Asesores del EZLN y cientos de personas más se ``entregan'' en la Procuraduría

Ciro Pérez Silva y Juan Manuel Venegas Encadenados frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), más de 250 personas reclamaron ayer que se les aplicara la ley en los mismos términos con que se ordenó el encarcelamiento y la sentencia a Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Entzin.

Hombres, mujeres y niños que dijeron ser zapatistas, rechazaron ampararse y ponerse a la defensiva. Decidieron presentarse voluntariamente para entregarse y dijeron ser ``culpables'' de buscar una paz justa y digna en Chiapas y por tratar de impedir la guerra en México.

``Por todo ello, y porque no creemos que el gobierno esté dispuesto a seguir el camino para alcanzar una paz digna, nos declaramos culpables y nos ponemos a la disposición de la PGR para que haga lo conducente, en el marco de sus códigos de castigo y de penalización, hoy perfeccionados hasta el extremo para golpear y amordazar a los mexicanos que no estamos ni estaremos dispuestos a callar'', advirtieron.

En lo que fue el primer acto de protesta por la sentencia dictada a Elorriaga Berdegué y a Entzin Gómez, convocado por asesores e invitados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al diálogo de San Andrés Larráinzar, un grupo de manifestantes se reunió con el subprocurador de Averiguaciones Previas, Manuel Galán Jiménez, quien no encontró elementos para encarcelarlos y reconoció que la labor de los asesores es ``encomiable''.

Los asesores, que entregaron al subprocurador un documento con más de 250 firmas en el que exponían sus razones para declararse culpables, insistieron ante el funcionario de la PGR en que tanto Elorriaga como Entzin debían estar protegidos por la Ley de Concordia y Pacificación. Galán Jiménez argumentó que esa decisión está en manos del Poder Judicial y no de la PGR, por lo que pidió a los asesores del EZLN llevar sus demandas a esa instancia.

Sin embargo, los asesores e invitados del EZLN al diálogo de San Andrés sostuvieron que el Poder Judicial actuó con base en una investigación previa integrada por la PGR, por lo que ``tienen responsabilidad en el hecho'', y preguntaron si esa dependencia estaba consciente de que con su actitud ``podía revivir el conflicto armado en Chiapas''.

Galán Jiménez recibió finalmente el documento y se comprometió a llamar a los manifestantes la próxima semana.

Mientras tanto, en la explanada de la PGR se gritaban consignas para exigir la liberación de los presuntos zapatistas.Académicos, intelectuales prácticos y teóricos, técnicos, trabajadores manuales, estudiantes, sindicalistas, artistas, campesinos, periodistas, desempleados en busca de contratación, jóvenes en pos de un primer empleo y ancianos en defensa de sus pensiones reiteraron su culpabilidad por no haber escatimado energías y entusiasmo ``para tratar de impedir la guerra en México''.

Ciudadanos con los rostros cubiertos con pasamontañas y paliacates, ``hijos e hijas de la fortuna y del dolor de este país al cual amamos y hacemos día con día y mantenemos con vida a pesar de sus gobernantes'', gritaron su culpabilidad porque desde el 1o. de enero de 1994 marcharon en incontables manifestaciones, firmaron cartas y desplegados, ayunaron en huelgas de hambre, donaron juguetes no bélicos, ``todo con tal de oponernos al derramamiento de sangre'' en México.Se declararon culpables de anhelar un cambio civil y pacífico hacia un sistema político mejor ``que la pesadilla instituida y heredada por Carlos Salinas de Gortari''; culpables de haber aceptado la invitación de los indígenas de Chiapas para hacer posible un diálogo ``franco, plural y abierto de la sociedad mexicana consigo misma, con el fin de apostar a una verdadera transición democrática''.

Se dijeron responsables de oponerse ``al enfrentamiento brutal de los mexicanos contra los mexicanos, y de pensar que la condena a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin es parte de la anulación del Estado de derecho y de la preparación de los últimos detalles para una salida militar al conflicto de Chiapas''. Encadenados frente a la PGR, una comisión les informó que el procurador no había podido recibirlos porque ``estaba muy ocupado buscando a los asesinos de Colosio o quizá al Chupacabras'', dijeron los enviados Julio Moguel, Antonio García de León, Armando Bartra, Eugenia Gutiérrez y Luis Hernández Navarro.