La sentencia por ``terrorismo, rebelión y conspiración'' a Javier Elorriaga y Sebastián Entzin fue, o un acto de extraña astucia estatal, o una acción de torpeza inaudita de los altos operadores políticos del gobierno mexicano; en primer lugar, el secretario de Gobernación. En todo caso, fue una medida irresponsable, pues estropea las negociaciones en San Andrés Sacam'chen y aumenta los riesgos para la paz.

No fue, pese a que así lo juren el secretario de Gobernación, el procurador Antonio Lozano Gracia, o el jefe de los negociadores Antonio Bernal, una decisión judicial apegada a derecho de un distinguido representante de un poder independiente. Nadie puede creer, pues sobran razones para suponer lo contrario, que el juez Juan Manuel Alcántara haya decidido solo la sentencia, sin el conocimiento y la autorización de altos funcionarios del gobierno estatal y federal. Se trata del proceso penal más importante de los primeros años, y tal vez del sexenio del gobierno del doctor Zedillo; es un juicio de altísimo contenido político y la sentencia es elementaltendría consecuencias importantes y previsibles cualquiera fuera su sentido, sobre todo si fuera condenatoria.

El Poder Ejecutivo estaba interesado en los resultados del juicio. El es la parte acusadora. La acción de la que resultaron procesados Elorriaga, Entzin en la prisión de Cerro Hueco y otros muchos en otros lugares del país, fue anunciada por el propio presidente de la República, en vivo y en directo, por la televisión nacional el 9 de febrero de 1995. Es la Procuraduría la que presentó los cargos de terrorismo, rebelión y conspiración y la que argumentó, para probar esos delitos políticos, presentar ``pruebas'' y un testigo Salvador Morales Garibay quien quedó en un vulgar delator, pues nunca se presentó a ratificar su dicho ni para careos. El gobierno quería, trabajó, por una sentencia condenatoria, estaba interesado políticamente en ella. El juez Alcántara fue un instrumento consciente del que se valió el Ejecutivo para esos fines.Así ha sido en todos los juicios contra dirigentes políticos y sociales en los últimos cincuenta años. En el proceso a los dirigentes ferrocarrileros iniciado en marzo de 1959, tras reprimir una huelga legítima del sindicato de ferroviarios, el Poder Ejecutivo a través del procurador Fernando López Arias inventó una tortuosa historia de conspiraciones internacionales y hechos delictuosos concretos; procesó a decenas de dirigentes sindicales, acusó a Demetrio Vallejo y Valentín Campa de disolución social y los tuvo en prisión once años. El objetivo verdadero del gobierno fue derrotar al movimiento de insurgencia sindical; y los medios para conseguirlo: la represión policiaca y militar y un proceso judicial amañado.En 1968 cientos de dirigentes estudiantiles, magisteriales, y políticos comunistas sufrieron suerte semejante. Para aplastar al movimiento democrático representado por los estudiantes y lo más avanzado de la sociedad, el gobierno de Díaz Ordaz recurrió al terrorismo [de Estado] en la Plaza de las Tres Culturas, y un mostruoso proceso judicial de varios cientos de jóvenes y dirigentes comunistas. Se inventaron cargos, una conspiración ahora con sede en La Habana y se acudió a todo tipo de argucias legaloides. Los jueces, siempre sumisos, aceptaron incondicionalmente las acusaciones y dictaron absurdas sentencias.

En los casos de Elorriaga Verdegué y Sebastián Entzin tampoco se les han probado los cargos de terrorismo, conspiración y rebelión ni que son miembros del EZLN. Pero para el juez fue suficiente que la PGR hiciera las acusaciones para aceptarlas como verdaderas. Sin escrúpulo alguno, acepta la delación de Morales Garibay y la convierte en fundamento importante de su sentencia.

Una sentencia absolutoria, la única justa y apegada a la verdad y al derecho, hubiera terminado por demostrar lo aventurero e irresponsable de la campaña presidencial contra el EZLN en febrero de 1995. La movilización social y de opinión pública de ese mes obligó al gobierno a entrar por el camino de las negociaciones, pero siguió empeñado en llevar hasta el fin el juicio contra los acusados de zapatistas, terroristas y conspiradores. El gobierno necesitaba, quería, y trabajó por, una sentencia condenatoria para mantener su principio de autoridad y como medio para acosar al EZLN. Le tienen sin cuidado las aberraciones del fallo del juez, su carencia de fundamento y de certeza.Para cada día más amplios segmentos de la sociedad, de diversas posiciones políticas y enfoques ideológicos, esa conducta gubernamental es inadmisible. Empeñarse en ella es irresponsable, pues puede llevar al país, otra vez, al borde del abismo.