La sentencia, decisión legítima y autónoma del Poder Judicial, indican Gobernación y la PGR en un comunicado La ley de conciliación se promulgó cuando ya se procesaba a los presuntos zapatistas, señalan

Notimex, México, 5 de mayo En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), señalaron que la sentencia de 13 años de prisión para Javier Elorriaga Berdegué está apegada a derecho y a lo que marca la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Ambas dependencias indicaron que Elorriaga Berdegué puede apelar la determinación del juez para que una autoridad judicial superior la revise y, en su caso, modifique, revoque o confirme la sentencia; también señalaron que consecuentes con la voluntad del Ejecutivo federal, manifiestan su disposición para que dentro de dicha ley alcancen éxito las negociaciones que se realizan.

Puntualizaron que la sentencia contra Elorriaga, alias Vicente, presunto integrante de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue una decisión del Poder Judicial de la federación, en ejercicio de su plena autonomía e independencia. Indicaron también que luego de dictarse la condena, se han formulado peticiones y requerimientos para revisar si dicho fallo viola o no la Ley para el Diálogo que entró en vigor el 11 de marzo de 1995.

Tanto la Secretaría de Gobernación como la PGR recordaron que el artículo cuarto de dicha ley establece ``que las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN que se encuentren sustraídos a la acción de la justicia''.

Aclararon que cuando entró en vigor dicha ley, Elorriaga Berdegué, acusado de los delitos de sedición, motin, rebelión, terrorismo y conspiración, ya estaba sujeto a la acción de la justicia, por lo que no es aplicable dicho precepto.

El comunicado destaca que a los defensores de Elorriaga tuvieron la oportunidad de presentar todos los elementos de descargo que consideraron convenientes, así como de combatir cualquier prueba en su contra que a su juicio resultara improcedente.

La PGR se limitó a cumplir su obligación conforme a los ordenamientos que señala su participación en ese tipo de procesos y el juez valoró libremente las pruebas, y en el marco de la más absoluta división de poderes emitió su resolución, indicaron las dependencias.