El fallo judicial que condena a Javier Elorriaga y a Sebastián Entzin viene a sumarse a una extensa colección de decisiones polémicas por parte del poder judicial. Si agregamos Huejotzingo, tendremos elementos de un patrón que se repite: en los casos que adquieren relevancia y se hacen públicos, las más de las veces se consigue documentar el atropello, y, sin embargo el poder judicial no se conmueve. Un paréntesis justo debiera ser el caso Aguas Blancas, en que las conclusiones de la fiscalía especial fueron enmendadas por la apreciación de la Suprema Corte, pero hubo que recurrir a un nivel superior para buscarle salidas legales que se hicieran cargo de las implicaciones políticas de los fallos originales.

El caso del fallo del juez chiapaneco (posiblemente ojalá rectificable) y el empecinamiento poblano en el caso Huejotzingo (igualmente sujeto a revisión), son sintomáticas. Las luces han estado dirigidas a lo que sucede en el máximo foro de la reforma del poder judicial, pero acaso hace falta enfocarlas a la tramoya del poder que se quiere reformar. En el ámbito local sobran ejemplos, la cruzada moralizadora no ha sentado sus reales.

Otro indicador trágico de las dificultades que encara la administración de justicia es precisamente su capacidad para atraer las lecturas políticas de cada uno de los fallos. Así, si hubiera alguna salida al caso Huejotzingo inmediatamente se leería, por vastos sectores de la opinión pública, como una nueva muestra de las concertacesiones que el gobierno está urgido de intentar con la derecha de este país (bautizo por lo demás concurrido); simétricamente, buscar una solución política satisfactoria en el caso Elorriaga podría ser interpretado como las cesiones que según las circuntancias se deben ensayar con la izquierda nacional (bautizo que se resiste a ser inaugurado). Lo que se extraña en cualquier caso es la objetividad que el derecho supuestamente encarna. Del derecho se habla como de las ferias, según como te fue.

Este alegato se cruza además con las percepciones sobre las atribuciones aceptables o no para la construcción del pregonado nuevo federalismo. Y otra vez, como en la feria, si el poder federal interviene o no para resolver casos concretos, la lectura que se privilegiará no será la del diseño institucional que se intenta, sino la de las implicaciones coyunturales que se puedan desprender de tal o cual medida. El peor de los mundos: intervenir debilita, no intervenir debilita también. El punto preocupante es que las resoluciones del poder judicial, cualesquiera que éstas sean, fácilmente se tornan inverosímiles.

Acaso la tragedia que acompaña al cuadro es que mientras para la izquierda Huejotzingo ha merecido burlas y sustancialmente se ha leído como un gesto veleidoso (nunca exento de sospechas) de Acción Nacional, la absurda sentencia de Elorriaga y Entzin acaso no alcance a conmover conciencias entre los sectores que son críticos del EZLN. Lo paradójico, pues, es que no ha sido fácil sumar adhesiones y tornar agravios particulares en ofensas universales. Y de lo que estamos hablando es del Derecho, un parámetro social que en principio no debiera admitir discrepancias sustantivas. No se trata tampoco que éste sea el reino de las inamovibles certezas, empero, uno esperaría mayor solvencia para dirimir asuntos que tocan entrañas del poder llamado al arbitraje.

La plurivalencia de los fallos del poder judicial puede ser leída como una inequívoca señal del complejo tránsito de hábitos políticos en que estamos inmersos, pero no deja de ser preocupante el hecho que la actuación del poder judicial resulte impugnada de manera tan cotidiana. No hemos encontrado la manera de hacer que las reglas efectivamente ordenen comportamientos y sean acatadas. Huejotzingo, Elorriaga y Entzin, más lo que se sume esta semana, son expedientes que acreditan la distancia entre los hechos y el sentido común, finalmente la distancia que aún le guardamos al país de leyes que todos decimos desear. Finalmente, si rutinariamente hay que recurrir a instancias superiores de negociación para destrabar desarreglos locales, es hora de apretar el paso para que las reformas del poder judicial no sólo contribuyan a crear una cultura de leyes, sino que conozcan expresiones en el ámbito más cotidiano, el ámbito local.