La votación en el Senado estadunidense que aprobó la nueva ley en contra de la inmigración ilegal es un claro reflejo de la mentalidad xenófoba que se ha ido apoderando de la sociedad del país vecino, y que la infame iniciativa 187 de California no era, como lo argumentaron en su momento las altas esferas políticas de Washington, un asunto aislado, porque la legislación votada ayer es una versión nacional de la disposición californiana. Las actitudes fóbicas contra los extranjeros son un fenómeno generalizado, que se expresa tanto en hechos manifiestamente delictivos como la golpiza que policías estadunidenses propinaron a varios indocumentados mexicanos en Riverside, Californiacomo en declaraciones de prominentes miembros de la clase política y, ahora, en leyes federales.

Como se ha señalado, tales actitudes son capitalizadas con fines políticos en tiempos de campañas electorales y con propósitos de presión sobre soberanías y economías. Ahora se ha dado un paso más: se les ha incorporado al cuerpo legal estadunidense.

Lo ocurrido ayer en el Capitolio es un importante salto cualitativo en la persecución de los extranjeros indocumentados, en la medida en que se abren las puertas para penalizar lo que debiera ser considerado una falta administrativa, se incrementa la indefensión de quienes carecen de la visa reglamentaria, se reglamenta la marginación social y económica de personas que de suyo viven en condiciones de difícil subsistencia y se propician las agresiones contra ellos.

La legislación aprobada no hace distingos de nacionalidad, pero en la práctica apunta, obviamente y en primerísimo lugar, contra nuestros connacionales que cruzan el río Bravo en busca de trabajo. No sólo porque constituyen el mayor número de extranjeros indocumentados en el territorio del país vecino sino también porque el racismo creciente de autoridades, agentes policiales y ciudadanos comunes, tiene en ellos a sus más identificadas víctimas. No es exagerado afirmar, por ello, que la ley citada representa una declaración de guerra de la unión americana contra los millones de trabajadores mexicanos que habitan en ella y que le aportan sus impuestos, su trabajo y su cultura. Qué sigue ahora? Los pogroms?En estas circunstancias, México en su conjunto la sociedad y sus organizaciones, el gobierno, los partidos políticos, las iglesias, los medios está en la obligación de continuar, profundizar e incrementar las acciones de defensa de sus ciudadanos en Estados Unidos.

Es alentador, en esta perspectiva, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya resuelto investigar las agresiones sufridas en semanas recientes por inmigrantes mexicanos en la zona fronteriza de Estados Unidos, como lo solicitó la Cancillería de México después de los sucesos de Riverside. Un posible curso de acción inmediata, en vista de la aprobación de la ley contra los indocumentados, puede ser que se demande a la CIDH que extienda su observación a todo el territorio estadunidense.