Por años se relegó a la seguridad pública, dijo el procurador capitalino

Ricardo Olayo y Alonso Urrutia Durante años la seguridad pública en México quedó relegada y no se le consideró como una razón de Estado. Se le apostó más a una relativa tranquilidad política en lugar de la justicia, afirmó el procurador capitalino, José Antonio González Fernández, quien ofreció que para finales de 1997, se podrán abatir los niveles delictivos y la ciudad tendrá una Procuraduría ``muy eficaz''.

El funcionario destacó la importancia de las recientes reformas legales y dijo que no se pueden valorar en lo inmediato las acciones puestas en marcha, si sólo se atiende al crecimiento del índice delictivo.

En contraste, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis de la Barreda, opinó que con frecuencia, ``como si se tratara de un fetiche'', la autoridad recurre a las reformas para mejorar el sistema de justicia, y advirtió que como resultado de la más reciente modificación legal que permite las escuchas telefónicas, dos artículos constitucionales pueden entrar en contradicción.

Explicó que el artículo 21, plantea que la investigación de los delitos es facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, mientras que el 16, apenas reformado, tiene imprecisiones pues deja abierta la posibilidad de que cualquier autoridad, incluidos jueces, pueden autorizar la intervención de las líneas telefónicas para aportar pruebas en un proceso.

De la Barreda Solórzano reiteró su crítica a la disminución de la edad penal, a las penas impuestas a quienes pretendan salvar la vida de gente secuestrada y dijo que la impunidad es el ``agujero negro'' de la justicia en México.

El ombudsman agregó que se requiere ``tomarse más en serio'' la profesionalización de los cuerpos policiales, dar mejores salarios y reforzar las medidas de prevención y persecución del delito.

González Fernández y De la Barreda, participaron en el Foro de Seguridad Pública que organizó el PAN capitalino. Ambos coincidieron, por separado, en que es necesario invertir dinero en la recuperación de la seguridad pública, un asunto que cada día preocupa más a la ciudadanía.

Por la mañana, González Fernández planteó que la disyuntiva en este tema está en las prioridades que tenga el gobierno para ejercer el gasto publico. Como ejemplo explicó que el presupuesto de la Procuraduría, con todo y un incremento del 60 por ciento, representa menos del costo de construcción de 3 kilómetros del Metro.

Los mil 800 millones de pesos que recibió este año la PGJDF, la colocan como una dependencia ``super privilegiada'' por el aumento que recibió, y sin embargo consideró que los recursos no son suficientes.

En lo que fue una virtual comparecencia ante un auditorio panista, el ex secretario general del PRI y asambleísta con licencia, dijo en respuesta a las preguntas de algunos asistentes, que se requiere de más dinero para instalar una red de cómputo y realizar una mejor labor de investigación, porque la carga de trabajo ha hecho que ``el Ministerio Público se limite a recibir papeles y no investigue, de tal manera que va a ser difícil que disminuya la delincuencia''.

Comentó que el crecimiento del índice delictivo está íntimamente ligado a las deficiencias policiales y normativas de las instituciones, pero es un indicador de problemas de integración de las familias, de la ausencia de valores éticos y de obstáculos para acceder a otras opciones de vida.

González Fernández indicó que las reformas penales y la modernización policial permitirán eliminar focos de delincuencia que existen actualmente en colonias como la Buenos Aires o Peralvillo, ``y entonces comenzaremos a llenar las cárceles de delincuentes'', subrayó.

Sobre la profesionalización de los agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial, informó que se someten a un riguroso programa de selección y que actualmente hay 800 alumnos en clases y otros 475 que están aplicando sus conocimientos en diversas áreas, sin quedar aún adscritos formalmente.