El repudio generalizado de la sociedad civil hacia las infames y absurdas condenas emitidas encontra de Sebastián Entzin y Javier Elorriaga está presente en las enérgicas y múltiples protestas de indígenas, de trabajadores y de ciudadanos de todo el país, al igual que en los artículos, reportes y caricaturas de éste y otros diarios; a ellas me sumo, como ciudadano y como miembro de la Coordinación de Alianza Cívica, con quien comparto la preocupación de que este hecho ponga en riesgo el proceso de diálogo para la paz, exigido por la sociedad mexicana a través de la consulta nacional de agosto de 1995, en la que un millón 266 mil ciudadanos acudieron a manifestar con su voto, la relevancia que tiene para ellos el movimiento zapatista.El absurdo de las contradicciones jurídicas en las que se basó el juez para dictar sus sentencias, ha sido discutido y denunciado públicamente, al igual que la actitud perfectamente definida del gobierno, de descargar el castigo enérgico contra el ciudadano común, mientras se perdona y protege a los asesinos y la ladrones que forman parte de la pandilla en el poder. Poco podemos agregar a lo ya argumentado, pero es importante subrayar un hecho específico y grave: La detención de Elorriaga primero y la condena después de Entzin y del mismo Elorriaga, están sustentadas en el supuesto testimonio de un testigo oculto o fantasma presentado a escondidas ante el juez (puesto que en la realidad nadie lo ha visto), estableciendo así el antecedente de las nuevas leyes de ``Seguridad'', según las cuales, cualquier ciudadano puede ser detenido (y muy probablemente torturado según la costumbre) para luego ser juzgado y condenado por supuestos crímenes, sin necesidad de que las autoridades tengan que ofrecer públicamente pruebas ni testigos para sustentar sus acusaciones. Aunque la argumentación para aprobar estas leyes se ha sustentado en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, una vez aprobadas se podrán utilizar indiscriminadamente, allanando el camino para el fascismo y para la aplicación sistemática del terror, tal como lo conocieron los argentinos y los chilenos durante la década de los setentas.

La gravedad de las condiciones políticas y sociales que vive el país, nos obliga a estar atentos a todo lo que hoy sucede, y si las intenciones del grupo gobernante son otras distintas a las que aquí mencionamos, bien harían en hacerlo saber a la sociedad, dejando en libertad a Elorriaga y a Entzin para terminar la absurda comedia de las equivocaciones que hoy nos han vuelto a presentar.

El asunto tiene especial importancia, ante las condiciones de descontento social y las articulaciones que hoy se gestan en la sociedad civil, para iniciar acciones de resistencia civil orientadas a detener los daños causados por la política económica, los abusos de las autoridades federales, estatales y locales.

En las últimas semanas he tenido ocasión de conocer del trabajo que realizan grupos locales de Alianza Cívica en diversos municipios y comunidades del país, para denunciar las acciones de los gobiernos y autoridades municipales. Tal es el caso de Dolores Hidalgo, en Guanajuato; de Ocotlán, en Jalisco, y de Colima en las que las amenazas hacia los miembros de Alianza Cívica son cada vez más frecuentes, siguiendo pautas de lo que pasa en otros municipios de Morelos, Guerrero, Oaxaca y, desde luego, Chiapas.

Las lecciones recientes están mostrando que la única forma de impedir la destrucción de nuestro país y de sus instituciones está en las acciones firmes y organizadas de la sociedad civil, que actuando dentro del cauce de las leyes han mostrado que la ilegitimidad está entre quienes dirigen el gobierno; tales son los casos de Aguas Blancas, en Guerrero; de Chiapas; del Sutaur y Ruta 100 en el D.F.; de Tabasco, y ahora de Elorriaga y Entzin, nuevamente en Chiapas. Quizás lo que hace falta es que la sociedad civil, establezca un proceso para enjuiciar a sus gobernantes, en la medida que todos los caminos de diálogo parecen estar cerrados, o abiertos a medias y sin mayor compromiso.