Procede enjuicia a Figueroa, dice el anteproyecto de dictamen camaral

Oscar Camacho Guzmán Sí existen suficientes elementos jurídicos para que la Cámara de Diputados entable juicio político contra el gobernador de Guerrero con licencia indefinida, Rubén Figueroa Alcocer, según el anteproyecto de dictamen que se presentará la semana próxima a las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de ese órgano legislativo.

De acuerdo con el texto del anteproyecto, elaborado por el secretario de la Comisión de Justicia, el diputado panista Alejandro Zapata Perogordo, hay suficientes elementos para enjuiciar políticamente a Figueroa, ``por su presunta responsabilidad en la violación de garantías individuales y derechos públicos fundamentales'' relacionados con el caso Aguas Blancas.

Entrevistado en sus oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro, Zapata Perogordo dio a conocer a La Jornada las conclusiones que integrarán el dictamen final, el cual estará listo la semana entrante, y cuyo cuerpo de considerandos fundamentales ya tiene estructurado en un anteproyecto.

Zapata Perogordo fue acreditado por las comisiones unidas de Gobernación y Justicia para elaborar el proyecto de dictamen a la solicitud de juicio político en contra de Figueroa Alcocer, que en diversos momentos presentaron las fracciones del PRD y del PAN.

En su calidad de redactor acreditado, ya elaboró un anteproyecto basado en la documentación que presentaron las partes demandantes y en el cual se tomó en cuenta de igual forma el informe que turnó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Cámara de Diputados sobre el caso Aguas Blancas.

En la entrevista, el diputado panista recordó que los fundamentos para abrir el proceso de juicio político en contra de Figueroa fueron dados a conocer desde noviembre pasado, cuando la fracción del PAN presentó un dictamen a la Subcomisión de Análisis Previo, en el que se exponían las razones y elementos suficientes que hacían suponer la presunta responsabilidad de Rubén Figueroa Alcocer.

En ese entonces explicó el diputado ``los priístas antepusieron una lealtad partidista y una lealtad hacia la persona de Figueroa por encima del estado de derecho, haciendo prevalecer la impunidad en contra de los intereses generales supremos de la nación, para evitar, precisamente, que se hiciera juicio político a Figueroa''.

Pero ahora agregó, ``hemos observados cómo muchos de los argumentos esgrimidos en ese entonces en el dictamen del PAN se robustecen con el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay una autoridad diferente que concluye en la misma situación'', indicó.

Zapata Perogordo explicó que para evitar verse influido por las conclusiones del dictamen que presentó el PAN en noviembre, ``en esta ocasión seguí un método diferente, empezando por otorgarle el beneficio de la duda a Figueroa. En esta ocasión no empecé por analizar si se vulneraban garantías individuales de manera grave; tampoco si había responsabilidad de Figueroa.

``En esta ocasión hice lo contrario: comencé por buscar si había alguna salida jurídica que eximiera de esa presunta responsabilidad o bien que no se hubiera dado esa violación grave de las garantías individuales. Es decir, jugándole un poquito al Maquiavelo. Pero la realidad es que no encontré ninguna salida que nos pueda llevar a concluir que no hubo presunta responsabilidad de Figueroa''.

Así, dijo, ``en el anteproyecto de dictamen se establece que no hay vuelta de hoja, que todos los caminos llevan a la conclusión de que Rubén Figueroa es presunto responsable de violación a las garantías individuales. Y todo esto visto estrictamente desde el punto de vista jurídico, reforzado con el informe de la Corte''.

Interrogado sobre la actitud que podrían asumir los priístas al conocer la conclusión de abrir juicio político contra Figueroa, indicó:``Si queremos que en México exista realmente un estado de derecho y leyes más justas, debemos empezar por su aplicación desde las propias instancias encargadas de hacer la ley, y aquí no hay más que una solución justa apegada a derecho y que permitirá el fortalecimiento de los poderes. La resolución contra Figueroa está estrictamente apegada a derecho.

``El partido oficial puede mayoritear, sí, pero sería un cinismo y una desvergenza que vaya a sobreponer de nueva cuenta su mayoría y con ello su lealtad partidista y a la persona antes que a los intereses generales de la nación''.

Reunión Lozano-PRD

Juan Manuel Venegas y Ciro Pérez Silva En el caso Aguas Blancas, existen ``divergencias fundamentales de criterio'' con el procurador Fernando Antonio Lozano Gracia, señaló el presidente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, luego de sostener una entrevista con el titular de la PGR.

Para el PRD dijo Muñoz Ledo ``hay razones fundadas para que se ejerza la acción de la justicia federal. Primero por el uso y acopio de armas restringidas, y segundo, porque el delito mayor no es el homicidio en este caso, sino que estamos hablando de genocidio y estamos subrayando, además, que de acuerdo con el artículo 364 del Código Penal Federal se violaron en este caso los derechos y las garantías que establece la Constitución''.

Sobre este punto, el Partido de la Revolución Democrática preparó un documento en el que expone las razones ``jurídicas'' que la PGR ``obvió o no consideró'' en el caso Aguas Blancas. El documento, que fue turnado al procurador Lozano Gracia, advierte que ``es falsa la realización del estudio que la Procuraduría hizo del expediente de la SCJN o se hizo con palmaria ineptitud o al realizarse, se ignoró de plano el Código Penal para toda la República en Materia de Fuero Federal''.

Hubiera bastado asegura el PRD ``familiarizarse con los puntos resolutivos del informe de la Corte para percatarse que su investigación resultó en prueba plena de la comisión de delitos federales'' y cita la fracción III del artículo 364 del mencionado Código, que a la letra dice:Se responsabiliza por la comisión de delitos federales ``al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos y garantías establecidos en la Constitución General de la República en favor de las personas''.

En su dictamen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en Aguas Blancas ``existió violación grave de las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos ocurridos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez'', y concluyó que ``de dicha violación resultan responsables Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, Antonio Alcocer Salazar'', entre otros ex funcionarios del gobierno de Guerrero.

Por otra parte, el PRD calificó de ``total incongruencia'' la solicitud de la Procuraduría General de la República al juez tercero de Distrito de Acapulco, para que ``sobreseyera (o desechara)'' el recurso de amparo perredista en contra del procurador de Justicia de Guerrero, quien también se ``autodeclaró incompetente'' para investigar el caso de Aguas Blancas.

``Yo no entiendo al procurador con estas actitudes, o bien, que nos diga a quién entonces tenemos que recurrir, porque nadie se quiere hacer cargo de la investigación'', puntualizó Muñoz Ledo para quien el hecho de que el presidente Ernesto Zedillo solicitara a la Suprema Corte asumiera el caso, ``es un reconocimiento de que se trata de un asunto del orden federal''.