En los acuerdos sobre reforma política en el DF logrados por el PRI, el PRD y el PT en la Secretaría de Gobernación (La Jornada, 22-IV-1996), esta última expresa su preocupación por lograr ``Conciliar los principios de representatividad democrática con los de gobernabilidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos a la comunidad''.

Esta preocupación gubernamental muestra claramente su concepción limitada, conservadora, de ambos términos de la relación.

A la manera de los politólogos conservadores norteamericanos, se reduce la democracia a un problema de legislación y operación electoral (de ``representatividad''). Por esto, la reforma política aceptada por el gobierno se limita a una reforma electoral incompleta. La democracia no es para ellos una forma de ejercicio del poder en sentido amplio, ni mucho menos de organización y funcionamiento cotidiano de la vida económica, social, cultural y, por tanto, política. Para el gobierno, su ``democracia'' es perfectamente compatible con el autoritarismo abierto del gran capital monopólico nacional y trasnacional que el neoliberalismo lleva a los mayores extremos; con la aberrante exclusión social manifiesta en la pobreza extrema generalizada que la política de los tres últimos gobiernos ha llevado a niveles socialmente inaceptables e intolerables, al ser incapaz de asegurar un crecimiento económico sostenido y una mejor distribución social de la riqueza; o con la corrupción y la violencia institucional incontrolada.

Para nosotros, la gobernabilidad (concepto muy discutible y discutido) no es un problema del sistema electoral o la representatividad, sino del conjunto de la vida social. Una sociedad hundida en la miseria, el desempleo y la sobreexplotación, carente de servicios públicos mínimos para sobrevivir, dominada por una cúpula de grandes empresarios nacionales y extranjeros protegidos, social y culturalmente fragmentada y segregada, agredida por la xenofobia y el racismo de nuestros ``socios'' en el TLC, indefensa ante la violencia individual y gubernamental, sometida a un régimen político decadente y en descomposición, no puede ser gobernable. La gobernabilidad y la democracia, en un sentido mil veces más amplio que el asumido por el gobierno, no son términos opuestos sino íntimamente condicionados. Sin democracia plena no hay gobernabilidad; en los regímenes dictatoriales o autoritarios, la gobernabilidad es sólo una careta que cubre un esqueleto social descarnado.

Lo que realmente muestra la ``preocupación'' gubernamental es el deseo de mantener en sus manos (las del PRI) el control político a través del presidencialismo, el neocorporativismo y el patrimonialismo, que podría perder si la reforma política pasa el límite a partir del cual el régimen político de partido de Estado es debilitado o liquidado. Es obvio que el conjunto de las reformas electorales acordadas no pasa esta raya, pues no transforma ni al Estado ni al régimen político actuales. Sólo son un paso de niño, cuando tendríamos que dar uno de gigante. La transición a la democracia no puede abrirse sino con una nueva constitucionalidad que transforme a fondo las instituciones del Estado y cambie el régimen político.

Llama la atención la preocupación por que las reformas no afecten la ``eficacia'' en la prestación de los servicios públicos. Cuál eficacia y para quién? El interés gubernamental parece ser que la democracia no limite la capacidad que tiene de entregar todas las infraestructuras y servicios públicos al control autoritario y pauperizante de las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, pues ésa es la política real de los gobiernos neoliberales mexicanos. Parecería que se tiene miedo de que la democratización permita a los ciudadanos detener el desmantelamiento del patrimonio público que han construido muchas generaciones de mexicanos y defender su derecho a exigir que el Estado, al que sostienen con sus impuestos, les devuelva algo a través de servicios públicos gratuitos y de buena calidad. Democracia real y gobierno privatizador de servicios públicos sí son incompatibles; por eso, la democratización real pasa por detener la venta de garage del patrimonio social, actualmente en curso.