``No sabes con quién estás tratando! Vas a perder la chamba!''

Los anteriores son gritos clásicos en las delegaciones policiacas cuando alguna persona se dice influyente y considera que ha sido tratada con abusos por parte de los agentes del orden.Los policías, por su parte, ya están acostumbrados a estas amenazas y por lo general en vez de moderar su actuación se endurecen, pues se puede decir que en el 99.99 por ciento de las veces los pretendidos influyentes no lo son.

Pero qué pasa cuando los influyentes sí lo son? Y, sobre todo, qué ocurre cuando los agentes efectivamente cometen abusos?La respuesta, por lo general, es la siguiente: cuando los policías efectivamente incurrían en abusos y eran formalmente acusados, en apariencia se les castigaba. Pero en realidad los mecanismos tradicionales de protección entre los cuerpos policiacos entraban en funcionamiento y los malos agentes desaparecían unos días; o se les cambiaba de adscripción dentro de su misma organización; y en casos extremos eran cesados, pero pronto encontraban empleo en otra corporación u otro estado.

Los nuevos programas de combate a la delincuencia incluyen la creación de un padrón de policías, de manera que se pueda tener un seguimiento de sus trayectorias a nivel nacional y se evite que al incurrir en ilícitos puedan emplearse en otro cuerpo policiaco.

Esto es a nivel general, pero ayer se presentó un caso que puede poner a prueba todos estos planes de control, pues unos agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, efectivamente, no supieron con quién se metían.

La víctima fue el asambleísta Antonio Paz Martínez, del PRI, a quien aprehendieron e incomunicaron durante algunas horas, junto con un grupo de vecinos de la colonia Guerrero que habían acudido al político para que los auxiliara en un caso de fraude.

Los acusados no han sido identificados, pero se sabe que actuaron bajo el mando del director de Investigaciones del Sector Central de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Hermenegildo Mones Marmolejo, quien los secundó en su actuación ilegal, según denunció el asambleísta Paz Martínez.Los delitos que obran en contra de estos agentes son detener a un grupo de personas sin orden judicial, mantenerlos incomunicados y utilizar vehículos sin placas y sin logotipos ni numeración de la procuraduría. A todo ello se deberá sumar la violación del fuero del asambleísta.

Lo peor para los agentes es que no podrán alegar ignorancia, pues su jefe superior, el procurador de Justicia del Distrito Federal, José Antonio González Fernández, era miembro de la Asamblea de Representantes (ARDF) cuando pidió licencia para desempeñar su actual cargo y, seguramente, no tolerará la violación del fuero constitucional de uno de sus ex compañeros.

Así dice la ley

Amigos y defensores de los supuestos militantes del EZLN Javier Elorriaga y Javier Entzin sostienen que ellos fueron sentenciados como presuntos terroristas en un proceso penal plagado de irregularidades, como la acusación de un supuesto testigo de cargo que nunca apareció en público.

También en favor de los sentenciados se dice que deberían quedar protegidos por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que aprobó el Congreso de la Unión a propuesta del presidente Ernesto Zedillo con el fin de establecer las condiciones necesarias para el inicio de las negociaciones de paz con el EZLN, que ahora están a punto de interrumpirse precisamente por las condenas contra Elorriaga y Entzin.

En apariencia el conflicto podría desactivarse si el gobierno federal, en particular el jefe del Ejecutivo federal, decidieran pedir la suspensión de la acción penal. Sin embargo, los asesores jurídicos del gobierno federal consideran que esa forma de actuar no procede porque significa violar la autonomía del Poder Judicial, cuyo fortalecimiento ha sido una de las preocupaciones de la gestión del presidente Zedillo y, además, contravendría la mencionada ley para la pacificación.

Al respecto, resulta conveniente citar textualmente el artículo 4o. de la referida ley, para que se puedan hacer conclusiones a partir de la misma:``Con objeto de propiciar condiciones para el diálogo y la conciliación a partir de la fecha de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación y durante los 30 días naturales inmediatos siguientes, las autoridades judiciales competentes mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra de los integrantes del EZLN que se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, y ordenarán que se aplace por dicho término el cumplimiento de las órdenes de aprehensión dictadas dentro de dichos procedimientos. De igual manera, la Procuraduría General de la República suspenderá, por el mismo plazo, las investigaciones relativas a los hechos a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley.

``Si ha iniciado el diálogo dentro de dicho plazo, se mantendrán las suspensiones mencionadas en el párrafo anterior, siempre que continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de concordia y pacificación a que se refiere esta ley''.

La mencionada norma fue publicada el sábado 11 de marzo de 1995 y para entonces Elorriaga y Entzin ya estaban presos.

Por ello, lo que queda es que se materialice la declaración del jefe de los negociadores del gobierno, Marco Antonio Bernal, en el sentido de encontrar una solución que no signifique quebrantar una ley.

La cosecha

A pesar de las diferencias y los conflictos políticos vigentes, avanza el proceso para consolidar la reforma electoral. Una demostración de ello son los trabajos de la Comisión Plural para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, que actualmente preside la perredista Rosario Robles. Ayer se anunció que quedó constituida la comisión redactora de las iniciativas de cambios o adiciones a las actuales disposiciones en la materia. Los integrantes son Píndaro Urióstegui Miranda y Saúl González Herrera, del PRI; Jesús Zambrano y Javier González, del PRD, y Eduardo Guzmán y José Narro Céspedes del PT, lo cual significa que este organismo es paritario... El combate al narcotráfico también será uno de los temas centrales de la reunión Interparlamentaria México-Canadá, que se iniciará el próximo día 15 en Ottawa, capital de Canadá. Como ocurre en este tipo de encuentros cuando se realizan en el extranjero, la delegación mexicana la preside el presidente de la Gran Comisión del Senado, Fernando Ortiz Arana. Otros asuntos en la cartera son el intercambio comercial a poco más de un año de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que las dos naciones firmaron con su común vecino, Estados Unidos. A diferencia del reciente encuentro entre los legisladores mexicanos y estadunidenses, se prevé que el encuentro mexicano-canadiense no tendrá aspectos conflictivos.