La Jornada 4 de mayo de 1996

Apelan Elorriaga y Entzin contra la resolución del juez; podrían plantear juicio de responsabilidad ante la Suprema Corte Riesgo latente, que se pueda acusar de terrorismo a los asesores zapatistas en el diálogo, señala a la prensa el sentenciado Emplazaremos a Lozano a aclarar si mintió al afirmar en Lima que el EZLN no es terrorista: Centro Pro Juárez Anuncia la fracción parlamentaria del PRD movilizaciones para revertir la decisión

Triunfo Elizalde No puede afirmar categóricamente que el presidente Ernesto Zedillo haya ordenado que se le condenara a 13 años de prisión, porque hacerlo equivaldría a estar loco ya que no tiene pruebas para ello, ``pero sí puedo señalar que la sentencia, carente de fundamento jurídico, sólo se explica como producto de una decisión política acatada por el procurador general'', dijo ayer Javier Elorriaga Berdegué, durante una conferencia de prensa por vía telefónica celebrada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.


Conferencia de prensa de los abogados y la esposa de
Javier Elorriaga Berdegué en el centro de derechos
humanos Miguel Agustín Pro.
Foto: Arturo Guerra

Comentó que ``una vez que conocí la sentencia, al principio dudé de apelar jurídicamente, pero son tan evidentes las fallas en que cayó el juez Juan Manuel Alcántara Moreno que he pensado que sobre su decisión debe haber otra autoridad superior que analice y rechace la arbitrariedad de que estoy siendo objeto'', para lo cual considera, en broma, que ``hay que ir a bailar a Chalma''.

Afirmó que no es extraño que dentro del contexto condenatorio no se tome en cuenta su actividad periodística, ``como se desconocen pruebas y recursos legales que hablan de mi inocencia de la acusación de activista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)''.

Respecto del grupo rebelde, hizo notar que ``no me es posible saber cuál será la reacción de los zapatistas, pero sin duda tomarán en cuenta el mensaje de guerra que para ellos significa mi sentencia y el hecho de que el juez de la causa precise que el caso no está cerrado porque todavía hay pendientes órdenes de aprehensión por cumplirse''.

Del papel que jugó como mensajero entre el entonces presidente electo Ernesto Zedillo y el subcomandante Marcos, Elorriaga Berdegué hizo saber que ``dichos contactos se dieron con Zedillo antes de que Esteban Moctezuma fuera nombrado secretario de Gobernación, pero sí este funcionario conoció de algunos acercamientos, que en total fueron ocho, por lo que no sería descabellado que mis abogados defensores lo citaran a declarar en torno a mi caso como intermediario y no como zapatista en activo''.

Para su esposa, María Elisa Benavides Guevara, presente en la conferencia realizada por la organización humanitaria, la sentencia de 13 años de prisión dictada en contra de su marido ``si bien nos irrita y duele por Javier, no obstante, lo preocupante radica en el grado de descomposición y dependencia que ha alcanzado el Poder Jurídico en México respecto del Poder Ejecutivo''.

Hizo saber que toda la familia del acusado esperaba que Javier Elorriaga fuera absuelto por falta de pruebas, ``por lo que nos sorprendió conocer el fallo del juez primero de distrito''.

Agregó María Elisa Benavides Guevara: ``Estamos indignados, muy molestos, sobre todo por las irregularidades del caso, que se pueden desbordar en actos de persecución contra otras personas en el país. Sentimos que el futuro jurídico del México se oscurece para nuestros hijos y, en especial, para la juventud''.

Por su parte, David Fernández Dávalos, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y los abogados Enrique Flota Ocampo, Pilar Noriega García, José Lavanderos, Digna Ochoa y Víctor Brenes, dieron a conocer ayer las medidas que esa organización no gubernamental pondrá de inmediato en práctica para continuar la defensa de Javier Elorriaga Berdegué.

De acuerdo con el artículo octavo constitucional, ``emplazaremos al titular de la Procuraduría General de la República, José Antonio Lozano Gracia, a que aclare a quién le mintió, si al juez, a quien afirmó que el EZLN es una organización terrorista, o a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo recién celebrada en Lima, Perú, en la cual --según las agencias Dpa y Efe-- negó que el EZLN sea un grupo terrorista''.

Afirmó Fernández Dávalos que en cualquier caso ``ya ha quedado en evidencia la ligereza del procurador general y su proclividad a mentir''.

En base al artículo 109 y 110 constitucionales y séptimo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez promoverá una demanda de juicio político ante la Cámara de Diputados contra el juez primero de distrito de Tuxtla Gutiérrez y el procurador general, ``por haber atentado contra la legalidad y el Estado de derecho''.

Asimismo, ``impugnaremos la sentencia a través del recurso de apelación, dentro del cual consideramos llamar a declarar a Esteban Moctezuma, con objeto de acreditar que, durante su gestión como secretario de Gobernación estuvo enterado del papel de mensajero jugado por Javier Elorriaga entre el presidente Ernesto Zedillo y el EZLN''.

Entzin y Elorriaga presentaron su apelación contra la resolución

Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 3 de mayo Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin, sentenciados a 13 y seis años de prisión como presuntos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, presentaron este viernes su apelación en contra de la resolución del juez primero de distrito de esta ciudad, Juan Manuel Alcántara, y afirmaron que su sentencia es ''un mensaje peligroso'' para el diálogo de paz en San Andrés Larráinzar.

Elorriaga Berdegué señaló que la actitud del juez es ``contraria al espíritu que existe a nivel nacional, que busca una salida pacífica y negociada al conflicto armado que se vive en Chiapas'', y dijo que reafirmó que es ``absurdo'' mantener los cargos de terrorismo y, sobre todo, que la sentencia se base en las declaraciones de Salvador Morales Garibay.

``No tiene lógica jurídica ni política'', añadió en la conferencia de prensa con los periodistas, y sostuvo que el proceso contra los dos presuntos zapatistas es ``político'' y no jurídico.

Alcántara Moreno sentenció el jueves a 13 y seis años de prisión a los presuntos miembros del EZLN Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin Gómez, por los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración.

El juez federal les impuso también una multa de 6 mil pesos, una amonestación pública ``para que no vuelvan a reincidir'', y en el caso de Javier Elorriaga Berdegué le fue cancelado durante cuatro años sus derechos políticos, confirmó a este diario el abogado defensor Miguel Angel de los Santos.

``Me siguen acusando de ser terrorista nada más por ser presuntamente parte del EZLN, y eso no es un mensaje de paz, es un mensaje de guerra'', ratificó, e insistió en que la sentencia es un mensaje negativo para los delegados zapatistas que participan, desde hace un año, en el diálogo de San Andrés Larráinzar.

``Pero también para los asesores zapatistas --agregó--. Como siga así la Procuraduría General de la República, más vale que los otros 300 asesores zapatistas vayan pidiendo su amparo''.

Elorriaga Berdegué dijo que nada tenía que pedirle al presidente Ernesto Zedillo. ``No tengo por qué si ellos están violando la ley, ese es su problema'', puntualizó.

Aseguró que se siente seguro de que no estará los 13 años en el penal de Cerro Hueco, ``ni en ninguna cárcel del país'', y anunció a los periodistas que está analizando con sus abogados poder demandar un juicio de responsabilidad civil para el juez ante la Suprema Corte de Justicia.

La sentencia contra de Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin consta de cerca de cien hojas y el juez primero de distrito de Chiapas, Juan Manuel Alcántara Moreno, vuelve a tomar como válidas las declaraciones de María Gloria Benavides (esposa de Javier Elorriaga) y Salvador Morales Garibay, quien nunca se presentó a declarar.

Viola el presidente Zedillo su propia ley, dice Rosario Ibarra

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 3 de mayo Las sentencias de 13 y seis años de cárcel para Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin Gómez, respectivamente, ponen en riesgo las pláticas de paz entre el gobierno federal y el EZLN, ya que con ello el gobierno del presidente Ernesto Zedillo viola su propia Ley de Amnistía para la Concordia y Pacificación de Chiapas, consideró la diputada federal Rosario Ibarra de Piedra.

Agregó Ibarra de Piedra que este hecho tal parece que representa una provocación al EZLN para que se retire de las pláticas de paz. Anunció que el Comité Eureka emprenderá una gran campaña nacional e internacional hasta lograr la liberación de ambos sentenciados, lo mismo que de todos los presuntos zapatistas presos hasta el momento.

Expuso la luchadora social y presidenta del Comité Eureka --para la defensa de presos políticos y que exige la presentación de desaparecidos-- que es una gran injusticia la que se ha cometido con los dos indiciados, a quienes el gobierno federal acusa de ser presuntos zapatistas.

Ibarra de Piedra, quien llegó a una diputación federal con el apoyo electoral del Partido de la Revolución Democrática, aunque no pertenece a dicha organización política, afirmó que en ningún momento la Procuraduría General de la República aportó pruebas en contra de Elorriaga y Entzin Gómez, y que el juez Juan Manuel Alcántara Moreno se basó en las declaraciones de un ``fantasma'', el ex guerrillero Salvador Morales Garibay, quien jamás se presentó a ratificar los cargos.

Agregó que no importa la pena que el juez Alcántara Moreno dictó a los dos acusados de zapatistas, pues de igual manera agrupaciones como el Comité Eureka ``los sacaremos de la cárcel, al igual que a los cientos de luchadores sociales que han sido detenidos injustamente''.