La senadora Hutchinson seguramente desconoce por completo la historia, las más de las veces trágica, de la lucha por el dominio del petróleo entre los países productores y los grandes importadores del mercado internacional, así como los poderosos especuladores que compran y venden un embarque de petróleo por medio de sofisticados programas de cómputodoce o quince veces, mientras van en ruta los buques-tanques de puerto a puerto.

Un ejemplo de los fuertes intereses que se mueven tanto en las esferas de poder económico como político, es el cártel de Irán, cuando en 1951, las propiedades de la Anglo Iranian Co. (AICO) fueron nacionalizadas por el gobierno iraní, cuyo primer ministro era Mohammed Mossadeg. El 4 de julio de 1952 se reunieron en Washington, con el secretario de Estado Dean Acheson, el embajador británico Oliver Franks y Haverell Harriman para analizar los factores que estaban determinando la actitud de los iraníes, además de los de índole estrictamente económica.

En pocas palabras, lo que el gobierno de ese país reclamaba era una mayor participación en la explotación de su petróleo para quedar en los mismos términos que entonces estaban vigentes entre las compañías americanas que explotaban los yacimientos de Venezuela y Arabia Saudita y sus gobiernos, los que recibían una participación del 50 por ciento. La AICO no aceptó esta propuesta y el gobierno de Irán procedió a la expropiación.

A pesar de las consideraciones políticas que se hicieron en esta insólita reunión, en la que se reconoció que estaba pesando mucho el mal ambiente que tenían entonces en Irán, no solamente la AICO sino también los ingleses en general, y de la recomendación de llegar a un acuerdo con el gobierno iraní, la AICO se negó a aceptarlo y las grandes trasnacionales norteamericanas se solidarizaron con ésta, emplazando un boicot mundial al petróleo iraní con características de embargo, provocando una crisis financiera que a su vez desencadenó la inestabilidad interna en Irán y que desembocó en el derrocamiento de Mossadeg en 1953.

Hasta entonces, México había sido el único país que pudo realizar con éxito la nacionalización del petróleo, a pesar del poder político y económico que las trasnacionales petroleras habían desarrollado, primero como entidades específicas y luego como cárteles internacionales, que es como opera actualmente.

Todo esto nos obliga a los mexicanos de esta generación a recordar que los asuntos relativos al petróleo y sus derivados, sean petrolíferos o petroquímicos, no son solamente materia del comercio internacional o de los bienes comerciables, que se tratan de una u otra manera en el TLC, sino que se distinguen como temas de mucho mayor complejidad, que no son propios para tratarse en una reunión interparlamentaria, en la cual, por cierto, ni se encontraban presentes especialistas en estas materias ni el asunto estaba incluido en la agenda, pues se trataban cuestiones de carácter legislativo, como corresponde a una reunión integrada por miembros de los congresos de México y de Estados Unidos.

La delegación mexicana, encabezada por el diputado Humberto Roque Villanueva, dio una respuesta atinada a la ocurrencia de la senadora texana, pero no hay que pasar por alto ni olvidar las lecciones de otros tiempos y de otros países, lo mismo que en el nuestro, desde 1938 hasta la fecha.

También llama la atención la actitud de la senadora Hutchinson, cuando atribuye como causa de los problemas económicos de México ``las políticas socialistas y estatizantes aplicadas durante muchos años'', pues esto nos sugiere un resurgimiento del macartismo de los años 50, que esta vez parece enderezarse en contra de quienes sostenemos precisamente lo contrario: que solamente fortaleciendo la soberanía nacional de nuestro país y la soberanía popular del pueblo mexicano se pueden dar las condiciones sólidas para superar las crisis por la que actualmente estamos transitando.

Hablamos lisa y llanamente de nacionalismo y de soberanía popular, así como de respetar el artículo 27 de nuestra carta magna, y de ninguna manera de un asunto que pudiera ventilarse simplemente en las esferas del gobierno o del comercio internacional, tampoco dentro de la agenda de una de las XXXV reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, hasta hoy realizadas, cuyos propósitos y alcances son muy diferentes.

En todo caso, lo menos que se puede decir es que la reunión carecía de facultades para discutir, entre ambas delegaciones, materias que podrían afectar a la soberanía nacional de México y, por lo tanto, solamente a los mexicanos nos corresponde tratar. Es un asunto que corresponde al Estado tutelar y al pueblo de México decidir. El referéndum del cual se esta hablando en los medios legislativos puede ser una figura jurídica muy adecuada como vía para este objeto.