Se contradicen PGR-SRE sobre la presunta red de pornografía infantil

David Aponte y Juan Manuel Venegas La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitaron a las autoridades de Estados Unidos ``toda la información que puedan aportar'' respecto de la red de distribución de videos de pornografía infantil que, de acuerdo con las pesquisas del Buró Federal de Investigaciones (FBI), tenía su mayor centro de producción en México.

Al respecto, la PGR indicó que desde hace tiempo dispone de elementos ``sobre la operación de diversas personas y organizaciones que laboran en la industria de la pornografía infantil'', por lo que designó a un ``grupo especial de investigadores'' para llevar a cabo nuevas indagatorias (con los datos que proporcionen los estadunidenes) y ``cotejarlas con la información con que cuenta ya la procuraduría''.

La dependencia informó, además, que desde ayer empezó a recibir la información respecto de las 45 personas que han sido detenidas por el FBI en relación con el caso de los videos con pornografía infantil, para cuya elaboración eran utilizados, al parecer, niños mexicanos de entre siete y once años de edad.

A pesar del gran número de personas detenidas por las autoridades estadunidenses, la PRG presume que, en la red de producción de estos videos en México, participan otras muchas personas, por lo que la dependencia se comprometió a ``llevar a cabo, con prontitud, todas las diligencias para poner ante la justicia a quienes realizan tan condenable crimen''.La información de la PGR en la que asegura tener información sobre la producción de pronografía infantil en nuestro país, se contrapone con lo dicho por el consultor jurídico de la SRE, Miguel Angel González Félix, quien afirmó que el gobierno de México no tiene pruebas o casos específicos de tráfico de menores vinculado con la red de producción de videos de pornografía infantil.

Incluso, dijo que, en caso de que la PGR presentara alguna evidencia, la Cancillería activaría la red internacional de recuperación de infantes.

El embajador mencionó que esa dependencia tiene a su cargo sólo tres casos de robo de niños mexicanos que los han llevado al exterior, y ninguno de ellos está relacionado con el hallazgo de una banda criminal que producía películas pornográficas en México con infantes de siete a 11 años de edad.

Entrevistado en su despacho de la SRE, el funcionario dijo que existen controles muy severos a nivel interno para evitar el traslado de menores hacia otros países y el tráfico internacional a ``nivel clandestino'', los cuales no existían hace 10 años. Por ejemplo, las autoridades mexicanas poseen un sistema de adopciones, vigilado por el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y la propia SRE, que permite detectar cualquier ``adopción ficticia''.

Bajo este esquema, las familias extranjeras y los menores mexicanos adoptados tienen que ser visitados por funcionarios consulares con cierta periodicidad. De tal manera que los cónsules tienen conocimiento de dónde viven los niños.

Adicionalmente, hay una gran restricción para el otorgamiento de pasaportes a menores de edad. Los padres tienen que acudir a las oficinas de la Cancillería para obtener el documento, con el objetivo de evitar la sustracción y traslado de los infantes al exterior de la República mexicana.

El diplomático comentó que también existe la Convención de La Haya para Evitar la Sustracción Ilícita de Menores, signada por alrededor de 30 países, lo que permite acelerar la recuperación y retorno de los infantes en un periodo relativamente corto y mediante un proceso de carácter administrativo. Sin el convenio internacional, pasaban de dos a tres años antes del traslado, indicó.

Al respecto, dio a conocer que la SRE lleva poco más de mil casos de esta naturaleza: 500 niños mexicanos que fueron llevados al exterior y otros 500 extranjeros que trajeron a México. La consultoría jurídica de la dependencia resuelve unos 50 casos por año de menores que fueron sustraídos y trasladados a otras naciones, principalmente por alguno de sus padres.

``Eso nos da un control y un orden a nivel internacional. Puede haber situaciones en el país, pero en la parte internacional hay todo un control'', añadió.

González Félix dijo que hasta ahora no hay ningún indicio de que los casos detectados en México de robo de menores tengan algún ingrediente de carácter internacional. ``En el caso de la pornografía, hasta el momento, lo que se ha dicho es que se grabaron en México, pero no que se sacaron a los menores (del país). No tenemos ningún indicio hasta el momento.``Si lo hubiera, podemos hacer uso de las dos redes: consular y la de autoridades centrales. Si la PGR o alguna procuraduría estatal nos dijera que hay algún rastro de que algún menor pudiera estar en el extranjero, tenemos cómo seguirlo de manera muy eficiente. Y en el caso de algunas personas detenidas por robo de infantes, si hubiera cualquier vestigio de que uno de los menores estuviera en el exterior, podemos movilizar de inmediato la red. No tenemos ninguna evidencia al respecto. Por la información que tenemos, podemos decir que las ventas se habían hecho en el interior de la República'', manifestó.

De acuerdo con reportes de prensa y de autoridades policiacas de Estados Unidos, la empresa detectada como responsable de vender los videos acumulaba ingresos semanales por 10 mil dólares, y cada cinta tenía un costo de entre 50 y 290 dólares, de acuerdo con su contenido.El embajador González Félix aseguró que el tráfico de menores mexicanos a nivel internacional es prácticamente nulo, por la serie de mecanismos legales establecidos entre 1982 y 1985. Incluso, añadió que la SRE, la Secretaría de Gobernación y otras oficinas del Ejecutivo federal elaboraron un capítulo de adopción internacional que será presentado en breve al Congreso de la Unión para tener un mecanismo más seguro de las adopciones autorizadas por las entidades de la federación.

Denuncian posible tráfico de infantes en Baja California

Antonio Heras Mexicali, BC, 10 de mayo Un posible tráfico de infantes fue denunciado ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Comun en Delitos Patrimoniales, por el Registro Civil de Mexicali.

El oficial mayor del Registro Civil, Rubén Ernesto Armenta, señaló que la norteamericana Celia Fritchman Ornelas, con domicilio en 12937 3rdf st. Yucaipa, California, presentó documentación apócrifa al solicitar el registro de nacimiento de unas gemelas.

Tras la revisión de documentos y percatarse de que la edad de la supuesta madre era de unos 40 años de edad, se procedió a investigar sobre el alumbramiento de las pequeñas.

A pesar de la expedición de una ``constancia de nacimiento'' del hospital Centro Quirúrgico del Valle, con fecha 27 de febrero de 1996, se solicitó que los servicios médicos legales certificaran el parto.

Desde el inicio de las indagaciones, Fritchman Ornelas desapareció y no volvió a seguir con el procedimiento de registro de las niñas recién nacidas, desconociéndose su paradero.

Frithman Ornelas manifestó ante la suboficial Sylvia Báez Navarrete que tuvo a las niñas en Mexicali porque, al visitar a una hermana en esta ciudad, se le adelantó el parto y tuvo que ser atendida en el citado hospital.

El funcionario municipal señaló las notorias evasivas de la mujer, quien no pudo comprobar que las pequeñas gemelas eran sus hijas.