A Elorriaga, 13 años de cárcel por terrorismo y conspiración

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 2 de mayo El juez primero de distrito en esta ciudad, Juan Manuel Alcántara Moreno, sentenció a 13 y 6 años de prisión, respectivamente, a los presuntos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin, por los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración.

El magistrado impuso también una multa de 6 mil pesos a cada uno, una amonestación pública ``para que no vuelvan a reincidir'' y, en el caso de Elorriaga, le fueron cancelados sus derechos políticos durante los próximos cuatro años, confirmó a este diario el abogado defensor, Miguel Angel de los Santos.

La notificadora del juzgado entregó en el penal de Cerro Hueco la sentencia condenatoria a Elorriaga Berdegué, y mañana, con la ayuda de un traductor, hará lo mismo con Sebastián Entzin, un indígena acusado de ser ``terrorista y miliciano'' en el EZLN.

La sentencia abarca cerca de 100 hojas y en ella el juez Alcántara Moreno retoma como válidas las declaraciones de María Gloria Benavides -esposa de Javier Elorriaga, acusada también como presunta militante del EZLN- y la denuncia contra los presuntos zapatistas que presentó Salvador Morales Garibay.

Según el abogado defensor, la declaración de Gloria Benavides ``quedó desechada en el momento en que la esposa de Elorriaga fue liberada''. Explicó que también las acusaciones de Morales Garibay ``fueron declaradas sin materia por el propio juez, al no presentarse el acusador a ratificar sus dichos'' en ninguna de las seis ocasiones en que fue llamado al juzgado.

``La sentencia es un signo de guerra, más que de paz'', aseguró este jueves Javier Elorriaga, dos horas después de conocer su situación, y dijo que una vez más se vuelven a basar en las declaraciones ``del fantasma Garibay y de mi esposa, cuando el mismo juez las había desechado hace tiempo.

``Que se pregunte a Eraclio Zepeda, secretario general de Gobierno, si de verdad el EZLN es un grupo armado reconocido por el gobierno federal y el estatal; que le pregunten a los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) si se está negociando con terroristas, o al procurador general de la República, si de verdad los zapatistas son o no un grupo terrorista.

``A mí me juzgan supuestamente por ser terrorista, porque dicen que soy zapatista. Eso no lo han podido comprobar y se basan en declaraciones falsas'', afirmó a este diario.

Finalmente su abogado, Miguel Angel de los Santos, dijo que siempre ha existido ``una intención política'' en el proceso judicial de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin. ``En términos legales, el expediente integrado por la PGR no aporta ninguna prueba, son puras ficciones''.

Sin orden de aprehensión, Javier Elorriaga Berdegué fue detenido por elementos del Ejército Mexicano a las 8:30 horas del 9 de febrero de 1995. Los militares lo interceptaron en el control que el Ejército instaló en el ejido Gabino Vázquez, municipio Las Margaritas.

Elorriaga tenía por lo menos tres meses trabajando en Chiapas, para una empresa de video y como corresponsal de tres empresas extranjeras de televisión. Su trabajo era conocido por las autoridades civiles y militares de la llamada zona de conflicto. Había entrado el día anterior (8 de febrero) hacia la comunidad zapatista Guadalupe Tepeyac. Nada extraño notó el periodista.

Dos días antes de que Elorriaga cruzara el retén militar, la Procuraduría General de la República había integrado la averiguación previa 39/95, y el agente del Ministerio Público mediante oficio 369, solicitó a la Policía Judicial Federal realizara una investigación por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército contra Sebastián Entzin.

El expediente 18/95 de Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin, creció aproximadamente 400 hojas por mes, pesa 50 kilogramos y mide cerca de 70 centímetros de altura, además de estar constituido por más de 20 expedientes que no tienen relación con el acusado, que van desde un asalto a una gasolinera en el municipio de Chiapa de Corzo, hasta un ``pleito'' en un establecimiento distribuidor de pollo en Tuxtla Gutiérrez.