Legisladores del PRD: Lozano dio la espalda a la nación en Aguas Blancas

Ismael Romero y Elena Gallegos El caso Aguas Blancas fue llevado a la tribuna de la Comisión Permanente, y en un largo debate jurídico el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acusó al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Lozano Gracia, de estar dando la espalda a la nación y de haber asumió una decisión ``política'' carente de fundamento y motivación, al no ejercer la facultad de atracción para investigar la matanza de campesinos en aquel lugar del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

``Es una decisión que va encaminada a mantener la línea de impunidad de que goza Rubén Figueroa y su equipo de asesinos'', señaló desde la tribuna de la representación legislativa el senador Héctor Sánchez López.

Como ya es usual, cada vez que se lanzan críticas a la labor de Lozano Gracia, el Partido Acción Nacional sale en su defensa. En esta ocasión el senador Juan de Dios Castro, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, rechazó que la PGR haya tomado una decisión política.

Sostuvo que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público de Guerrero integre la averiguación previa y, en su caso, proceda la acción penal contra el gobernador con licencia, Rubén Figueroa, pero dijo que desearía que a la luz de las nuevas pruebas que se encuentren se pudiera configurar algún delito federal, y de este modo pudiera intervenir la PGR.

Castro sostuvo después un debate jurídico con el diputado de la fracción perredista Mauro González Luna, al que se sumó el senador priísta Salvador Rocha Díaz.

Sánchez López fue el primero en abordar el tema, con dos puntos a los que hizo alusión: la procedencia del juicio político contra Rubén Figueroa y la actitud de la PGR al declinar su intervención en la investigación de los hechos del 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas.

González Luna preguntó al pleno si el Presidente de la República y su procurador están dando anuencia a la impunidad, y que si no se ponderó el inconveniente jurídico de dejar al arbitrio de autoridades locales de Guerrero la indagatoria, que se han caracterizado por su imparcialidad.

El grupo legislativo del PRD, dijo, apoya la solicitud de reabrir el proceso de juicio político contra Figueroa en la Cámara de Diputados, pues manifestó que el informe de la Suprema Corte de Justicia no hizo más que confirmar a éste como factor central del régimen de excepción, terror y arbitrariedad que imperó en Guerrero desde su llegada al poder.

Con respecto a la actitud de la PGR, el perredista expuso que es ``inconcebible'' que la dependencia haya determinado que no existe delito federal en la matanza de Aguas Blancas. ``Esto va en contra de la más elemental lógica de interpretación literal de la Constitución'', añadió.

En su réplica al perredista, Juan de Dios Castro dijo que le alentaba que el PRD le tuviera credibilidad a la PGR, pero que también le desalentaba que esto fuera reflejo de la falta de confianza que hay en las instancias de justicia locales.

Castro Lozano opinó, con respecto a la demanda de juicio político, que ahora sí hay elementos suficientes que nada impiden su celebración, pero con sólo dos alcances: la destitución y la inhabilitación.

El senador panista apuntó después que hasta hora no cabe la facultad de atracción por parte de la PGR, pues no existe delito federal alguno. Pero subrayó que a partir de las nuevas pruebas puede aparecer un delito federal, y habrá que ver entonces si Figueroa cometió algún delito penal.

González Luna tomó la palabra y aclaró que si el PRD ha exigido la intervención de la PGR no es por confiabilidad, sino porque es su obligación. Afirmó que al no ejercer su facultad de atracción, la PGR cometió un grave atentado al espíritu y a la letra de la Constitución.

Fue él quien dijo que existe responsabilidad del procurador por sus actos u omisiones, y que éste le ha dado la espalda a la nación.

Intervenciones adelante, el priísta Salvador Rocha Díaz se sumó al debate jurídico de Castro Lozano y González Luna, pero previo a ello acusó al PRD de insistir en una investigación para que se determine la responsabilidad de quienes ellos ya juzgaron o de quienes ya han juzgado.

Sacó a cuento una anécdota de su pueblo, San Miguel de Allende, de una viejita que se hizo famosa porque fue a confesarse y le dijo al padre: ``Acúsome, padre, de que levante un falso que parece ser que salió verdad.

``Aquí lo que se ha repetido en relación a la eventual responsabilidad de Rubén Figueroa y de sus colaboradores en el gobierno del estado, es eso: los señores han levantado falsos continuamente y esperan que salga verdad'', dijo.