Una y otra vez el gobierno federal ha ensayado la ruptura del diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es probable que en esta ocasión ya lo haya logrado. La sentencia en contra de Javier Elorriaga y de Sebastián Entzin por los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración, no fue una decisión aislada de un juez autónomo. La sentencia contra estos dos presuntos zapatistas es una pieza más en la estrategia gubernamental, que desde el punto de vista político y del militar encuentra en este mayo condiciones propicias.Al gobierno le convendría romper el diálogo de San Andrés o interrumpirlo y aplazar su reanudación hasta que los tiempos legislativos y las oportunidades de discusión nacional de la llamada reforma del Estado se agoten. En este sentido, parece haber estado trabajando hasta ahora la delegación gubernamental en la mesa sobre Democracia y Justicia, al negarse a participar y presentar contribuciones al tema del diálogo.

Al día siguiente de la sentencia del juez Juan Manuel Alcántara Moreno, entre contradicciones y errores de la PGR y la Secretaría de Gobernación, empezaron a manejarse posibles salidas ``al caso Elorriaga'': indulto, amnistía, etcétera, pero hasta ahora el único objetivo que parecen haber tenido esas declaraciones es crear expectativas suficientemente ``creíbles'' para disminuir la fuerza y la presión de las respuestas de la sociedad civil y dejar pasar el tiempo.

El Tribunal Unitario notificó a Elorriaga y a Entzin la aceptación de sus recursos de apelación contra la sentencia de Alcántara Moreno y ofreció emitir su fallo ``a finales de junio'' (09/05/96), lo cual puede significar que durante dos meses las condiciones de quienes fueron sentenciados no se modifiquen. Es precisamente en estos meses cuando se realizarían dos actividades fundamentales correspondientes al diálogo de San Andrés: el Foro Nacional sobre Democracia y Justicia, el 27 de mayo, y la tercera fase de la mesa 2 sobre el mismo tema, a partir del 5 de junio.

Estas, que parecen simples coincidencias, son razones suficientes para deducir que las decisiones gubernamentales así sean presentadas bajo el manto de la división de poderes o de la autonomía y el libre albedrío de un juez implican la interrupción del diálogo que desde hace un año se ha entablado con el EZLN.

La intención del gobierno de romper el diálogo no se advierte solamente por el significado político de la sentencia mencionada ni por el momento en que ésta se presentó sino también por las actividades militares, que no han cesado desde hace más de un año y que son contrarias al objetivo de la ley, que, como su nombre lo indica, tiene por objeto propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar la paz en Chiapas y en todo el país.

Mayo tiene su significado también desde el punto de vista militar, pues todavía las condiciones climáticas son favorables para una ofensiva de este tipo. Nadie en su sano juicio puede aceptar que un gobierno que se prepara para la paz, dispuesto a llegar a acuerdos mediante el diálogo y a transformar esos acuerdos en normas legales, se haya dedicado durante meses a establecer un cerco como el que describe el subcomandante Marcos en la excelente entrevista realizada por Juan Gelman y publicada en La Jornada (23/04/96). Los militares han establecido un cerco exterior por Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Tenosique y otro cerco interior, llamado teatro de operaciones, en el que se encuentran las grandes guarniciones, y está en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Ocosingo, Palenque y Marqués de Comillas. Además, tienen cercos tácticos en Guadalupe Tepeyac, La Providencia, San Quintín y La Soledad, en donde están ubicadas unidades operativas en las comunidades.

El EZLN recibió ``el hecho de la condena a los presuntos zapatistas como una clara señal de guerra'', según la Declaración del pasado 5 de mayo. Por su parte el gobierno federal respondió a la Declaración del EZLN amenazando con el reinicio de la acción penal contra éste, si se interrumpe el diálogo. Por las vías política y militar, el gobierno federal ha creado las condiciones para romper el diálogo, por lo que los mensajes que diferentes voceros han dado a conocer acerca del interés por encontrar una ``solución al caso Elorriaga'' sólo tendrán sentido cuando los presuntos zapatistas estén libres.