La senadora Kay Bailey Hutchinson, quien encabezó la delegación norteamericana en la XXXV reunión interparlamentaria con Estados Unidos, se permitió dar una opinión acerca de nuestra economía, atribuyendo nuestros problemas a las reminiscencias sociales (sic) que tenemos todavía en México, refiriéndose específicamente al carácter estatal de Pemex.

La senadora Hutchinson acusa, desde luego, un completo desconocimiento de la realidad mexicana: en primer lugar porque la estructura de esta empresa, que aunque jurídicamente es paraestatal, en los hechos pertenece realmente al pueblo mexicano, está constituída por el equipo industrial de extracción del petróleo, el de la separación del gas asociado, las plantas criogénicas de refinación y, desde luego, las de petroquímica, que junto con los yacimientos de petróleo y de gas seco y los oleoductos y gasoductos, forman parte del patrimonio económico que el pueblo mexicano recibió cuando Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, el 18 de marzo de 1938, y luego al nacionalizarse el subsuelo mexicano mediante la modificación del párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución general de la República.

Cárdenas mismo explica las razones de fondo que determinaron la necesidad de tomar una decisión de tanta trascendencia, en el texto del manifiesto que da a conocer a la nación en la noche del 18 de marzo de 1938: ``Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al poder ejecutivo de la nación con su negativa de cumplir con el laudo del más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva, que debe resolverse urgentemente.

``Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país lo que lo exige. Es el interés público de los mexicanos, y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, el cual ha olvidado que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas y pretende eludir los mandatos y obligaciones impuestas por las autoridades del propio país''.

La importancia que Cárdenas le confiere al ``interés social de la clase laborante y al interés público de todos los mexicanos'', lo lleva a concluir que es la soberanía misma de la nación la que está en juego, por quedar expuesta a las maniobras del capital extranjero.

Los conceptos en relación con la soberanía, expresados por el eminente internacionalista Isidro Fabela, apoyan sin lugar a dudas esta tesis, cuando dice: ``La soberanía exterior [nacional], implica necesariamente la existencia de la soberanía interior, y no existe ni se concibe la soberanía interior de una nación sin los derechos de legislación, jurisdicción, dominio y soberanía territorial, sobre los recursos naturales de un país''.

En nuestro caso, la soberanía interior está configurada por el interés general del pueblo mexicano y por su derecho indiscutible para legislar y ejercer actos de dominio sobre sus recursos naturales, tal como lo planteaba Fabela.

Cualquier situación que pudiera ser consecuencia de actos realizados desde dentro o fuera del país, y que restringiera el dominio del pueblo sobre sus recursos naturales, sería lesivo para la soberanía popular, de la misma manera que debilitaría la soberanía nacional en el contexto internacional. La expropiación, pues, de los bienes de las empresas petroleras que explotaban desde finales del siglo pasado y hasta 1938 el subsuelo petrolero, se habían constituido, por su inmenso poder, en un Estado dentro del Estado mexicano, con tal fuerza que se negaron a cumplir con un laudo de los máximos tribunales laborales y de la propia Suprema Corte de Justicia del país.

Al rescatar Cárdenas el dominio del pueblo sobre sus recursos petroleros no había, como dijo la senadora norteamericana, ``origen en políticas socialistas estabilizantes aplicadas durante muchos años'', sino simplemente la restauración de la soberanía nacional y del dominio del pueblo sobre sus recursos naturales, que es el sustento de la soberanía popular ante la rebeldía de las empresas trasnacionales petroleras, que se enfrentaban así al gobierno y al pueblo mexicano.

Cárdenas fue el primer jefe de Estado en el mundo que percibió, con toda precisión y larga visión histórica, que el petróleo habría de significar no solamente un bien comerciable, sino un gran valor estratégico, fundamentalmente para las grandes potencias que se disputaban la hegemonía mundial cuando el planeta estaba al borde de la segunda Guerra Mundial.

Con el transcurso del tiempo, si acaso ha cambiado esta situación ha sido precisamente en el sentido de acentuar el valor estratégico del petróleo en todo el mundo y, para no abundar demasiado en ello, bastaría recordar la guerra conocida como La tormenta del desierto que se desató contra Irak, por su carácter bélico y amenazante, en relación con la disciplina de los países miembros de la OPEP en el Medio Oriente.