Determinan en Colombia que sigue vigente el acuerdo de extradición con EU

Ap, Pl, Afp, Efe y Reuter, Medellín, 8 de mayo El presidente colombiano, Ernesto Samper, canceló hoy una reunión con la Cámara de Comercio local, ante el temor de sufrir otro desaire, pues a su llegada a esta ciudad se encontró con numerosos desplegados de prensa en los que un millar de empresarios insistieron en pedirle su renuncia al mandatario.

Horas después, la Corte Constitucional de Colombia determinó que el tratado de extradición firmado con Estados Unidos en 1984 sigue teniendo vigencia, pese a que la Carta Magna de 1991 prohibió expresamente la entrega de ciudadanos colombianos a la justicia de otros países.

En un fallo emitido esta noche, los magistrados José Gregorio Hernández, Hernando Herrera y Bladimiro Meza, estimaron que la Constitución obliga al gobierno a cumplir con los tratados y convenios internacionales firmados con anterioridad, y señalaron que estos compromisos no pueden ser ``desconocidos'' unilateralmente por la Constitución. Los magistrados subrayaron que cualquier otro convenio que establezca la extradición de colombianos firmado después del 7 de julio de 1991 viola la Constitución, e hicieron énfasis en que todos los suscritos antes de esa fecha deben ser acatados. "La bilateralidad del tratado implica que los Estados firmantes celebran acuerdos con autonomía e independencia y lo que acontezca después en sus regímenes no tiene por qué ser tenido en cuenta para modificar convenios", indicaron los magistrados.

La extradición de ciudadanos colombianos quedó prohibida en la Constitución de 1991, en una decisión que fue considerada como una concesión a los capos del narcotráfico, luego de queLos Extraditables iniciaron una guerra en 1988, que costó la vida a cientos de personas, incluyendo dirigentes políticos, jueces y civiles. Sin embargo, tras la promulgación de la nueva Ley fundamental, Los Extraditables cesaron sus ataques, que, entre otros, costaron la vida al ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, a la postre remplazado por César Gaviria.

Persiste rechazo empresarial

Samper, quien es investigado por el Congreso por presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral, parecía encaminarse ahora a nuevos procesos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el Consejo de Etica de su Partido Liberal (PL), al establecerse que sobrepasó en más de 7 millones de dólares el tope de esa campaña.

Aunque fuentes allegadas al presidente negaron que el mandatario haya temido un desaire de los empresarios de Antioquia, por lo cual habría decidido cancelar la reunión, lo cierto es que ese sector publicó desplegados a plana entera en periódicos de la región con su demanda de que renuncie incondicionalmente. Los empresarios señalaron que Samper debe renunciar porque "el uso a su legítimo derecho a la defensa ha hecho imposible el correcto ejercicio del gobierno". Añadieron que si bien con esa ``patriótica decisión'' no se resolverán los problemas, sí se despejaría el camino para iniciar un largo proceso de reconstrucción política, económica, social e institucional.

Tras la cancelación de su discurso ante los empresarios, Samper calificó a sus detractores de ``hipócritas'', y reiteró que no piensa renunciar y que se mantendrá en el cargo hasta 1998, "porque mi salida del gobierno no va a resolver absolutamente nada".

Dijo estar lidiando con hipócritas que desean cargarle las culpas de graves situaciones históricas del país, como el narcotráfico, la guerrilla y la delincuencia.

Apuntó que esto es injusto y absurdo, y que los síntomas de desaceleración de la economía no son consecuencia de la crisis política, pues si se comparaba a Colombia con Venezuela y otros países, ``estamos bien''.

El gobernante, acusado de recibir dinero del narcotráfico para su campaña de 1994, comparó su situación con el ``estigma injusto'' que sufrió la ciudad de Medellín por haber sido sede del entonces poderoso cártel mafioso que llevó su nombre y dirigió Pablo Escobar.

En tanto que una organización cívica denominada Ciudadanos de Samper anunció la recolección de un millón de firmas para pedir al Congreso una ley de perdón y olvido sobre la causa contra el presidente, la Comisión de Etica del PL decidió investigar la conducta del mandatario, con objeto de determinar si durante la campaña se violaron los topes de ley sobre financiamiento establecidos.

Justamente dos magistrados del CNE, que hace tres meses abrieron una investigación preliminar en torno a la campaña samperista, recomendaron al organismo elevar cargos contra el gobernante debido a una posible extralimitación en los gastos hasta por 7 millones de dólares, cuando en 1994 el tope permitido era de 4 millones.

En otros asuntos se informó que el escritor Gabriel García Márquez intermediará entre la familia y los secuestradores de Juan Carlos Gaviria, hermano del secretario general de la OEA. La familia Gaviria dijo que enviará al escritor toda la información requerida sobre sus ingresos y propiedades, como pide el grupo secuestrador, Dignidad por Colombia. Este a su vez, dijo que liberará al rehén si obtiene el ``veredicto'' del escritor sobre la fortuna del ex gobernante.