Un embargo decretado por el primer mercado del mundo en contra de un país menos desarrollado equivale, por sus efectos, a una verdadera agresión económica, ya que destroza todo un sector productivo y lo deja postrado durante un largo lapso, sin posibilidad de recuperación inmediata ni siquiera en el caso fortuito de que el boicot en cuestión sea levantado.

Un caso concreto es el de la industria atunera (que está en profunda crisis desde hace cinco años) pero otros embargos han afectado igualmente al jitomate o al aguacate, para citar sólo productos agrícolas. En efecto, la pérdida del principal mercado de exportación de nuestro atún, no fue compensada por el desarrollo equivalente del mercado interno ni por un crecimiento de otros destinos alternativos. Además, desgraciadamente se produjo en plena crisis de la economía nacional, lo que redujo el consumo de alimentos y dejó al túnido mexicano fuera de otros mercados debido a la incertidumbre en lo que respecta a los precios.

Los barcos inutilizados o sin mantenimiento se herrumbran y muchos de ellos serán irrecuperables, mientras que las cooperativas golpeadas también por el alza usuraria de los créditos no pueden hacer frente a la crisis aumentando la productividad y rebajando sus costos y se desbaratan irremisiblemente.

Asimismo, la supuesta protección del ambiente (el embargo fue decretado en nombre de la protección de los delfines que caían en las redes atuneras, pero se mantiene a pesar de que las nuevas técnicas prácticamente ya eliminaron ese problema) ha llevado a la destrucción del ambiente físico y social en México, debido a la degradación de los puertos y localidades pesqueras, golpeados por la miseria.

Según cálculos oficiales, los costos sociales y materiales de esta agresión (desocupación, emigraciones, pérdida de instalaciones y medios de producción) sólo podrán ser recuperados al cabo de muchos años de nuevos esfuerzos. Para colmo, esta destrucción no es sino la consecuencia de un proteccionismo que choca abiertamente con la letra y el espíritu del Tratado de Libre Comercio (TLC) pero que responde a los intereses de poderosos grupos económicos estadunidenses, cuyo peso político aumenta en épocas preelectorales.

Consuela a este respecto saber que los legisladores mexicanos y canadienses están analizando una acción común contra ésta y otras violaciones al TLC. Sin embargo, resulta amargamente irónico el que se deba llegar a esta actitud defensiva en el mismo momento en que Estados Unidos protesta ante la Unión Europea por el problema del proteccionismo cerealero y ante China por el de la propiedad intelectual, mostrando que en esta espinosa cuestión se aplica la ley del más fuerte y existen evidentemente dos varas y dos medidas.

Los plenos de las cámaras de Representantes de Estados Unidos, deben aún ratificar la decisión del Comité para los Recursos Naturales, de los diputados de ese país, de levantar el injusto y dañino embargo atunero. No sería hora de que lo hicieran y, además, de que Estados Unidos indemnizase a México por el daño causado a raíz de esta medida y por la demora en anularla?