Preparan salida al caso Elorriaga

Rosa Icela Rodríguez y Elena Gallegos El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, se manifestó preocupado por la situación jurídica de los presuntos zapatistas presos Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, y pidió a la delegación de la Comisión de Concordia y Pacificación de Chiapas (Cocopa) empujar una salida conjunta que permita solucionar el conflicto.

De acuerdo con declaraciones de miembros de la Comisión luego de la entrevista con el titular de Gobernación, fueron los panistas quienes se opusieron a buscar ``una inmediata salida política'' que proponía la Secretaría de Gobernación, alegando que ``eso no se había consensado'', incluso esto motivó que varios legisladores priístas y perredistas salieran molestos de la reunión en la casona de Bucareli.

Por su parte el diputado del PRI, Jaime Martínez Veloz, opinó a este diario que ``la sentencia es lamentable'' y ``se da en un momento desafortunado'', además que ``se corre el riesgo de que el proceso de diálogo que se ha negociado, se pierda después de tanto esfuerzo que ha costado''.

Sin explicar el motivo, con un breve monosílabo, el diputado panista Rodolfo Elizondo dijo contundente que no hay lugar para la amnistía de Elorriaga y Entzin, los presuntos zapatistas a los cuales el juez les dictó trece años de cárcel, acusados de terrorismo, rebelión, motín y conspiración.

También los legisladores le dieron a conocer al titular de Gobernación sus puntos de vista sobre la reunión del próximo domingo con el EZLN, que se efectuará en la comunidad de La Realidad en Chiapas, y le hicieron ver que están preocupados por la sentencia judicial de los presuntos zapatistas, que podría agravar el conflicto.

El priísta Martínez Veloz, miembro de la Cocopa, indicó que la sentencia ``es desafortunada porque parece que en este momento, de la reforma del Estado, parece estar más dirigida a complacer a sectores duros que a resolver de lleno'' los problemas. ``Esto no abona al camino de la paz'', expresó.

Dijo que ``la decisión pareciera un mensaje para negociar enmedio de un clima de tensión, lo cual no es el mejor escenario para los acuerdos de paz en San Andrés Larráinzar''.

La sentencia reiteró es lamentable, porque de acuerdo a los hechos y a las pruebas que se han dado a conocer a la opinión pública, son un conjunto de endebles elementos que, en otros casos (Gloria Benavides), no sostiene acusaciones semejantes. Lo cual, dijo ``se entiende como una aplicación discrecional de la ley, lo cual es alarmante''.

Martínez Veloz opinó que las instituciones no necesitan demostrar su fuerza con acciones de este tipo y señaló: ``Ante la contundencia de la sentencia hay que buscar la contundencia de la justicia, sin mensajes negativos, sin venganzas ni la búsqueda de posiciones de fuerza''.

A su vez, la fracción parlamentaria del PRD advirtió que la sentencia dictada el jueves pasado en contra de presuntos zapatistas Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, pone en riesgo la mesa de diálogo en San Andrés Larráinzar, así como el proceso de reforma política.

El PRD advirtió hará uso de todos los instrumentos legales y de la movilización social para que se enmiende esta situación, además que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ``revise'' la actitud del juez Juan Manuel Alcántara, que parece obedecer a ``consignas políticas''.

En una conferencia dada ayer en San Lázaro, los diputados Rosario Robles y Ramón Sosamontes hablaron a nombre del grupo perredista y señalaron que lo ocurrido el jueves, en el juzgado primero de Tuxtla Gutiérrez, es una ``declaración de guerra'', ``una provocación'' que viene a justificar la permanente desconfianza de amplios sectores en la palabra del gobierno.

Los legisladores perredistas se refirieron también al gran temor que esto ha generado entre académicos e intelectuales que actúan como asesores del EZLN en las distintos foros que se han efectuado en San Cristóbal, ``pues en cualquier momento se les puede acusar de terrorismo'', y expresaron que existe procupación en torno a la posibilidad de que se esté preparando una ofensiva militar en la zona zapatista, aprovechando el final del ``tiempo de secas''.

En tanto, trascendió que luego de establecer contactos entre ellos, los miembros de la Cocopa lograron una cita con el secretario Emilio Chuayffet, con quien supuestamente se reunieron a las 14 horas en sus oficinas del Palacio de Bucareli. Diputados y senadores de esa comisión viajarán el domingo a Ocosingo y, por la noche, se entrevistarán con miembros de la Comandancia General del EZLN y con el subcomandante Marcos.

Por su parte, el diputado Juan Guerra, de la Cocopa, lamentó que el gobierno se esté comportando peor que un grupo de ``facinerosos'' sin ética ni responsabilidad moral, ya que centra toda su saña en un hombre que sirvió de correo entre el EZLN y el primer secretario de Gobernación de la administración zedillista, Esteban Moctezuma, buscando tender los puentes para la paz.

``A Elorriaga lo agarraron cuando llevaba un mensaje de Moctezuma a la Comandancia General del EZLN'', dijo Guerra y recordó que la Cocopa, insistentemente, ha solicitado la libertad de los presuntos zapatistas. Luego se preguntó: ``Dónde está la congruencia del presidente Zedillo y los miembros de su gabinete?, porque al acusar y sentenciar a Elorriaga y Entzin como presuntos integrantes del EZLN por terrorismo, admiten que ellos han estado dialogando con terroristas. Esto no tiene pies ni cabeza''.

A su vez, Oscar González Yáñez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y miembro también de la Cocopa, sostuvo que las sentencias de Elorriaga y Entzin en nada ayudan al largo proceso de pacificación que se ha emprendido, y que por ello la comisión legislativa tomará cartas en el asunto.

``Esta situación continuó González no denota que exista voluntad del gobierno para distender el conflicto en Chiapas, ahora que tanto necesita recuperar la credibilidad perdida el 9 de febrero del año pasado''.

Convino en que los presuntos presos zapatistas de nada le sirven al gobierno, ``este tema no ha entrado ni entrará a la discusión de la Mesa de Larráinzar'', por lo que hubiera sido mejor para la parte oficial, en un gesto de buena voluntad, liberarlos.

En tanto, en la conferencia de prensa efectuada en el palacio legislativo, Robles y Sosamontes explicaron que pedirán a la Suprema Corte revise la actuación del juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, debido a que para dictar sentencia a Elorriaga consideró las declaraciones de Salvador Morales Garibay, a quien él mismo había declarado como ``inexistente'', ya que nunca se presentó a ratificar sus declaraciones en las numerosas diligencias que se efectuaron.

``Seguramente las primeras declaraciones de Morales se burló Sosamontesse hicieron en el despacho de Toño Lozano Gracia (titular de la PGR), entonces que él nos diga quién es, porque es el único que, al parecer, lo conoce''.

Al término de la reunión con Gobernación, Oscar López Velarde aclaró que el caso Elorriaga ``no está cerrado'' ni es una cosa juzgada, y que a la Cocopa le interesa que cualquier resolución que afecte al proceso de negociación se apegue a derecho. Los recursos, dijo, son diversos, como la apelación, y recordó que la propia ley da un margen de amnistía como consecuencia del proceso de negociación de paz.