Salvador Morales Garibay, único testigo contra los presuntos zapatistas, cambió su testimonio por protección, señalan fuentes de la PGR

Juan Manuel Venegas Mucho antes de que se aprobaran las reformas constitucionales que darán sustento a la Ley Federal contra el Crimen Organizado, las autoridades federales recurrieron a la protección de testigos: Salvador Morales Garibay y María Bernal, en los casos de las acusaciones a los presuntos dirigentes zapatistas y a Raúl Salinas de Gortari, respectivamente.

En el caso de Morales Garibay, en las fuentes judiciales su paradero sigue considerándose un asunto prácticamente intocable, aun cuando su testimonio fue fundamental para la detención de Javier Elorriaga, María Gloria Benavides y Sebastián Entzin, así como para la ubicación de las casas de seguridad de Veracruz y del estado de México. Morales Garibay, a pesar de que debió presentarse ante el juez que sentenció a Elorriaga y Entzin, no depuso ante la autoridad judicial, y salvo la declaración ministerial por escrito que la Procuraduría General de la República (PGR) divulgó en febrero del año pasado, nada se sabe de él.

Entre las fuentes consultadas en la PGR se dice que él mismo se entregó a cambio de que se le garantizara seguridad. Algunos afirman que estaría fuera del país; otros, que se encuentra en la ciudad de México bajo protección. Nada se confirma, sin embargo, del testigo principal contra los zapatistas sentenciados.La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, planteada al Congreso y para la cual ya se aprobaron el 26 de abril pasado diversas reformas a la Constitución, contempla al terrorismo como uno de los delitos a perseguir dentro del crimen organizado. El juez primero de Tuxtla, Juan Manuel Alcántara, sentenció hace dos días a Elorriaga y a Entzin a 13 y seis años de prisión por los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración.

Bajo los preceptos de lo que será la nueva ley contra el crimen organizado, la no presentación de Morales Garibay como testigo podría enmarcarse dentro del artículo 17 respecto de la reserva de las actuaciones en la averiguación previa, que indica: ``Cuando se presuma fundamentalmente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio en contra de miembros o colaboradores de una organización delictiva a que se refiere esta ley, podrá, a juicio del Ministerio Público Federal, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción penal. Durante el proceso, las partes tendrán derecho a interrogarlo, o bien a que se celebren los careos correspondientes, en cuyo caso se tomarán las providencias necesarias en torno a la víctima o testigo. Ninguna sentencia podrá tomar en cuenta testimonio alguno, cuyo emisor no haya sido identificado''.

Eso dice lo que será la nueva ley, que no existía hace 13 meses, cuando la PGR fundamentó su actuación en el testimonio de Salvador Morales Garibay.

Pero no sólo eso. Aun lo que establece el texto de la propuesta de ley fue violentado en este caso, pues la defensa durante el tiempo que duró el proceso contra Elorriaga y Entzin no tuvo la oportunidad de interrogar a Morales Garibay y la sentencia se dictó sin que el ``emisor'' del testimonio (Morales Garibay) se ``identificara'' ante el juez Alcántara Moreno que, incluso, llegó a requerirlo en diversas audiencias que se llevaron a cabo en el juzgado primero de distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Finalmente, ninguna autoridad se ha comprometido a señalar cuál es la situación jurídica de Morales Garibay, y son varias las versiones entre las fuentes de la Policía Judicial Federal consultadas, sin que ninguna pueda confirmarse.