A quién sirve Lozano Gracia?
La justicia, parcial en la PGR

A quien conviene que se retire del cargo Antonio Lozano Gracia? La pregunta ha surgido de manera insistente a propósito de dos hechos recientes: el caso Aguas Blancas, en Guerrero, y la condena de los presuntos zapatistas Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, los que al mismo tiempo serán esgrimidos como argumentos para una demanda de juicio político que contra el procurador general de la República promoverían legisladores del PRI y el PRD.

Las fallidas declaraciones y acciones de Lozano Gracia en esos dos casos se suman a la poca efectividad que ha mostrado el funcionario en investigaciones como la de Luis Donaldo Colosio, Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu, o en el escandaloso gasto de campaña del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, entre otros, y que lo hacen aparecer más como un hombre al servicio de un grupo que al servicio de la justicia.

Para no pocos panistas, ya no se diga priístas y perredistas, el procurador general de la República comienza a convertirse en un activo político de alto costo electoral para Acción Nacional, en tanto frente a la opinión pública aparece como el encargado del trabajo sucio del gobierno. Lozano Gracia y su indisoluble identificación con el panismo cuesta ya más en imagen para ese partido que los beneficios que le reporta su posición.

Efectivamente, es imposible comprobar, como se ha dicho en no pocos círculos, que el encargado de la procuración de justicia metió la mano en el dictamen que sentenció a 13 y seis años, respectivamente, a Javier Elorriaga y a Sebastián Entzin. Sin embargo, las respuestas que sobre el tema formuló Antonio Lozano Gracia lo hicieron ver, por lo menos, como un ignorante en la materia que debía dominar.

Luego calentó más el asunto cuando junto con la Secretaría de Gobernación, la PGR emitió un comunicado que más que una aclaración a la torpe actuación del juez primero de distrito Juan Manuel Alcántara, pareció una amenaza al EZLN, lo que tensó al máximo el conflicto chiapaneco y llevó las cosas al punto de echar por tierra las pláticas entre los alzados y el gobierno federal.

Aún no se aclaraba la situación de Elorriaga y Entzin cuando la PGR se declaró incompetente en el caso del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, hecho en el que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo violaciones a las garantías individuales, en las que incurrieron, entre otros, el propio Rubén Figueroa Alcocer.

Si los desatinos de Lozano en la sentecia de Elorriaga provocaron indignación e hicieron evidente por lo menos parcialidad del procurador -lo que fue el detonante de una demanda de juicio político en su contra-, el caso de Aguas Blancas lo dejó ver como defensor del ex gobernador de Guerrero y como un funcionario que aplica la justicia de acuerdo con el momento y el caso político del que se trate.

Por qué ejerce la PGR la facultad de atracción en casos como el de Colosio, Ruiz Massieu y Tabasco, y no en el caso Aguas Blancas? Es o no una muestra de que en la justicia de Lozano prevalecen más los criterios políticos, de grupo o las instrucciones de instancias superiores, que el interés general o los ordenamientos que su cargo le demanda?

En realidad las contradicciones del procurador lo acercan cada vez más a la posibilidad de abandonar el cargo, al que llegó más por una decisión política que por sus habilidades. Sólo que el efecto esperado con su designación, la credibilidad en la aplicación de la justicia y la imparcialidad esperada, no se han cumplido. Para el gobierno y para el PAN Lozano Gracia se ha convertido en un problema en el que Acción Nacional ha pagado la peor parte.

En el camino

Ante la proximidad de los tiempos electorales comenzaron a aparecer las diferencias panistas que, existentes siempre, se habían ocultado. Ahora unos no son panistas, otros no pueden con el paquete recién ganado y en autoentrevistas se incurre en lo mismo que motivó la expulsión de no pocos de ellos. El juego sucio reaparecerá ahí ante el espejismo del poder