el caso de gran parte de América Latina el riesgo es evidentemente mucho mayor.

Los recientes acontecimientos de Paraguay deberían servir para que aparecieran al orden del día regional dos preguntas. Es posible un desarrollo económico sostenible en el largo plazo sin instituciones públicas sólidas y socialmente enraizadas? Si en América Latina el camino del desarrollo es el camino de la democracia cuáles son los contenidos económicos de la democracia sin los cuales su afirmación se vuelve históricamente frágil?