Llama la Permanente a resolver los procesos conforme a derecho y que sigan las negociaciones de paz

Elena Gallegos e Ismael Romero La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronunció por que los casos de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin se resuelvan conforme a derecho y por que la delegación gubernamental y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) continúen las negociaciones de paz. Ese órgano decidió también refrendar todo su apoyo a las tareas que ha hecho la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

La firma del punto de acuerdo por los cuatro partidos representados en el Congreso se logró dos horas después de que se discutiera el tema en la tribuna, donde el PRD y el PT criticaron a la Secretaría de Gobernación y al procurador Antonio Lozano Gracia, y hablaron del ``sentimiento de inutilidad'' que empieza a invadir a los miembros de la Cocopa, por lo que no descartaron la disolución de esa instancia.

Los priístas, en voz de Pablo Salazar Mendiguchía, buscaron atenuar la situación. Se refirieron a la firme decisión del EZLN de evitar la confrontación militar, a la voluntad del Ejecutivo para mantener el diálogo y superar el incidente propiciado por las sentencias a Elorriaga y Entzin, y a la certeza de que, dentro del marco del derecho, se dará una solución a este asunto.

Salazar sostuvo que hoy es especialmente útil la Cocopa, puesto que, en las crisis, lo que se necesita es fortalecer los puentes, no destruirlos, y porque esa comisión ha sido un puente eficaz entre las partes a lo largo del proceso.

En general, los opositores sólo el PAN eludió el debate acusaron: quienes le apuestan a la desestabilización del país están dentro del gobierno, ``ahí se encuentran los verdaderos terroristas''.

Enseguida, punzaron: los peores enemigos de Chiapas a decir de Irma Serranoson el gobernador Julio César Ruiz Ferro; su secretario de gobierno, Eraclio Zepeda, que ``alguna vez se la dio de intelectual y defensor de los derechos humanos'', y el procurador de justicia del estado, ``quien tiene más antecedentes penales que todos los zapatistas juntos''.

El diputado del PRD Juan Guerra leyó párrafos completos de algunas de las misivas que forman parte del intercambio epistolar sostenido en 1994 entre el entonces presidente electo Ernesto Zedillo y el subcomandante Marcos y, sarcástico, dijo que, con un juez como Alcántara, Zedillo, los asesores del EZ y los legisladores que integran la Cocopa han tratado con terroristas, por lo que deben ser procesados.

Entre las citas leídas por Guerra, se encuentran párrafos de una carta fechada el 11 de octubre de 1994, en la que el presidente electo le escribe al líder zapatista: ``reciban un saludo y mi agradecimiento por su disposición de mantener esta línea de comunicación. Pongo a su consideración que de ahora al primero de diciembre tenemos una circunstancia especial favorable para iniciar y avanzar en un diálogo que reúna las condiciones deseables de discreción y eficiencia''.

Otra cita más: ``le reitero todo el contenido de mi anterior comunicación. Y les aseguró que estaré pendiente, en la medida de mis capacidades, de que no se incurra en actos de violencia por parte de las autoridades''.Entones, Guerra alzó la voz: ``Zedillo se comprometía con ellos. Y qué dice el artículo 35 del Código Penal, pues que se aplicará la pena de uno a 20 años de prisión y multa hasta de 50 mil pesos al que oculte o auxilie a espías o exploradores de los rebeldes sabiendo que lo son. ``El mismo Código prosiguió estipula que se aplicará la pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de 10 mil pesos al que, teniendo conocimientos de las actividades de un terrorista y su identidad, no la haga saber a las autoridades.

``Zedillo remató luego de aclarar que ni siquiera se reía de tan descabellada situación, por lo patético de la misma, de acuerdo con los criterios de Alcántara, conocía de la existencia de un terrorista y no lo hizo saber a las autoridades''.

Guerra había hecho ya una larga enumeración de las que llamó ``provocaciones'' para romper el diálogo de paz, desde los sucesos del 9 de febrero de 1995 cuando se supuestamente se reveló la identidad del subcomandante Marcos hasta los desalojos violentos y la aprehensión de Fernando Yáñez, quien se dijo que era el comandante Germán. Se refirió concretamente al procurador de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, como uno de los que han montado esas provocaciones. Mencionó precisamente el caso de Yáñez y el cateo al domicilio de Gloria Benavides y Javier Elorriaga, efectuado después de un extraño ``asalto''.

En cuanto al procurador Lozano Gracia, lo acusó de usar un doble lenguaje, ya que al mismo tiempo que decía en Lima, Perú, que el EZ no era una organización terrorista, sostenía lo contrario en el juicio contra Elorriaga y Entzin.

Quién monta todas estas provocaciones?, se preguntó repetidamente. Comentó entonces que estos actos, que buscan alterar el ritmo de las negociaciones para la paz, se han dado siempre en momentos coyunturales, y señaló que, ante ello, los miembros de la Cocopa tienen un límite y no quieren ser usados como piezas de ajedrez.Para Guerra, se está demostrando que no se desea que el país resuelva sus problemas; que la reforma del Estado no les importa; que hay intereses de narco-corrupción muy fuertes y que quienes apuestan a la desestabilización del país no están en el EZ, sino dentro del gobierno.

También Alfonso Primitivo Ríos, del PT, cuestionó el que la Secretaría de Gobernación esté instrumentando una política para ``minimizar'' lo pactado en la mesa de ``Derechos y Cultura de los Pueblos Indios'' y lo logrado, en general, en San Andrés Larráinzar.Asimismo, sostuvo que la política del gobierno hacia Chiapas ha promovido la formación de grupos paramilitares; ha fortalecido la presencia del Ejército en la entidad y ha abonado para que se paralice la negociación con el EZLN.

La senadora Irma Serrano, cuya aparición en tribuna fue precedida de discretos y anónimos silbidos, solicitó que se le llevara a la cárcel porque ella se siente y es ``hermana de sangre, de alma y de ideales de los zapatistas'', a quienes ella misma ha ayudado ``para que tengan para su comida y su defensa''.A lo largo de su alocución, la ahora legisladora independiente tropezó varias veces con algunas palabras, ante las risillas pacientes del auditorio. Nunca atinó a pronunciar el apellido de uno de los sentenciados, Elorriaga. Tampoco desestabilización, a la que de paso llamó ``mendiga palabra''.Entre deshilvanado y chistoso, el discurso de la Serrano fue desde la convocatoria a que, ``nos guste o no'', se apoye a Zedillo porque, al fin y al cabo, ya está sentado tratando de conducir al país, hasta recriminar a los legisladores que vayan a las cámaras a defender al amigo, al cuate, al partido y no a los mexicanos.

Luego, para demostrar que los del EZ no son ``asesinos'', se refirió a que no ha muerto ninguno de los que han tratado con miembros de esa organización: ``ni los de la Cocopa, ni Camacho Solís, aunque quisieron matarlo políticamente, y no ha muerto tampoco ese señor de recursos humanos que merece todos mis respetos''. En realidad la Serrano aludía a Jorge Madrazo Cuéllar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.El tema lo puso sobre la mesa Mauro González Luna, quien después de un alegato que él mismo describió como de ``naturaleza jurídica'', concluyó que el fallo del juez no puede calificarse sino de ``trístemente célebre'' y muestra la antinomia lacerante entre el derecho verdadero y la arbitrariedad revestida con el ropaje legaloide.

Para el perredista, una aplicación correcta, serena, reflexiva y técnicamente adecuada de las categorías legislativas, impunemente subvertidas por el juez Alcántara, llevarán a la conclusión de que las conductas de Elorriaga y Entzin son atípicas y que, por tanto, ``ambos deben ser acreedores de este bien tan grande que es la libertad''. Cuando ello se logre terminó su intervención González Luna-, podrá reanudarse esa alianza rota entre el buen derecho, no el falso, no esa legalidad al servicio de intereses facciosos, y la política como gestión del bien general, y no como oportunidad de lastimar en la entraña de la nación.

El senador Salazar Mendiguchía respondió los argumentos de los opositores, y buscó conciliar, al señalar que todo proceso de negociación política enfrenta desencuentros, tensiones y diferendos que le dan el carácter de incidental.

``Quiero aquí sumar mi voz defendió el chiapaneco para aportar la cuota de mesura que requiere este momento difícil para el proceso en Chiapas. Me parece que lo sustancial aquí es la voluntad de las partes para mantener, por encima de las circunstancias, su capacidad de dialogar''.

Expresó que para la Cocopa el asunto de Elorriaga y Entzin no es caso cerrado ni cosa juzgada, en tanto los sentenciados tengan intocados sus medios de defensa, como la apelación o el juicio de amparo.

Finalmente, Salazar reiteró que seguiría trabajando con emoción en la Cocopa ``porque no quiero la guerra; porque quiero contribuir a la restauración del diálogo y porque no quiero que mueran los que no deben morir''.