Procede la retroactividad de la ley en favor de Elorriaga y Entzin: Muñoz Ledo

Juan Manuel Venegas y Ciro Pérez Silva En un gesto que contribuiría a mantener los cauces del diálogo en Chiapas, la Procuraduría General de la República ``debería desistirse de la acción penal en contra de Javier Elorriaga y Sebastián Entzin, en la segunda instancia que es la apelación'', sugirió el presidente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo.

Luego de una reunión que la dirigencia de ese partido tuvo con el procurador Antonio Lozano Gracia, Muñoz Ledo explicó que la PGR ``sí es competente para remediar la injusticia de la sentencia, presentando al segundo Tribunal Unitario de circuito en Tuxtla Gutiérrez el sobreseimiento de la causa penal''.

Sin embargo, agregó, en la entrevista surgió una ``divergencia de criterios jurídicos'' entre Lozano y los perredistas, toda vez que estos consideran que los dos están protegidos por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, ``ya que la retroactividad puede invocarse cuando va en beneficio de las personas, y no en perjuicio''.

No obstante, indicó que Lozano se mostró ``abierto a que se aporten nuevos elementos para disolver los casos, que nos parecen bastante inventados'' en cuanto a las sentencias a 13 y 6 años de prisión que el juez Juan Manuel Alcántara dictó contra Elorriaga y Entzin, respectivamente.

Muñoz Ledo agregó que el PRD ``seguirá peleando por la aplicación de la ley de conciliación para Chiapas y, en todo caso, por su modificación, porque la peligrosidad de los delitos'' que se les imputa a los presuntos zapatistas ``no ha sido comprobada'' y se trata ``de un asunto de la mayor gravedad para el país''.

A la reunión con el procurador, además de Muñoz Ledo, asistieron otros miembros del CEN del PRD, entre ellos Amalia García, Mario Saucedo, Samuel del Villar y Gilberto López y Rivas, quienes le entregaron un documento en el que le piden ``reconsiderar'' su decisión de no asumir la investigación del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas; desistirse de la acción penal en contra de Elorriaga y Entzin, y acelerar la investigación del caso Tabasco y el gasto excesivo en la campaña del gobernador Roberto Madrazo Pintado.

En estos dos últimos casos, el documento contrapone las actuaciones de la PGR, ya que por un lado, procedió de inmediato a la detención de Elorriaga, aun ``cuando actuaba como puente de comunicación entre el titular del Ejecutivo y el EZLN'' y, por otro, ha mostrado ``una extraordinaria dilación en la integración y consignación de las averiguaciones previas 5057/DO/95 y 5058/DO/95 por la presunta disposición ilícita de más de 230 millones de pesos en la campaña de Madrazo''.

Respecto a las sentencias a Elorriaga y Entzin, el PRD critica a la PGR además, porque Gloria Benavides fue ``torturada para que firmase un testimonio falso y porque hay una declaración (la de Salvador Morales Garibay) no ratificada, a pesar de que el juez emitió seis notificaciones para el efecto''.

``Esta Procuraduría dice el textoes incompetente para remediar la situación determinada por la sentencia de un juez federal o para resolver la apelación interpuesta ante el segundo Tribunal Unitario de Circuito en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo sí es competente para remediar la injusticia provocada, presentando ante este tribunal el sobreseimiento de la causa penal'' que dio origen al proceso contra Elorriaga y Entzin.

Pronto, la respuesta de la PGR sobre el caso Tabasco Respecto al excesivo gasto en la campaña de Madrazo Pintado para la gubernatura de Tabasco, a decir de Muñoz Ledo, el procurador se ``comprometió a que en unas semanas habrá ya resultados de la investigación, mismos que serán dados a conocer públicamente''.

Según el perredista, ``el procurador nos informó que el proceso de investigación ha avanzado y está comprobada la totalidad de los gastos realizados por Madrazo y asciende a más de 230 millones de pesos, así como la veracidad de la documentación que presentamos y que acredita esos gastos''.

En estos momento agregó se están ``investigando el origen de esos recursos, para determinar si los delitos que se cometieron son del orden federal''.