La justicia sufrió un doble revés en el espacio de unos cuantos días. Mientras Javier Elorriaga y Sebastián Entzin recibieron una sentencia condenatoria por el delito de terrorismo, los culpables de la matanza de Aguas Blancas se libraron de una investigación federal. En ambos casos la Procuraduría General de la República (PGR) aparece como ajena e incapaz de restablecer el Estado de derecho con el que el presidente Ernesto Zedillo dice estar comprometido. Es aparente, en cambio, que en el país coexisten dos sistemas jurídicos que se aplican a discreción del gobierno.

Las bases legales sobre las que ha actuado el procurador Antonio Lozano Gracia son insostenibles en uno y otro caso. Después de recibir la opinión de la Suprema Corte de Justicia sobre los crímenes cometidos en Guerrero, la PGR se declaró incompetente para conocer el asunto, alegando que ``no hay delitos federales''. De esta manera decidió ignorar que en Aguas Blancas hubo una flagrante violación de garantías individuales y que, de acuerdo a la Constitución Política (artículos 102 y 103) y al Código Penal (artículo 364), la PGR tiene la obligación de perseguir estos delitos.

Por su parte, las pruebas que presentó el Ministerio Público federal en el proceso en contra Elorriaga y Entzin no resisten una valoración justa: el principal testigo de la parte acusadora ni siquiera aparece, y la mayor parte de la evidencia ya fue desechada en otros procesos. El juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Juan Manuel Alcántara, condenó a los presuntos zapatistas por delitos que incluso el Estado por medio de la Comisión de Concordia y Pacificación y la Secretaría de Gobernación niega que existan. El propio procurador Lozano Gracia ha caído en contradicciones al tratar de caracterizar al EZLN, pues no logra encuadrarlo en su esquema político-jurídico.

En realidad, el problema radica en los malabares legales en que una y otra vez ha incurrido el gobierno de Zedillo para lograr determinados fines políticos dentro de un Estado de derecho o a pesar de él. Como consecuencia, la procuración de la justicia se ha subordinado a las necesidades inmediatas del régimen, y la ley se ha convertido en un mero instrumento político. En la práctica el Estado de derecho ha sido vaciado de la objetividad y la imparcialidad que son sus características intrínsecas: esto ha quedado en evidencia en los casos de Elorriaga-Entzin y de Aguas Blancas, en los que el gobierno ha utilizado una vara distinta para medir la justicia.

El gobierno cuenta en todo momento con una amplia gama de posibilidades para proceder en circunstancias muy variadas. Tiene la facultad legislativa para hacer y cambiar leyes, pero de manera más inmediata tiene a su alcance un conjunto extenso de códigos y medidas legales que se pueden aplicar casi a cualquier caso: puede o no cumplir un determinado reglamento administrativo, sancionar una actividad como delito o, bien, determinar que éste no quedó tipificado o, habiéndolo sido, no ejercer la acción penal cuando la ley así lo permite. En la realidad las conbinaciones son infinitas.

Aun el orden jurídico más formal y estructurado sobrevive la capacidad discrecional del gobierno y, por ende, la posibilidad de que la política influya en la aplicación concreta de la ley. El derecho puede ser, como en Guerrero, un mecanismo para proporcionarle una salida a Rubén Figueroa; como en Tabasco, una manera de posponer indefinidamente la solución; como en el caso de Juan García Abrego, un recurso para evitar dar explicaciones o, como en Chiapas, un mecanismo con que amenazar a los zapatistas. Todo depende de la intención y la voluntad real del gobierno.

Durante este sexenio la procuración de justicia ha sido especialmente errática, pues el gobierno no siempre ha podido conciliar la letra de la ley con los intereses políticos que guían sus acciones. Cuando Antonio Lozano no ha sido capaz de inventar la salida político-jurídica que el presidente Zedillo quisiera, la iniciativa se ha trasladado al Congreso de la Unión o, cada vez más frecuentemente, al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Como resultado, en poco tiempo se ha desvirtuado el espíritu de leyes fundamentales y, de aún mayor trascendencia, trastrocado el sentido de justicia que debería regir en el país.