Se da seguimiento a todos los grupos que pueden alterar la paz: Ruiz Ferro

Propondrá el gobernador al Congreso que una comisión plural investigue la violencia, señala a La Jornada Documento enviado a Gobernación afirma que tienen armas no sólo los chinchulines, sino grupos allegados a diversas corrientes

Salvador Guerrero Chiprés, enviado, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de mayo En Chiapas ``hay nubarrones y resistencias'' al cambio y al respeto de la ley. Los obstáculos avalan la determinación del gobierno federal, estatal y de los partidos políticos de impedir la existencia de grupos al margen de ella, dijo el mandatario estatal, Julio César Ruiz Ferro, en alusión a los grupos que se enfrentan en Chiapas, particularmente en el municipio de Chilón.

Anunció que planteará al Congreso formar una comisión plural que porponga métodos para investigar y resolver el problema sin afectar el proceso de pacificación.

En un documento en poder de la Secretaría de Gobernación se informa que tanto elementos del grupo priísta Los Chinchulines como seguidores del edil perredista (ex priístas y miembros de organizaciones como ORCAO, CNPI y CIOAC) están armados, por lo que es necesario ``llevar a cabo el desarme de todos los grupos'' en el municipio y en el estado. El expediente agrega: ``La constante amenaza de secuestrar ganaderos, pequeños propietarios, comerciantes y población'' ha provocado el éxodo de familias amenazadas por otro grupo, el de ``los Aguilar Mejía'', supuestamente vinculado con PRD y con organismos campesinos. En Chiapas, señaló el gobernador en entrevista, ``es legítimo participar en política, pero no acudir al uso de las armas para tratar de resolver viejas afrentas o cobrar supuestas cuentas pendientes. Todos los sectores deben estar dispuestos al cambio. Fueron la negativa al cambio y la resistencia a la ley y la justicia lo que ocasionó la revuelta de enero de 1994''.

Sostuvo que el gobierno del estado está pendiente de todos los procesos y grupos que pudieran interferir en el diálogo u obstaculizar el compromiso de dar respuesta a las demandas sociales.

En un documento enviado a la Secretaría de Gobernación al que tuvo acceso La Jornada se detalla que, a diferencia de la interpretación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la trifulca en la que murió un dirigente priísta de Bachajón no se debió a problemas electorales, sino a una serie de intereses generados por la posesión de la tierra, el usufructo de bancos de materiales, la representación política y la dispersión de los poblados frente al centralismo.

Bachajón Centro es la cabecera de los dos ejidos más grandes del estado y probablemente del país: San Jerónimo y San Sebastían.

El documento cita que en 1953 se solicitó ditar de tierras a 786 campesinos tzeltales del ejido San Jerónimo Bachajón. Luego de realizar trámites durante cinco años, el gobierno del estado y la Presidencia de la República resolvieron la petición de los campesinos.

La primera solicitud para ampliar el ejido se presentó en 1961 y se resolvió en 1968, pero hasta 1973 no se había ejecutado y en ese año se solicitó una segunda ampliación, para la que hubo respuesta definitiva en 1984 y se ejecutó tres años después.

El lento proceso de asignación, el modo de apropiación de los escasos bienes y los mecanismos excluyentes de gobierno dividideron al división del ejido.

Desde antes de que el PRD ganara la municipio, el año pasado, ya había dos grupos antagónicos: la Organización Centro Bachajón, y otro integrado por las autoridades municipales anteriores.

El documento dice que las confrontaciones se recrudecieron por la presencia de algunos maestros bilinges que ``en lugar de dedicarse a la enseñanza han aumentado los conflictos agrarios''.

Las 25 comunidades incorporadas al Centro Bachajón, dispersas en las cañadas de Guadalupe Paxilá y Jetjá estiman que ``las autoridades, desde años atrás, se han elegido sin tomar en cuenta su opinión''.Muchos ejidatarios tienen certificados de derechos agrarios pero carecen de las tierras. Pagan impuesto predial y trabajan en predios que son de sus padres o de otras personas.

La administración de los bancos de grava ubicados en Bachajón y en la comunidad de Temo ha creado también fricciones. Hace nueve años que los administradores no rinden cuentas al ejido.

Hace cuatro años que Centro Bachajón no trabaja con las autoridades ejidales. La casa ejidal de Centro Bachajón se construyó sin ayuda del grupo detentador del poder ejidal.

El grupo antagónico está conformado por ejidatarios de las cañadas, quienes acusan a los de Centro Bachajón de pretender quedarse con los bancos de materiales y estiman que las ampliaciones de dotación de tierras no deben afectar la estructura de la comunidad y quieren mantener la libertad de vender y comprar productos en Centro Bachajón.

``Esta dicotomía interna que tiene en la incertidumbre social al ejido se ha agudizado con la injerencia de maestros bilinges de la zona, que han apoyado a autoridades muncipales y manipulado a los campesinos en favor de sus intereses personales'', indica el documento.

Es necesario evitar ``la imposición de falsos liderazgos'', agrega el texto en alusión a todas las instancias en donde la autoridad ``se convierte en instrumento de una facción''.

El Grupo Juvenil Revolucionario, que después se llamaría ``Luis Donaldo Colosio'' y al que se le conoce como Los Chinchulines incorporó a la reivindicación del control del banco de grava demandas relacionadas con el transporte ejidal y la comercialización de café. Según el documento de Gobernación, ``dista mucho de ser un grupo armado''.

``Naturalmente, en la región no se descarta que existan armas en manos de diversos grupos de campesinos que tienen diferentes orientaciones políticas e ideológicas'', agrega.

``Organizaciones que han ocupado predios tienen armas''. Se menciona el caso de ``la banda de los Aguilar Mejía, últimamente cercana al PRD''.

``Mantiene vínculos estrechos con células armadas del EZLN, que operan en esa zona y con corrientes radicales de las organizaciones CNPI, CIOAC, ORCAO.

``Existe de parte de ellos la constante amenaza de secuestrar a ganaderos, pequeños propietarios, comerciantes y población de extracción oficial. Siguen saliendo de las comunidades cercanas familias que se sienten amenazadas por los Aguilar Mejía''.