El 8 de febrero de 1995 supuestamente compareció ante el Ministerio Público Federal una persona de nombre Salvador Morales Garibay, como se lee en la averiguación previa número 1125/D/95. En su deposición, el delator de quien no se sabe si está vivo, muerto o desaparecido (puesto que nunca se presentó a ratificar sus denuncias) acusó a Javier Elorriaga, a Jorge Santiago y a otros más de ser dirigentes del EZLN. El procurador general de la República, el mismo que ostenta este cargo en el momento de escribir estas líneas, dijo entonces (9/2/95) que sobre estas personas y otras que largo sería mencionar se ejercía acción penal por los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración, terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército [...] y provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio (La Jornada, 10/2/95, las cursivas son mías).

El mismo día 9 de febrero, mientras la PGR acusaba a Elorriaga, a Santiago y a otros de terrorismo, el presidente de México, jefe inmediato del procurador general de la República, declaraba que su gobierno atendería ``con rapidez y eficiencia las legítimas causas de inconformidad'' del grupo rebelde y que reiteraba su disposición al diálogo y la negociación con sus dirigentes. El Presidente dijo también que ``a fin de proteger a la población'' y de velar ``por la seguridad de los mexicanos y preservar la paz social'' se habían girado las órdenes de aprehensión contra quienes presuntamente han violado la Constitución y cometido múltiples y graves delitos (tomado del mensaje íntegro del presidente de la República, ídem, página 6. Las cursivas aquí también son mías).

Como puede apreciarse, los mensajes del procurador y del Presidente son ligeramente distintos; pero más que los mensajes las actitudes. Me explico: mientras el procurador acusó a los presuntos dirigentes zapatistas de terrorismo, entre otros delitos, el Presidente, aunque hizo propias tales acusaciones, propuso la formación de la Cocopa, aceptó la propuesta del EZLN de reconocer a la Conai como instancia de mediación y designó al secretario de Gobernación para entablar negociaciones con el EZLN (véase el mensaje de Zedillo ya citado).

Para el presidente eran el EZLN y sus supuestos dirigentes con órdenes de aprehensión terroristas o los que se inconformaron, como reiteradamente se refería a ellos en sus discursos? En mi opinión, con el reconocimiento de que las causas de la rebelión eran justas, con la formación de la Cocopa, con la aceptación de la Conai como instancia mediadora, con la designación del secretario de Gobernación como negociador, con la ley promulgada para el Diálogo y con los acuerdos firmados entre gobierno y EZLN como resultado de la Mesa I del diálogo, el gobierno de Zedillo y el Congreso de la Unión aceptaron tácitamente que la acusación de terrorismo era equivocada o, por lo menos, improcedente. La misma ley para el diálogo, el diálogo mismo y la Declaración Conjunta Gobierno Federal-Cocopa del 7 de mayo de este año, contradicen o por lo menos soslayan la acusación de terrorismo, por lo que se infiere, una vez más, que el gobierno de Zedillo se mueve con doble cara y usa un lenguaje doble o, pensando tortuosamente, que el procurador sigue una línea y su jefe otra.

Si en el Ejecutivo hay dos líneas, la del procurador y la del Presidente, mal. Si el Ejecutivo (del que forman parte la PGR y Gobernación) está actuando con doble lenguaje, peor. La primera opción es mala, y no peor, porque el problema se resuelve imprimiéndole una sola línea al gabinete de gobierno. Pero si el Ejecutivo tiene dos palabras: la negociadora y la dura, entonces la situación sí es grave, pues una lleva a atender las causas del levantamiento y la otra a la acción represiva, a la guerra.

El gobierno, por apresuramiento, por una mala asesoría, por bisoño, por lo que sea, creó este problema desde el 9 de febrero de 1995 y cayó en contradicciones como las señaladas. Es el gobierno el que tiene que encontrar salidas al embrollo en que se metió, con una lógica democrática, justa, inteligente, política. De no hacerlo, de sostener que los zapatistas son terroristas y al mismo tiempo que el EZLN es una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó, estaremos en el umbral de una dictadura. Sólo en las dictaduras se llevan a cabo, y se consienten, juicios viciados desde su origen por razones políticas que no se quieren reconocer.