Presenta El Barzón propuesta de 20 puntos sobre la cartera vencida No implicaría erogaciones de recursos, sino ``pagar lo justo''
Laura Gómez Flores y Roberto González Amador El Barzón propuso ayer un plan de 20 puntos para dar ``solución definitiva'' al problema de la cartera vencida bancaria. El planteamiento no implicaría un costo adicional en las finanzas públicas, tampoco pretende cancelar una parte de las deudas, sino que gira en torno a la idea de ``pagar lo justo''.
La propuesta que será entregada este viernes al presidente Ernesto Zedillo, a las autoridades financieras y a los banquerosparte de la consideración de que, como señaló Manuel Ortega, miembro de la dirigencia de El Barzón, los adeudos son ``moral y materialmente impagables''.Con la presentación del programa, dijo Juan José Quirino Salas, presidente nacional de El Barzón, el organismo de deudores deja atrás la bandera de la cartera vencida y se propone trabajar en la búsqueda de proyectos productivos, que a partir de un cambio en el modelo económico rescate al país de la recesión en que se encuentra.
Señaló que la propuesta está sujeta a discusión con las autoridades financieras, con los representantes de la banca privada y los miembros del Congreso de la Unión. ``Planteamos una salida de concordia y lo que nuestro programa pretende es beneficiar a los deudores y dar con una solución definitiva a las carteras vencidas, ante el fracaso de los planes de rescate bancario instrumentados hasta ahora, y que no han fructificado porque nunca nos tomaron en cuenta''. El Programa Nacional de Rescate Financiero de la Cartera Vencida fue elaborado por la firma de consultoría y cobranza Securities Auction Capital International (SAC), a través de un modelo dual que pondera el servicio de los créditos mediante un factor obtenido entre las tasas mayor y menor del mercado.
Durante la presentación del llamado Fideicomiso Dual, Manuel Ortega afirmó que la quiebra técnica de la banca es un hecho incontrovertible y el fantasma de la suspensión de pagos generalizado se cierne amenazante sobre todo el territorio nacional.El programa plantea ampliar la tregua judicial hasta seis meses después de constituido el fideicomiso, cuyos fondos se integrarán con parte de las reservas bancarias para coberturas de riesgos crediticios y el total de la cartera vencida reestructurada. Propone una actualización real del saldo de la deuda sobre la base del capital inicial sumando la tasa que se ha pagado a los ahorradores y seis puntos de intermediación que compensan los gastos de operación de la banca. El fideicomiso emitirá unos bonos que ingresarían al mercado de dinero. Dado el rendimiento de este mercado, el modelo propuesto ``actúa como un seguro contra el riesgo inflacionario resultando superior al modelo de las Unidades de Inversión''.
El plan incluye al 100 por ciento de los deudores y no sólo a segmentos, como por ejemplo el ADE. Según la mecánica planteada habría periodos de gracia en el pago de capital e intereses hasta por tres años para créditos agropecuarios e hipotecarios de interés social. El modelo permite quebrantos o castigos de forma casuística para empresas en quiebra o insolvencia total.Asimismo, se prevé que los plazos de amortización de pasivos contratados con la banca varíen de tres a 10 años y que sean pagados a plazos que podrían ser mensuales, bimestrales, semestrales o anuales, dependiendo del tipo de crédito. Estos abonos estarían congelados e incluso tenderían a reducirse en el tiempo y se les aplicaría una tasa real de 8.75 por ciento sobre saldos insolutos en todos los casos. Así, no habría capitalización de la inflación ni quitas de capital. Además de que la propuesta no implica ningún costo fiscal, como lo ha tenido el ADE, las garantías que los bancos mantienen sobre los préstamos se tasarían de uno a uno y el excedente sería devuelto a los deudores. La propuesta asegura que el fideicomiso será un elemento que tenderá a reactivar la economía y liberará a la banca del lastre de la cartera vencida para que pueda reiniciar operaciones de financiamiento. ``A los banqueros les garantiza la recuperación de sus inversiones y continuar sus operaciones de intermediación; a los deudores les permite el pago en condiciones flexibles y los vuelve sujetos de créditos; y al gobierno le evita todo cargo fiscal, le permite romper el nudo que le impide hoy el funcionamiento del sistema financiero y le hace posible atemperar la explosividad social del movimiento de los deudores''.