El generalizado clamor por la democratización del país ha cobrado tono de urgencia. La instauración de un estado democrático pleno ha dejado de ser una aspiración de largo o mediano plazo, para convertirse en una necesidad inmediata y coyuntural. Hoy es claro que el avance a la democracia es una de las tres piezas fundamentales del rompecabezas nacional, junto con la superación de la crisis económica y la reformulación de las políticas de procuración de justicia justicia a secas y justicia social y seguridad.

No resultan extrañas, en este contexto, las pertinentes declaraciones hechas ayer por Juan Sánchez Navarro, uno de los más importantes ideólogos del empresariado nacional, en el sentido de que se requiere ``un cambio radical en las estructuras políticas''.

Ello implica, en primer lugar, la consecución de acuerdos acabados entre las fuerzas partidarias representadas en el Congreso de la Unión para establecer una reforma electoral que haga del sufragio democrático un método incuestionable y transparente para elegir autoridades, en un marco de real competitividad y equidad, y con plena independencia del gobierno. La instauración de reglas de equidad y competencia real entre los institutos políticos obligará a éstos a adoptar mecanismos democráticos de gestión de la vida partidaria y de selección de candidatos.

Pero una mera regulación electoral no será suficiente para desarticular las vastas redes de intereses y complicidades que obstaculizan el advenimiento de la democracia. En forma paralela a la legislación electoral, es necesario que las estructuras corporativas que aún permanecen en el país las obreras y gremiales y las empresariales, en primer lugar den paso a formas de representación y participación libres, transparentes y horizontales. Y esta tarea es responsabilidad principalísima de los propios segmentos de la ciudadanía que aún se encuentran sujetos a tales agrupaciones.

El pasado primero de mayo dos vertientes del movimiento obrerola Coordinadora Intersindical y el Foro ``Sindicalismo ante la Nación'' desacataron las órdenes de las cúpulas obreras tradicionales, marcharon al Zócalo y con ello dieron muestras de su independencia y determinación democrática y pusieron en evidencia la creciente bancarrota del sindicalismo corporativo oficial. Sería saludable que un hecho semejante ocurriera en el ámbito de las cámaras y confederaciones empresariales. La democracia, para serlo, debe operar en todos los órdenes de la vida política, social y económica del país.