Para Lozano, Aguas Blancas es caso cerrado: fuentes de la PGR

Juan Manuel Venegas En la reunión sostenida entre Antonio Lozano Gracia y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática quedó clara la posición del titular de la Procuraduría General de la República (PGR): para esta institución el caso de Aguas Blancas ``está completamente cerrado''.

Según trascendió, se analizaron cada uno de los argumentos expuestos por el PRD. La PGR, por su parte, presentó el resultado del análisis realizado al expediente de la investigación, efectuada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Aun cuando se ``valoró'' la conclusión de los ministros de que el gobernador guerrerense con licencia Rubén Figueroa Alcocer y varios de sus colaboradores cometieron ``serias violaciones a las garantías'' constitucionales, Lozano Gracia y sus colaboradores insistieron en que los delitos cometidos allí ``no corresponden al fuero federal''.

Un funcionario de la Procuraduría consultado sobre la reunión PGR-PRD indicó que la decisión de la dependencia va más allá de la eventual conclusión del Congreso de la Unión de someter a juicio político a Figueroa Alcocer.

``Es más, la decisión de la PGR de turnar el caso Aguas Blancas a la Procuraduría de Justicia de Guerrero se hizo sin que se conociera la posibilidad del juicio político'' al mandatario con permiso.

El mismo funcionario aseguró que se puso especial énfasis en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en los dictámenes solicitados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que integraron la comisión investigadora y, ``haciendo un análisis muy cuidadoso y responsable de este material'', se concluyó que efectivamente se cometieron ``diversos delitos en los acontecimientos, que corresponde investigar a las autoridades competentes, en este caso las del estado de Guerrero''.

Respecto del documento que presentó la dirigencia perredista, en el que asegura que el hecho de que el presidente Ernesto Zedillo haya pedido la intervención de la Suprema Corte de Justicia es el reconocimiento de que los delitos en Aguas Blancas son del fuero federal, el funcionario explicó que la solicitud del Ejecutivo ``nada tiene que ver con la tipificación de los presuntos delitos''.

Abundó: En este caso, el Ejecutivo pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ``reabriera un expediente'' que había sido ``cerrado por otra instancia (la fiscalía investigadora que encabezó Oscar Varela Vidales), pero ello no significaba que automáticamente la PGR ejerciera la atracción de las pesquisas.

En este caso, la Suprema Corte dictaminó que se habían cometido diversos delitos y que correspondía una nueva investigación'' de los hechos.

El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha respetado y corresponderá ahora a la Procuraduría de Justicia de Guerrero llevar a cabo las investigaciones pertinentes, tomando en cuenta ``indudablemente'' las consideraciones de los magistrados de la Suprema Corte en cuanto a los presuntos responsables de los delitos.